El IPS es un antro de fraudes a los aportantes

El IPS presta a los asegurados un pésimo servicio. Eso ya no es una novedad, ya que es de larga data y es la consecuencia lógica de las ilicitudes que allí abundan y tienen que ver, en gran medida, con los procedimientos de contratación orientados a favorecer a los amigos de la casa. Los numerosos negocios sucios que han salido a la luz se suceden porque allí nadie es castigado por sus latrocinios ni por otros delitos, ya que, desde la época de la dictadura, esa institución, que se mantiene con el aporte de los asegurados, ha sido una productiva vaca lechera para las autoridades y para los empresarios sinvergüenzas que lucran a su costa. Como se ha podido constatar, los sobrecostos resultantes de las operaciones fraudulentas que allí se denuncian son lo suficientemente grandes como para alimentar a un ejército de ávidos comensales. Ese despojo a las arcas de la institución provoca las carencias que sufren los asegurados, sin que los responsables conozcan el rigor de la ley. Es de desear que la caída de un cielorraso de reciente construcción rompa la tradición de impunidad y tenga consecuencias penales.

El Instituto de Previsión Social (IPS) presta a los asegurados un pésimo servicio. Eso ya no es una novedad, ya que es de larga data y es la consecuencia lógica de las ilicitudes que allí abundan y que tienen que ver, en gran medida, con los procedimientos de contratación orientados para favorecer a los amigos de la casa. Los numerosos negocios sucios que han salido a la luz se suceden porque allí nadie es castigado por sus latrocinios ni por otros delitos, ya que, desde la época de la dictadura, esta institución, que se mantiene con el aporte de los asegurados, ha sido una productiva vaca lechera para las autoridades y para los empresarios sinvergüenzas que lucran a su costa.

Como se ha podido constatar, los sobrecostos resultantes de las operaciones fraudulentas que allí se denuncian son lo suficientemente grandes como para alimentar a un ejército de ávidos comensales. Ese despojo a las arcas de la institución provoca la falta de insumos y medicamentos, así como de instalaciones sanitarias adecuadas, sin que los responsables conozcan el rigor de la ley. En tal contexto, es preciso que la caída del cielorraso de reciente construcción en el Hospital Central rompa la tradición de impunidad y tenga consecuencias penales, pues todo indica que hubo al menos una negligencia culposa en la determinación de las especificaciones técnicas para readecuar y remodelar su infraestructura o en la ejecución y recepción de una parte de la obra pública adjudicada por un valor total de casi ¡30.000 millones de guaraníes! al Consorcio Sacramento, integrado por Constructora Eco S.A. y G.C.A. Servicio de Ingeniería Integral, que no presentó la oferta más baja.

En efecto, que el cielorraso del acceso principal se haya venido abajo luego de tres meses de haber sido colocado, siendo recibido a satisfacción por el IPS, cuyo director de Infraestructura es el Arq. Gustavo Masi, revela que alguien, en alguna fase del procedimiento, incurrió en el hecho punible previsto en el art. 204 del Código Penal, que tiene dos incisos: “1° El que con relación a actividades mercantiles o profesionales de construcción, e incumpliendo gravemente las exigencias del cuidado técnico, proyectara, construyera, modificara o derrumbara una obra construida y con ello peligrara la vida o la integridad física de otros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2° El que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa”. Felizmente, el pronto desplome, que ocurrió a las 15:00, no provocó víctimas entre los visitantes, pero es evidente que se puso en peligro su vida o su integridad física, debido a una evidente conducta culposa que el Ministerio Público debe investigar de inmediato. También es oportuno apuntar que el art. 41 de la Ley N° 1533/00 dispone que el contratista será responsable penal y civilmente por las deficiencias o variaciones comprobadas en la calidad de los materiales o en la obra, según sus especificaciones técnicas, y por los daños al órgano licitante o a terceros, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan.

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El presidente del Consejo de Administración del IPS, Andrés Gubetich, que espera recibir en los próximos dos días el informe de los peritos técnicos sobre la causa del siniestro, al menos ya sabe quién fue el fiscalizador que debió velar por la correcta ejecución de la obra. Por lo demás, conviene que esos expertos se ocupen de verificar la calidad de todas las construcciones realizadas, por el bien de los visitantes, de los pacientes y de los funcionarios del Hospital Central. No estaría de más que de ello también se ocupen la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, ejerciendo la facultad que le otorga el art. 71 de la Ley N° 2051/03, y la Contraloría General de la República, en virtud del art. 9° de su ley orgánica y funcional.

El actual titular del ente informó también que al asumir su cargo, el último 27 de agosto, pidió un reporte sobre la infraestructura hospitalaria para constatar las necesidades y que tomará “las medidas pertinentes” para que la “desgracia con suerte” no se repita en ningún lugar. Lamentablemente, ya sabemos que del dicho al hecho hay mucho trecho, y es de desear que la promesa del señor Gubetich de que tomará “las medidas pertinentes” no sea como aquellas hoy desprestigiadas de “cortar las manos a los ladrones” o de que “caiga quien caiga”, de nuestros últimos presidentes de la República.

Por su parte, la Arq. Mónica Benítez, representante del consorcio constructor, atribuyó la caída del cielorraso a que “el viento, que era muy fuerte, ingresó por una boca de inspección que se dejó abierta, y cuando el viento no tiene salida comienza a lastimar la estructura, que está súper reforzada”. No se trató de un huracán, por cierto, pues no hubo otros daños en los alrededores.

Puede mencionarse que los antecedentes de al menos una de las firmas consorciadas distan de ser impecables. En el ejercicio fiscal 2012, la Contraloría detectó un daño patrimonial de 2.500 millones de guaraníes en las obras ejecutadas por GCA en la planta alcoholera de Mauricio José Troche, debido a las sobrefacturaciones, a la falta de garantías de la obra y a los pésimos trabajos y equipos instalados. Valga el curioso dato de que las obras realizadas en el patio de compost quedaron inservibles también a solo tres meses de su inauguración e, igualmente, debido al viento. En 2016, dicha firma electromecánica integró el Consorcio Paraguarí, al que el Ministerio de Educación y Ciencias adjudicó un contrato por más de 30.600 millones de guaraníes para reparar escuelas. No tenía experiencia en la materia, como no la tuvo para remodelar y readecuar el Hospital Central del IPS, pese a que el pliego de bases y condiciones lo exige.

Lo que este episodio deja en claro es que la entidad previsional es un antro de fraudes a los asegurados, que continuará así mientras los responsables no vayan a parar a la cárcel y devuelvan el costo de los daños sufridos por los aportantes.

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