Los integrantes del grupo de ciudadanos organizados denominado “Itaipú ñane mba’e”, Cecilia Vuyk, José Antonio Galeano, Esteban Montanía y Juan Antonio Pozzo, solicitaron días atrás al canciller Antonio Rivas que se conforme ya una comisión negociadora –no simplemente asesora– para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú y la concomitante modificación del mismo. También hicieron cuestión de señalar que la misma debe estar integrada por personas patriotas y con integridad moral, que no estén involucradas en hechos de corrupción en las entidades binacionales o en negociaciones anteriores lesivas para nuestro país.
En el reciente escándalo del Acta Bilateral con el Brasil, el presidente Mario Abdo Benítez se vio obligado a una vergonzosa y precipitada reculada, tras revelarse que, por ese documento, el Paraguay no solo renunciaba a beneficios económicos obtenidos a favor de los consumidores nacionales de electricidad mediante acuerdos bilaterales de mutua conveniencia, sino que le dejaba expedito el camino a nuestro vecino para impedir que a partir del 2023 nuestro país asuma efectivamente la propiedad y administración paritaria de la usina binacional, como le corresponde por el Tratado.
Este presente griego astutamente embebido por Itamaraty en la fatídica Acta Bilateral, consagraba –el caso más grave, sin duda– mantener bajo control brasileño la administración de las aguas del embalse de la represa de Itaipú. Vale decir, la generación de 4.000 GWh, equivalente a un tercio del consumo anual de nuestro país en la actualidad. El embalse tiene la capacidad de alimentar a full a 18 de las 20 turbinas por un lapso de 15 días sin recibir ningún aporte de aguas arriba, cosa obviamente imposible de suceder, pero que da la pauta de la vital importancia de la utilización de las aguas del embalse, como es el caso de la administración de la usina de Salto Grande, igualitariamente compartida por Argentina y Uruguay, donde el prorrateo de la cantidad de energía que las comercializadoras de cada país planean retirar se hace semanalmente.
Ante la inadmisible doblez exhibida por el jefe de Estado y la falta de patriotismo de sus ministros y altos funcionarios de las binacionales –con la histórica excepción del expresidente de la ANDE, Ing. Pedro Ferreira, y otros técnicos de esa institución, como el Ing. Fabián Cáceres–, la ciudadanía tiene razón para sospechar de las verdaderas intenciones de nuestro Gobierno en cuanto a las futuras tratativas con el del Brasil de cara a la revisión y modificación del Anexo C del Tratado, previstas en el 2023.
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En medio de este preocupante panorama, el general (r) Juan Antonio Pozzo y sus compañeros de equipo tienen razón al reclamar al nuevo canciller de la República que, en vez de perder el tiempo en foros intrascendentes no vinculantes al meollo de la cuestión, cual es la definición de una estrategia de negociación, el Primer Mandatario baje una clara directiva al respecto al canciller nacional, y este a su vez a los integrantes del comité negociador para que el mismo se aboque a la tarea asignada por el Gobierno, o para interponer las objeciones. La desconfianza en la verdadera intención gubernamental con relación a las futuras negociaciones con Brasil en Itaipú se ve reforzada por la insólita convocatoria de algunos reconocidos antipatriotas –por no decir vendepatrias–, atendiendo sus actuaciones anteriores en las entidades binacionales, para conformar el grupo asesor. Esto, unido al secretismo que caracteriza a las más altas autoridades respecto de la cuestión, hace que aumente la inquietud de la gente acerca del delicado tema.
Los integrantes del grupo “Itaipú ñane mba’e” trasuntan esta preocupación ciudadana en un comunicado emitido, en el que consignan, con razón, que constituye un pésimo antecedente que en la comisión asesora integrada por el Gobierno aparezcan defensores de la funesta Acta Bilateral como también de las Notas Reversales firmadas en 2014 sobre Yacyretá, que conllevan verdaderas entregas de intereses de nuestro país en las usinas binacionales. “Urgimos la conformación (de la comisión negociadora) por personas patriotas, comprometidas con la soberanía nacional, que no estén vinculadas a hechos de corrupción o a conflictos de intereses”, expresaron.
La mencionada Cecilia Vuyk fue también contundente al señalar que “si seguimos haciendo lo mismo, con la dirección de la misma gente de siempre, que se benefició y beneficia de entregar nuestro país, ¿cómo vamos a esperar tener resultados diferentes?”. Agregó que “necesitamos cambiar este rumbo. Necesitamos personas patriotas y no vinculadas a ningún hecho de corrupción para llevar adelante este gran desafío”.
Así las cosas, no pasará mucho tiempo para que la ciudadanía se dé cuenta de si el presidente Abdo Benítez tiene propósito de enmienda en cuanto a impulsar una verdadera defensa de los intereses de la nación en Itaipú, o será maleable a los de nuestro socio, confiado en que su antecesor en el cargo volverá a darle una mano para salvarlo del juicio político y la destitución. Pero, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, posiblemente, una ciudadanía hastiada ya no permita que antipatriotas y vendepatrias continúen apuñalando a nuestro país.