Las Cumbres de Poderes se volverán tan frecuentes como las declaraciones de “estado de emergencia” o las consabidas “mesas de trabajo” instaladas en un nivel inferior, para dar la impresión de que se pretende resolver, con toda seriedad, un asunto de interés general. Fue lo que pretendieron el Presidente de la República, el del Congreso y el de la Corte Suprema de Justicia, cuando el 22 de julio se reunieron para buscar cómo controlar el gasto público, respondiendo a un pedido del empresariado. En aquella ocasión, el doctor Eugenio Jiménez Rolón informó que el Poder Judicial iba a eliminar gastos superfluos por un valor de 13.000 millones de guaraníes. Pero, ¡oh sorpresa!, semanas después presentó un anteproyecto de Presupuesto que prevé un aumento de 258.000 millones de guaraníes, de los cuales 152.000 millones corresponden a mayores ingresos para funcionarios y magistrados.
Esta vez, la Cumbre fue sugerida por el presidente del Congreso, Blas Llano (PLRA), y ampliada con la participación del presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana (ANR), lo que hace temer que la próxima vez también intervengan el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez –quien está en todas–, y el de la Corte, Luis María Benítez Riera. Sin duda, los temas que iban a abordarse –lucha contra la pobreza, combate frontal contra la inseguridad, política de empleo juvenil, austeridad presupuestaria y política de Estado sobre las entidades binacionales– eran de enorme relevancia, gran parte de los cuales podrían haber tenido ya respuesta si cada Poder del Estado se abocara al fiel ejercicio de sus respectivas competencias. Teniendo cada uno de ellos funciones tan disímiles y hasta ajenos a algunos de los temas de la agenda, el encuentro dio la sensación de que fue más bien un “show” para la platea.
Al cabo de una hora y media de charla, los participantes no emitieron ningún documento y solo se supo que el único punto considerado fue el Presupuesto nacional, ya tratado en la otra reciente “Cumbre”. Se habría vuelto a convenir una “política de austeridad, sin aumentos para el sector público”. Lo nuevo sería que se haya acordado evitar que los ministros del Poder Ejecutivo pidan por su cuenta aumentos de sus respectivos Presupuestos, como si no lo impidiera el art. 18 de la Ley de Administración Financiera del Estado y como si ya no lo habían prohibido el presidente Abdo Benítez, el año pasado, y el ministro de Hacienda, Benigno López, hace unos días. El senador Blas Llano –vocero de la Cumbre– informó que se podría posponer el aumento salarial para los funcionarios judiciales, que se invitará a la sociedad civil a intervenir en el debate sobre el proyecto de Presupuesto y que las sesiones de la Comisión Bicameral del Presupuesto serán transmitidas en vivo por TV Cámara y por la televisión pública. ¿Hacía falta toda una Cumbre para que se tomen tales decisiones? Se resolvió repetir el show cada mes, de modo que la opinión pública debe prepararse para admirar a menudo a unos estadistas que dan claras muestras de su “entrega” al bien común.
Aparte de calificar el cónclave de interesante y provechoso, el presidente del Congreso dijo lo siguiente: “Coincidimos en que no queremos que sea una Cumbre más como las que se realizaron. Debería ser natural el diálogo entre los tres Poderes del Estado. Queremos que esta reunión se traslade a resultados concretos”. Precisamente, la que acaba de concluir fue un encuentro más. Así de simple. En cuanto al diálogo, las relaciones entre los Poderes están reguladas en el art. 3° de la Constitución, que habla de un “sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control”. Como el Presidente de la República ejerce un cargo uninominal, bien podría comprometer al Poder Ejecutivo, pero quienes encabezan el Congreso y la Corte, que son órganos colegiados, no pueden obligar al Legislativo ni al Judicial, respectivamente. Por cierto, de coordinar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo debe ocuparse el vicepresidente de la República, según el art. 239 de la Carta Magna.
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Estaba previsto que dos de los temas del diálogo en la exhibición brindada al público fueran la lucha contra la pobreza y la política de empleo juvenil. ¿Hubiera tenido mucho que aportar el Poder Judicial en estas cuestiones, más allá de otorgar seguridad jurídica a los inversores? Por lo demás, habiendo sido ya presentado el proyecto de ley del Presupuesto, ¿qué podía decir al respecto su presidente? Estas son las cosas que hacen que estos encuentros al más alto nivel no arrojen nunca resultado alguno.
Concluida la Cumbre, también el diputado Alliana creyó oportuno hablar del Presupuesto, para señalar la necesidad de respetar la Ley de Responsabilidad Fiscal y no aumentar los gastos superfluos. Ahora bien, su sensata opinión no compromete en modo alguno a sus colegas –por aquello de que no existen mandatos imperativos para ellos– de modo que no sería raro que algún director de ente o dirigente sindical de alguna empresa del Estado acuerde bajo la mesa con algún diputado o senador un aumento para sus “esforzados” compañeros, sin que el ministro de Hacienda se entere de la componenda.
Por supuesto, no se habló de la corrupción, de la impunidad de los “peces gordos”, de la tremenda morosidad judicial, del clientelismo de los parlamentarios, que son, entre otros, los verdaderos males que están corroyendo las bases morales, económicas y políticas de nuestro país. Para superar estas lacras no hacen falta “cumbres”, sino que cada una de las instituciones y cada uno de los funcionarios cumplan con sus obligaciones constitucionales y legales. Estos encuentros no servirán para asegurar un presupuesto más o menos equilibrado, o para erradicar la pobreza, la inseguridad y el desempleo juvenil, o para diseñar una minuciosa política de Estado en torno a las entidades binacionales. El show se ha montado tantas veces que ya no engaña a nadie, sino que ¡ya aburre a la platea!