Recaudación pro bolsillo en la SET

La Subsecretaría de Estado de Tributación prorratea entre sus más de 700 funcionarios los ingresos percibidos en concepto de multa por infracciones al régimen tributario vigente, en el que una reciente modificación dispone que el funcionario actuante será tenido por “denunciante” de toda infracción a la ley y que tendrá derecho hasta el 50% de las multas cobradas al transgresor, debiendo todo lo recaudado distribuirse entre los funcionarios de la administración tributaria. Según esta arbitraria disposición, que privilegia a quienes “trabajan” en la SET frente a otros funcionarios que en muchos casos se desenvuelven con mayor riesgo y responsabilidad, la suma a ser distribuida este año es de 25.000 millones de guaraníes. A nadie se le puede premiar por el simple hecho de cumplir con su deber, por lo que ya cobra un salario. El Código Penal les obliga a denunciar los delitos de acción penal pública de los que se enteren en el ejercicio del cargo. Tal es su deber, no necesitan para cumplirlo una remuneración extraordinaria.

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) prorratea entre sus más de 700 funcionarios los ingresos percibidos en concepto de multa por infracciones al régimen tributario fijado por la Ley N° 125/91, modificada por la N° 2421/04. En su nueva versión, el art. 239 dispone que el funcionario actuante será tenido por “denunciante” de toda infracción a la ley y que tendrá derecho hasta al 50% de las multas cobradas al transgresor; se considera que actúa como denunciante “en nombre y representación de los funcionarios de la Administración Tributaria, entre quienes se debe distribuir el producido de la participación en la multa, mediante un sistema equitativo que se establecerá reglamentariamente, por resolución de la Administración Tributaria”. Según esta arbitraria disposición, que privilegia a quienes “trabajan” en la SET frente a otros funcionarios que en muchos casos se desenvuelven con mayor riesgo y responsabilidad, la suma a ser distribuida este año es de 25.000 millones de guaraníes.

En su anterior versión, la norma citada decía que los funcionarios actuantes no serían “denunciantes” y que el ingreso por el cobro de las multas se destinaría a Rentas Generales para recategorización salarial de los funcionarios de la SET. Esto significa que, seguramente debido a la eficacia del lobby “tributarista”, se resolvió otorgarles un privilegio que viola el art. 47 de la Constitución, que garantiza la igualdad ante las leyes. El art. 49 de la Ley N° 1626/00 dice que los funcionarios tienen derecho a “la igualdad, sin discriminación alguna, de oportunidades y de trato en el cargo”, norma que se vulnera a cada paso en nuestra burocracia, pues debe entenderse que ella se refiere no solo al trato que debe darse a los funcionarios de un mismo órgano, sino al régimen establecido para la generalidad de los servidores públicos.

Y bien, resulta que los de la SET son especialmente favorecidos, pues entre ellos se distribuye hasta la mitad de las multas cobradas. Que se sepa, solo los aduaneros gozan también de tal privilegio cuando constaten “falta por diferencia” y defraudación. O sea que hay funcionarios de primera y de segunda.

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A nadie se le debe premiar por el simple hecho de cumplir con su deber, por lo que ya cobra un salario. Se alega que la participación en las multas apunta a evitar que los funcionarios actuantes sean sobornados, es decir, que cometan un delito sancionado con hasta cinco años de cárcel. Se obtendría así dinero adicional del Estado como una suerte de recompensa por no delinquir. Si se considera que tal criterio se ajusta a la moral, habría que extender el modelo de la SET y el de la Dirección Nacional de Aduanas a todo el sector público, creando algo equivalente a la ridícula bonificación por “presentismo”, o sea, por no transgredir el Código Penal. Por lo demás, el modelo imperante en esos órganos induce a suponer que a los burócratas les vendría bien que aumentaran las infracciones.

Debe insistirse en que es inadmisible que los funcionarios reciban una remuneración adicional por el simple hecho de cumplir con sus obligaciones. No tienen por qué recibir ninguna “gratificación” por su buen desempeño ni, mucho menos, una participación en las multas percibidas, aunque ellos hayan descubierto la infracción. Por cierto, el Código Procesal Penal les obliga a denunciar –gratuitamente– los delitos de acción penal pública de los que se enteren en el ejercicio del cargo. Tal es su deber; no necesitan para cumplirlo una remuneración extraordinaria.

En el caso de la multa a ser cobrada al clan González Daher por evasión fiscal, el hecho punible ni siquiera fue detectado por los funcionarios de la SET, sino por los de la unidad de inteligencia financiera de la Seprelad y por unos agentes fiscales –ninguno de los cuales goza de un privilegio remunerativo similar–, basados en publicaciones hechas por nuestro diario. La SET ni olió los millones de dólares evadidos por los González Daher. Esto da derecho a sospechar que los integrantes del poderoso clan fueron mimados y protegidos por el organismo tributario. Como se ve, puede que el grueso del trabajo de detección de las infracciones se realice en otros órganos o en otros ámbitos, como el de la prensa, pero injustamente, los burócratas “tributaristas” se llevan los réditos, en dinero contante y sonante.

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Es hora de que el referido art. 239 sea derogado por inconstitucional e inmoral.

Hace dos años, la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Asunción sostuvo que “las multas deberían destinarse, el 100%, a Rentas Generales dentro del Presupuesto General de la Nación, para ser reasignadas a otros sectores más necesitados” que el funcionariado de la SET. Este no debe hacerse acreedor, ni el todo ni en parte, de lo ingresado en tal concepto. También en 2017, el entonces diputado Óscar Tuma (ANR) presentó un proyecto de ley en tal sentido, que nunca llegó a ser tratado por la Cámara Baja, quizá porque el lobby en contra de la iniciativa fue irresistible para los legisladores habituados a dar el gusto a su clientela y probablemente también a ser “recompensados” por su comprensión hacia los funcionarios. El viceministro de Tributación, Óscar Orué Ortiz, informó que la actual administración limitó el cobro de la “participación” a 40 millones de guaraníes para los funcionarios y a 60 millones para los directores. Aclaró que “el viceministro no cobra”. Sin embargo, en junio de 2018, la entonces viceministra de Tributación, Marta González Ayala, se embolsó un adicional de más de 70 millones de guaraníes, con lo que su ingreso ese mes trepó a cerca de 90 millones, superando ampliamente las remuneraciones del Presidente de la República. En verdad, nadie debería cobrar un centavo de una suma que debe destinarse íntegramente a atender el interés general y no el particular de los servidores públicos.

Debe ponerse fin a estos irritantes privilegios que crean una casta de funcionarios de primera. Los ciudadanos y las ciudadanas deben sacudirse y manifestarse contra estos asaltos a sus bolsillos, Supuestos “derechos adquiridos” no se pueden invocar cuando se violan la Constitución y las leyes.

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