Los Gobiernos se suceden, pero la corrupción continúa con vigor. Ocurre que también los nuevos jerarcas quieren enriquecerse en forma ilícita y que en los diversos órganos existe una maquinaria bien aceitada para el delito, manejada desde hace años por funcionarios duchos en la materia. Un buen ejemplo es el Indert, cuyo expresidente Justo Pastor Cárdenas está siendo procesado, al igual que su antecesor Luis Ortigoza, y el exmiembro de la Junta Asesora y de Control Milciades Duré, hoy “parlasuriano”.
El allanamiento de las oficinas del ente realizado ayer, en el marco de una investigación fiscal iniciada en agosto por un presunto pedido de 120.000 dólares en concepto de soborno, que después se pactó en otra suma, vuelve a recordar que el Indert es una suerte de cueva de Alí Babá, en la que se expiden títulos o se anulan resoluciones a cambio del vil metal. Los audios grabados con autorización fiscal sugieren la persistencia de esas prácticas repugnantes, que también implican la extorsión lisa y llana: el interesado solo será dueño del inmueble que pretende si está dispuesto a dar un gusto personal a quienes tienen la lapicera.
En las inmundas negociaciones difundidas habría actuado como intermediario Carlos Soler, exdiputado (PQ), exasesor externo de Víctor Bogado en el Senado como también del propio Justo Cárdenas, y hoy destituido gerente de Créditos del Indert, quien venía ocupando ese mismo cargo desde el Gobierno anterior. Al que otrora se las dio de adalid contra la corrupción, se lo escucha insistir en que él no tenía “ningún interés en todo esto”, es decir, en la consumación de un hecho punible. Empero, se diría que se esforzó mucho para que su interlocutor, de nombre Albino Méndez, cerrara el trato pecuniario con “ellos” para asegurarle la obtención de dos inmuebles chaqueños, de cuatro mil hectáreas cada uno, a cambio de una suma adicional. Tales medidas debían llevar la firma del actual titular del Indert, Horacio Torres, exasesor de Rodolfo Friedmann en la Gobernación del Guairá. Pese a los notables esfuerzos del defenestrado Soler, los graves inconvenientes generados por dos cheques que Méndez habría entregado al gestor –no tenía dinero en efectivo– impidieron que el cohecho llegue a buen término.
Como siempre, uno puede preguntarse cuántas veces habrá ocurrido algo similar bajo el actual Gobierno, aunque con mejores resultados para los intervinientes. Se podría trasladar la inquietud a los miembros de la Junta Asesora de Control y de Gestión del Indert, en la que están representados las organizaciones campesinas, las asociaciones de agricultores, la Asociación Rural del Paraguay, los gobiernos departamentales y municipales y el Ministerio de Hacienda. Una vez más se demuestra que la presencia de representantes de entidades privadas en los organismos estatales no garantiza en absoluto la honestidad en el manejo de los recursos públicos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Según la Ley N° 2419/14, el presidente del Indert requiere el “acuerdo y dictamen vinculante” de la Junta para, entre otras cosas, “resolver la venta, permuta o arrendamiento de los bienes, inmuebles y muebles, pertenecientes al Instituto, otorgando los instrumentos públicos o privados que fuesen menester de acuerdo a las leyes vigentes, salvo las tierras a ser adjudicadas a beneficiarios del Estatuto Agrario”. La misma ley dice que los miembros de la Junta son responsables personalmente cuando dictan resoluciones que violen las normas legales, salvo aquellos que votaron en disidencia y cuyos fundamentos deben constar en el acta de la sesión. Esto significa que mucho tienen que ver también los representantes del sector privado con las fechorías que a lo largo de los años se han venido cometiendo en el Indert. En el mejor de los casos, da la impresión de que no se enteran de nada, tal como los consejeros del IPS provenientes del mismo sector. Es bueno saber que el 29 de agosto, la Unión de Gremios de la Producción retiró a su representante en la Junta porque “algunos funcionarios” del Indert promovían conflictos e invasiones en el campo, y que su presidente Héctor Cristaldo constate ahora que los audios confirman los negociados con tierras que “siempre sospecharon”.
Por cierto, Torres dijo que sospechaba que Soler era corrupto, pero lo mantuvo en el cargo, pues nadie le daba pruebas. Pero es bueno que por lo menos ahora haya intervenido la Dirección de la Región Occidental y destituido al “gestor de negocios”, mientras se apresta a denunciarlo ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción.
En el Palacio de López se incurrió en el lugar común de anunciar que Torres sería destituido “si se confirma” su participación en el asunto. En vista de que en el Indert los negociados se perpetúan, cualquiera sea la autoridad que lo dirija, muchos ya estarán afilando los colmillos para darle un tarascón a la sabrosa torta que allí se maneja. Veremos si esta vez, por lo menos, se aplica aquello de “caiga quien caiga”, prometido por “Marito”.