En los comicios en que la ANR eligió a su candidato presidencial en 2017, el departamento de Paraguarí habría decidido el triunfo de Mario Abdo Benítez, gracias a que el hoy diputado Miguel Cuevas –exadministrador del Puerto Franco de Paranaguá (“allí gané mucha plata”), exintendente de Sapucái y exgobernador– desertó de Honor Colorado tras ser marginado por su líder Horacio Cartes. También habrá sido muy útil el apoyo brindado allí por el exconcejal departamental y miembro de la Junta de Gobierno de la ANR Ramón Catalino Retamozo, hoy presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), donde está siendo asesorado por su hijo Renato, que le cobra a la Gobernación del noveno departamento 7.500.000 guaraníes mensuales como “asesor de la niñez”. Estos datos explicarían la gran autoridad que ambos ejercen bajo el actual Gobierno, hasta el punto de que se permiten ignorar sin disimulo la Ley de la Función Pública y las exhortaciones del ministro de Hacienda, Benigno López, con respecto al gasto.
El chicanero Cuevas –presunto autor de los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración jurada falsa de bienes y rentas– empezó su carrera legislativa nada menos que como presidente de la Cámara Baja, pese a su nula experiencia en la materia y a su limitada formación intelectual. Desde luego, tuvo que retribuir los votos de sus colegas mediante contrataciones dudosas, aumentos de sueldo, creación de 24 direcciones, pagos de horas extras, pasajes y viáticos, en beneficio de sus operadores políticos, parientes y amigos. Preguntado por qué debió hacerlo, respondió: “Pregúntenle a los que me pidieron”. La generosa devolución de favores causó un déficit de casi 2.000 millones de guaraníes en la Cámara integrada, entre otros, por los también imputados Tomás Rivas (ANR), Ulises Quintana (ANR), Carlos Portillo (PLRA) y Teófilo Espínola (PLRA), así como por el contrabandista confeso Carlos Núñez Salinas (ANR).
Para tapar el “agujero” abierto por el prebendarismo y cohonestar la pésima gestión de Cuevas, que se extendió desde el 1 de julio de 2018 hasta el 30 de junio último, los también agradecidos diputados aprobaron un proyecto de ley de reprogramación presupuestaria para cubrir el abultado gasto extra –con el único voto en contra de Kattya González (PEN)–, tras haber sido rechazado por la Cámara Alta. Dado que esta no pudo revalidar su rechazo porque no contó con los 30 votos necesarios para el efecto, el “blanqueo” quedará consumado, a no ser que el presidente de la República tome la muy improbable medida de objetarlo. Ninguno de los siete senadores que apoyaron el proyecto de reprogramación presupuestaria, entre ellos Zulma Gómez (PLRA, cartista), Silvio Ovelar (ANR, añetete) y Javier Zacarías Irún (cartista), se atrevió a defender el despilfarro. Varios de sus colegas se lavaron las manos o, mejor dicho, las ensuciaron, abandonando la sala de sesiones para no tener que votar. Lo acontecido implica que el Congreso avaló una práctica aberrante que no empezó con Cuevas y que tiene visos de continuar, pese a lo que digan la ley y la moral.
El otro caso de burla a los contribuyentes, protagonizado por el titular de la ANNP, consistió en que en los últimos trece meses Retamozo nombró a más de 40 nuevos funcionarios, violando la ley que exige un previo concurso público de oposición para evaluar méritos y aptitudes. Curiosamente –o quizá no tanto– todos los agraciados votan en el departamento de Paraguarí, de lo que se deduciría que son unos vulgares operadores políticos que viven a costa de los contribuyentes, sin prestarles ningún servicio. Por cierto, uno de ellos es el “asesor” Cirilo Cuevas, hermano del derrochador Miguel, que se lleva 7.040.000 guaraníes cada mes. En vez de explicar cómo es que solo en su patria chica pudo hallar personas idóneas, Retamozo dijo que la ANNP logró una mayor recaudación, algo atribuible no precisamente a una mayor eficiencia, sino al aumento de la tasa portuaria dispuesto en julio. Consultada con respecto a que el sistema de selección para el ingreso en la función pública había sido eludido, la ministra de la Función Pública, Cristina Bogado, se limitó a indicar un enlace informático, en el que no figura la ANNP entre las entidades que llamaron a un concurso público de oposición. Por cierto, aunque suene a broma recordarlo, la Ley N° 1626/00 dice que nombrar o contratar funcionarios contra lo dispuesto en ella y en sus reglamentos, es una falta grave que debe ser sancionada con la destitución. ¿“Marito”?: no ve, no oye, no habla.
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Aparte de que se omitió un procedimiento legal para nombrar a los paraguarienses, la opinión pública puede tener la certeza de que las nuevas incorporaciones fueron innecesarias en un órgano que hoy tiene presupuestados unos 850 cargos. El descarado prebendarismo de Retamozo, con la complicidad de los cuatro miembros del Directorio, muestra que la administración pública sigue siendo un botín de los acólitos del jefe de Estado y de sus respectivas clientelas. El ministro de Hacienda podrá seguir desgañitándose sobre la necesidad de controlar el gasto público, que esas recomendaciones no rigen para los amigos del poder. Cuevas y Retamozo son un buen ejemplo de que los gobernantes se burlan de los gobernados, porque se creen impunes. Y, lamentablemente, lo son.