Más allá de la parafernalia política desatada por el escándalo de la firma de la entreguista Acta Bilateral relativa a la administración de la usina hidroeléctrica de Itaipú, y la farsa de la investigación legislativa al respecto, el desconcierto ha subido de punto porque es imposible ver el metafórico bosque de los sucesos a causa de los árboles de desinformación plantados por el Gobierno. Resulta, pues, absolutamente necesario correr el telón que impide ver con claridad el melodrama de la antipatriótica conspiración del actual Gobierno para convalidar la sarta de abdicaciones de soberanía en las entidades binacionales por parte de sus antecesores, en vez de proceder a mitigar las catástrofes que tales traiciones de lesa patria han causado a los intereses nacionales, y por ende a los ciudadanos de la República.
Concretamente, con la suscripción de la mencionada Acta Bilateral, todo indica que la verdadera intención del presidente Mario Abdo Benítez fue convalidar dos sucesivos acuerdos firmados en Itaipú. El primero de ellos en el 2002, durante el gobierno de facto de Luis Ángel González Macchi, supuestamente para “ayudar” a la ANDE a superar la crisis financiera que le impedía pagar a Itaipú por la energía que retiraba, mediante una reclasificación binaria de la energía eléctrica generada en la usina: “energía garantizada” y “energía superior a la garantizada”. El segundo fue el suscrito entre ANDE, Eletrobras e Itaipú en el 2007, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, por medio del cual se estableció que “será priorizada la utilización por Paraguay de la potencia excedente de la UHE Itaipú”. El Gobierno paraguayo se avino a este acuerdo a cambio de otorgar su conformidad para que a instancias de Brasil Itaipú instalara dos turbinas generadoras adicionales a las 18 ya existentes.
En compensación, ¿qué ventajas reportaron estos dos acuerdos al Paraguay? La verdad sea dicha: absolutamente ninguna de relevancia, excepto la migaja de alrededor del 20 por ciento de la energía no garantizada más barata. El combo de ventajas fue para Brasil que se quedó con el 80 por ciento de la misma, alegando que ese es el porcentaje de energía de la represa que utiliza, pese a que el Artículo XIII del Tratado establece que la energía producida por la usina hidroeléctrica “será dividida en partes iguales entre los dos países”. En efecto, Brasil impuso –y el gobierno de Nicanor Duarte Frutos aceptó sin chistar– que el retiro de la “energía no garantizada” por parte de ANDE y Eletrobras fuera proporcional a la potencia contratada por cada uno de ellos. Vale decir: 80 por ciento para Eletrobras y 20 por ciento para la ANDE. La única limosna pírrica con que quedó Paraguay fue la prioridad para el retiro de la energía no garantizada, pero como la necesidad de la ANDE es hasta ahora mínima comparada con la que se lleva Eletrobras, la parte del león quedó para Brasil. Es más, se fijó una tarifa ínfima para la energía no garantizada (en torno a US$ 5/MWh). Se legalizó así un robo descarado.
Este expoliador acuerdo de neto beneficio para Brasil y migajas para Paraguay funcionó sin problemas durante 12 años, hasta que Eletrobras (en realidad Itamaraty) inopinadamente embarró la cancha a inicios de este año pretendiendo desconocer la limosna pírrica con que Itaipú venía beneficiando a la ANDE con el retiro de una mezcla de 50/50 de ambas categorías de energía (3.745 GWh para ANDE y 17.841 GWh para Eletrobras de la energía no garantizada en el año 2018). ¡Qué descaro!
En realidad, la verdadera intención de Brasil con la artimaña del cuestionamiento de Eletrobras al acuerdo del 2007 con la ANDE en torno a la modalidad de contratación de potencia y de repartición de la energía no garantizada fue desnivelar el campo de juego en la entidad binacional para impedir que una vez saldada la deuda de la misma el Paraguay asuma de hecho y de derecho la propiedad de la mitad, como le corresponde por el Tratado. La carambola de Itamaraty embebida en el Acta Bilateral era asegurar el statu quo expoliador tras la revisión del Anexo C prevista para el 2023.
Con miras a tal objetivo, Itamaraty pretendía atar de pies y manos al Paraguay anticipadamente, para que llegado el momento de la revisión del Anexo C, los brasileños presentaran el Acta Bilateral como un acuerdo “vinculante” a la revisión del mismo. De esa forma, ellos se asegurarían por siempre la parte del león que se han estado llevando por casi medio siglo y que ha impedido que nuestro país pudiera asomarse al umbral de las naciones desarrolladas merced a la abundante electricidad de que dispone en derecho, pero que Brasil le sustrae mediante la falta de patriotismo de los gobernantes de la era democrática –incluido el actual–, quienes a cambio de sobornos y canonjías han contribuido a fomentar esa vil explotación colonialista por parte de nuestro angurriento socio, en vez de tratar de mitigarla.
La clave de la estrategia de Itamaraty para mantener la administración de Itaipú en sus exclusivas manos –aun después de la revisión del Anexo C del Tratado– es el control del embalse de la usina binacional; punto clave del acuerdo contenido en el Acta Bilateral, teniendo en cuenta que el volumen útil del embalse de Itaipú es de unos 19.000 millones de metros cúbicos (suficiente para generar hasta unos 5.000 GWh, un tercio del consumo anual de Paraguay en la actualidad). La mitad de la energía eléctrica que la usina genere utilizando las aguas del embalse cuando en tiempo de sequía el caudal normal del río Paraná es insuficiente para accionar las 18 o 20 turbinas, es propiedad paraguaya. Sin embargo, quedando en manos del director técnico brasileño la autoridad para administrar unilateralmente la utilización de las aguas del embalse, ellos tendrían arco libre para robarnos nuestra agua y por ende nuestra electricidad, como sucede en la actualidad, al menos si los directores adjuntos paraguayos continúan en la misma línea del recientemente destituido ingeniero José Sánchez Tillería, quien en sus actuaciones aparece como un antipatriota, funcional a los intereses brasileños.
Por tanto, siendo que la ciudadanía ya no puede confiar en el patriotismo del presidente de la República Mario Abdo Benítez, ni en sus adláteres del Gobierno en cuanto a precautelar los derechos del Paraguay en Itaipú, sobre todo con miras a la próxima revisión del Anexo C del Tratado, se impone que la sociedad civil tome por su cuenta suplir esta omisión de patriotismo haciendo de Itaipú una causa nacional irrenunciable, manteniendo una estrecha vigilancia sobre las autoridades y negociadores para evitar más claudicaciones en perjuicio de los intereses del país.