Dos decisiones judiciales adoptadas el martes permiten una bocanada de aire fresco en nuestra siempre cuestionada Justicia. Por un lado, un Tribunal de Apelaciones ratificó la condena de un año de cárcel para el exsenador colorado Víctor Bogado, y de un año y seis meses para su “niñera de oro”, Gabriela Quintana, en el caso de cobro indebido de honorarios, pese a las abusivas obstrucciones que venían interponiendo ambos para demorar el caso. Por su parte, la fiscala Liliana Alcaraz acusó y pidió juicio oral al poderoso expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y también exsenador colorado, Óscar González Daher, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración jurada falsa.
Es obvio que en un Estado de derecho, en el que todos somos iguales ante la ley, es preciso que los gobernados confíen en la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. Pero ocurre que, incluso después de 1989, ella ha brillado por su ausencia, salvo aisladas y fugaces manifestaciones, como las vislumbradas en los últimos tiempos.
De hecho, hasta ahora se han venido emitiendo señales contradictorias en cuanto a si la ley penal será aplicada o no a quienes ejercieron o ejercen el poder político. Contrariamente a los dos casos mencionados, en el del senador Javier Zacarías Irún (ANR), imputado por enriquecimiento ilícito, la magistratura resolvió archivar la causa; en el del diputado Ulises Quintana (ANR), imputado por tráfico de influencias, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y complicidad en tráfico de drogas, ordenó primero la prisión preventiva, luego la revisión de la medida y, por último, la anulación de lo dispuesto al respecto, estando pendiente una nueva audiencia para decidir si el legislador seguirá o no en libertad. En todos los casos, se ha tolerado que quienes se saben culpables hagan un ejercicio abusivo del derecho a la defensa, hasta el punto de buscar su impunidad por el simple transcurso del tiempo.
Hay motivos para descreer del imperio efectivo del Derecho, pero la salud moral de la nación y un elemental sentido de justicia exigen que la gente no se resigne a que los malos se salgan siempre con la suya porque quienes deben acusarlos o juzgarlos son cobardes o corruptos. Hay que seguir de cerca sus actuaciones y censurarlos con rigor cuando favorecen a quienes victimizan a sus conciudadanos, pero también es bueno detectar signos que alienten la esperanza de que alguna vez la ley penal rija para todos, sin discriminación alguna, como en las dos causas mencionadas al principio.
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En el caso de Víctor Bogado, el hecho punible que se le atribuye prescribirá el 24 de octubre, así que es saludable que los camaristas Cristóbal Sánchez, Pedro Mayor Martínez y Mirtha González de Caballero se hayan expedido por fin, luego de que los dos últimos hayan sido recusados por el chicanero habitual y que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia los haya confirmado, tras haber rechazado la recusación contra el ministro Manuel Ramírez Candia. Las chicanas de la “niñera de oro” contra dos de los camaristas primero y contra los tres después, que también apuntaban a dilatar las cosas, corrieron la misma suerte.
También es plausible que el Consejo de Superintendencia de la Corte haya resuelto, el 20 de septiembre, denegar el pedido de permiso de la camarista González de Caballero para ausentarse entre el 23 y el 27 de este mes, “por motivos particulares”, dado que ella “integra un expediente que se encuentra con peligro de extinción, por lo que dicha responsabilidad debe tomarse como prioridad absoluta”. Una decisión que merece ser destacada. Más aún, la Sala Penal multó a uno de los abogados de la defensa, lo que resulta insólito y también merece aplauso. Por cierto, el peligro referido persiste, porque es muy probable que el notorio litigante de mala fe interponga un recurso extraordinario de casación contra la sentencia del Tribunal y que recuse a uno o más miembros de la Sala Penal, a lo que debe sumarse la intervención del Ministerio Público mediante un dictamen, todo para llevar la causa al límite de la fecha y escaparse por la ventana.
Es de esperar que las presumibles trabas sean desechadas con prontitud para evitar que este caradura acabe siendo “inocente” por la prescripción del hecho punible. Su condena fue irrisoria –la Fiscalía pidió cuatro años de cárcel por los delitos de estafa y cobro indebido de honorarios–, pero permitirá al menos que en su historial figure no solo que fue expulsado de la Cámara de Senadores, sino también que fue sancionado por haber sido cómplice en un delito en perjuicio del erario.
En cuanto al influyente González Daher, antes de renunciar a su banca invocó sus fueros para impedir que sea allanada la empresa luqueña de maletín que habría servido para mover unos 1.500 millones de dólares, incompatibles con sus declaraciones juradas de bienes y rentas, en las que tampoco figuraban varias jugosas cuentas bancarias. No obstante, llegó a estar durante diez meses en prisión preventiva, en compañía de su hijo Rubén González, encausado por los mismos hechos punibles. Desde el 30 de julio guarda prisión domiciliaria, con el consentimiento del Ministerio Público, porque ya no podría obstruir la marcha de la Justicia. Aquí la expectativa de pena es muy alta –solo la prevista para el enriquecimiento ilícito llega a diez años de prisión–, pero como muchos de los hechos que se le atribuyen pueden ser de larga data, es de suponer que también las chicanas planteadas o a ser planteadas por el indigno expresidente del JEM apunten a la prescripción de los delitos por los que ahora está acusado. Por de pronto, es loable que el Ministerio Público haya concluido una investigación que habrá sido exhaustiva si, en efecto, analizó más de 30 tomos de informes de diversas entidades públicas y privadas, entre ellas la Seprelad, que fue la primera en emitirlos, en septiembre de 2018. Según los audios difundidos, desde el Jurado, González Daher llegó a manipular a jueces y a agentes fiscales, de modo que sabe muy bien con quiénes estará tratando.
En suma, el fallo y la acusación mencionados sirven para no perder la esperanza de que, alguna vez, también los poderosos ladrones de fondos públicos, entre otras cosas, conozcan los rigores de la legislación penal.