Las intervenciones simultáneas realizadas en la madrugada del miércoles último evidenciaron que los delincuentes han tomado de hecho el control de las principales penitenciarías del país. Parece que allí solo mandan ellos y que los directores y los guardiacárceles renunciaron a su poder disciplinario, por timoratos o por corruptos. Los reclusos hacen lo que se les antoja, hasta el punto de que el 16 de junio perpetraron una gran masacre en el penal de San Pedro de Ycuamandyyú en el marco de un conflicto entre bandas, y de que el 20 de agosto impidieron que agentes policiales ingresaran a un pabellón del de Tacumbú, desde donde se chantajeaba vía telefónica. En ambos casos estuvieron implicados miembros de la organización criminal brasileña Primer Comando da Capital (PCC), que ya cuenta con numerosos “soldados” paraguayos y aplican en nuestro país los métodos que les permiten apoderarse de las prisiones brasileñas. No debería sorprender que en un futuro cercano surjan también aquí sangrientas disputas carcelarias entre el PCC y la organización rival Comando Vermelho, alentadas por la notable permisividad reinante. Un cuaderno hallado en la cárcel de Pedro Juan Caballero, donde están recluidos integrantes del PCC, contenía un croquis diseñado para una probable fuga con ayuda del mundo exterior, con el que estaban en “libre comunicación”.
Sin duda alguna, las autoridades y los agentes penitenciarios son incapaces de enfrentar los motines que pueden desatar estos poderosos grupos criminales. Su falta de idoneidad y su desinterés son de conocimiento público, tanto que hasta se ha sugerido la absurda idea de montar retenes militares para sofocar eventuales revueltas carcelarias. Las armas blancas, los teléfonos móviles, los notebooks, la cocaína y las bebidas alcohólicas recién incautados no fueron acumulados de la noche a la mañana, sino a lo largo de los meses o hasta de los años. En la última intervención se requisó hasta un aparato de pos, lo que da una idea de la liberalidad de los negocios que se manejan desde estos lugares.
Si las ocasionales requisas no sirven para impedir los negocios o el constante tráfico de instrumentos o sustancias nocivas es porque los detenidos suelen operar con la misma libertad que tuvo un narcotraficante colombiano, en la prisión capitalina, para contar con todo un dispositivo de cobro de tarjetas de crédito y débito.
El ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, descubrió la pólvora al afirmar que los funcionarios permitieron el ingreso de los objetos incautados. “Hay falencias en el sistema y tenemos que trabajar con la infraestructura y también con el personal”, agregó. Como los trabajos demandarán algún tiempo, suponiendo que sean realizados, las actividades “normales” de los delincuentes se habrán reiniciado solo horas después de concluidas las revisiones de las celdas, y seguirán hasta la próxima vez que las fuerzas policiales vuelvan a recoger materiales diversos, introducidos o fabricados en el lugar.
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El dinero sucio es amo y señor en el sistema penitenciario y en sus instalaciones se planifican y hasta se cometen delitos. Los lujos que el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão tuvo en su “celda” de Tacumbú, con el consentimiento de los responsables del penal, son quizá un caso extremo, pero es proverbial que los “presos vip” no están sometidos a las condiciones inhumanas que afectan a la mayoría de los encarcelados. Claro que la agradable estadía no es gratuita y que en las prisiones todo tiene un precio muy superior al del mercado, debido a que el “arancel” es bastante elevado. Los grupos mafiosos allí representados tienen la fuerza bruta y el poder económico suficientes para imponer su dominio, ante la complicidad, la desidia o la ineptitud de los agentes estatales.
En el amplio operativo mencionado no intervinieron agentes fiscales, sino directores y guardiacárceles de los diversos reclusorios. En el intento frustrado en Tacumbú por los propios delincuentes, hace diez días, los funcionarios del Ministerio de Justicia habían sido excluidos por el Ministerio Público para evitar filtraciones. La exclusión de los fiscales en esta ocasión obedecería a que no se investigaba la comisión de algún delito, pero es presumible que el Ministerio de Justicia haya pretendido lavar su imagen tras la matanza registrada en la prisión de San Pedro de Ycuamandyyú, cuyo director había otorgado privilegios a narcotraficantes condenados. Quienes sirven en el sistema penitenciario deben ganarse la confianza no solo del Ministerio Público, sino también de la ciudadanía en general. Todo indica que allí se fraguan y hasta se ejecutan hechos punibles gracias a la connivencia entre funcionarios y delincuentes, de modo que resulta irrisorio aquello de que “las penas privativas de libertad tendrán por objeto la rehabilitación de los condenados y la protección de la sociedad”, según reza la Constitución.
Los condenados, así como quienes están en prisión preventiva, no son rehabilitados, sino que aumentan su capacidad delictiva, en tanto que la sociedad está expuesta a extorsiones cometidas desde detrás de las rejas. No es ningún secreto que incluso desde la prisión es posible seguir dirigiendo el narcotráfico, gracias también a la telefonía móvil. También es letra muerta la norma constitucional de que “la reclusión de las personas detenidas se hará en lugares diferentes a los destinados a quienes purguen condena”. En nuestras cárceles, los condenados y aquellos que aún gozan de la presunción de inocencia comparten los mismos espacios, por lo demás muy reducidos e inadecuados: la capacidad real del sistema penitenciario en todo el país es de 4.310 personas, pero hay más de 14.500 reclusos, entre hombres y mujeres. El ministro Ríos habló de “trabajar con la infraestructura” y aquí hay muchísimo que hacer, lo mismo que en la depuración y la formación del personal penitenciario. Pero ese es un cuento que ya se escuchó en todas las administraciones de Gobierno. No ha pasado absolutamente nada, salvo más corrupción. Se tuvo conocimiento hasta de una “cárcel fantasma”: se gastó el dinero, pero no hubo ninguna nueva cárcel.
Tal como están las cosas, vale repetir lo dicho en nuestro editorial del último 18 de mayo: “No esperar a que explote el polvorín de las cárceles”.