El 4 de septiembre último, se realizó una Cumbre de Poderes, en la que se volvió a hablar de una “política de austeridad, sin aumentos para el sector público”. Uno de los asistentes fue el diputado Pedro Alliana (ANR), quien hoy preside la Cámara Baja, tal como ya lo había hecho en 2018. Días después del encuentro, se supo que el año anterior, un mes antes de dejar su cargo, había nombrado como funcionario de la Cámara que presidía a su cuñado Rodrigo Daniel Souto. En agosto último, de nuevo en la presidencia, duplicó de hecho el sueldo de su pariente político, que pasó a cobrar una doble bonificación por responsabilidad en el cargo, pese a desempeñarse como chofer. En total, está cobrando 13.200.000 guaraníes.
Por si el dato no baste para revelar la falsedad de los compromisos asumidos ante la ciudadanía y la persistencia del nepotismo parlamentario, acaba de revelarse que la diputada Esmérita Sánchez (PLRA) –denunciada en 2016 por estafar presuntamente a los alumnos de su universidad caaguaceña– logró este año que el IPS contrate a su hijo Federico Da Silva para trabajar en su Hospital Central. Antes había instalado a su hijo Fernando Da Silva como “asesor” en la “miniclínica” de la Cámara Baja, tras cuya eliminación fue trasladado al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En mayo pasado, Silvia Samaniego, hermana del diputado Esteban Samaniego (ANR), fue nombrada en la Entidad Binacional Yacyretá con un salario de 20 millones de guaraníes mensuales. De la mano de otro miembro del “clan Samaniego”, Arnaldo, recaló también en la Cámara de Diputados el presidente de la Seccional 15, Maximiliano Ayala, con un salario de más de 13 millones de guaraníes, sin que se tenga clara la función que realiza allí. Por su parte, la diputada Marlene Ocampos (ANR) ubicó el año pasado a su hija Evelyn Segovia Ocampos en la Cámara Baja, pero debió renunciar por las críticas que recibió. Por suerte para ella, no estuvo mucho tiempo sin un sueldo del Estado, ya que ahora recaló en el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH).
“Si empezamos a ser generosos y otorgamos ampliaciones a diestra y siniestra, vamos a perforar el Presupuesto 2020”, advierte ahora el presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, senador Silvio Ovelar (ANR). Debería comenzar por casa, pues la cuestión de la insuficiencia presupuestaria nunca les preocupó a los propios senadores y diputados a la hora de ir ubicando a su parentela y allegados, ni al conceder las ampliaciones que reclama la clientela.
Pero el dispendio se extiende a mayor escala en todo el aparato estatal, pese a las grandilocuentes promesas de controlar el gasto público. Valga como ejemplo que Petropar, “puenteando” al Ministerio de Hacienda y violando así la ley, ha solicitado directamente al Poder Legislativo una ampliación presupuestaria. Aún más, como ocurrió anteriormente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, habrían sido los sindicalistas del ente quienes obtuvieron de la Cámara Baja una reprogramación de 28.073 millones de guaraníes para el pago de bonificaciones y gratificaciones al personal.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Por su parte, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) pidió y obtuvo también de la Cámara Baja una ampliación presupuestaria por valor de 6.833 millones de guaraníes para el pago de gastos rígidos, de los cuales destinará 2.700 millones a bonificaciones y gratificaciones. Es que, entre otras cosas, los estudiantes universitarios que allí fungen de pasantes consumen 2.000 millones de guaraníes anuales. La ciudadanía no debe sorprenderse si en los próximos meses aparecen más pedidos de dinero público, tal como ya lo hizo el Poder Judicial, tras la primera Cumbre de Poderes, realizada el 22 de julio para controlar el gasto público: su anteproyecto de Presupuesto incluyó un aumento de 258.000 millones de guaraníes, de los cuales 152.000 millones irían a parar a los bolsillos de funcionarios y magistrados. Dicho Poder ratificó ayer su pedido ante la comisión bicameral.
Si esta es la seriedad con que se maneja la cuestión presupuestaria, habrá que ver si podrá respetarse el límite del 1,5% del Producto Interno Bruto, que la Ley de Responsabilidad Fiscal fija para el déficit fiscal. Por cierto, ella misma admite que el tope sea elevado hasta el 3%, de modo que al Ministerio de Hacienda no le costaría mucho encontrar las razones para ello, cuando se vea en apuros. La situación económica actual ya produjo una caída de los ingresos de alrededor de 200 millones de dólares y se podrá alegar que la coyuntura internacional no resulta alentadora. Lo que el Poder Ejecutivo y el Congreso no admitirán es que también los gastos de personal, alentados por el clientelismo y el nepotismo rampantes, obligan a flexibilizar el déficit fiscal.
Mientras no cambie la cultura político-administrativa de nuestra clase dirigente, tan bien representada por los legisladores Alliana, Sánchez, los Samaniego y Ocampos, la Ley del Presupuesto General, la Ley de Responsabilidad Fiscal y la de la Función Pública, entre otras, apenas tendrán vigencia efectiva. En el mejor de los casos, resultarán más bien meras expresiones de deseos y en el peor, normativas que solo sirven para el engaño. A los que mandan, el bienestar general les importa mucho menos que el de sus familiares y clientes. La cuestión es conservar el poder, dándoles el gusto a costa de los que se ganan el pan con el sudor de la frente, sin depender de la prebenda estatal. Los ciudadanos y las ciudadanas deben manifestar públicamente su oposición a seguir manteniendo a costosas sanguijuelas en el Presupuesto nacional.