Los carroñeros de la pobreza

Es muy conveniente para la salud moral de la República que el Ministerio Público haya imputado a Ramón González Daher y a su hijo Fernando González Karjallo por los delitos de usura y lavado de dinero el primero, y por este último, el segundo. Ramón, hermano del famoso exsenador colorado Óscar González Daher, habría incrementado su patrimonio en nada menos que 205.829 millones de guaraníes, habiendo declarado al fisco ¡solo 21.793 millones! La enorme diferencia provendría del cobro de intereses de más del 80%, mientras el límite fijado por el BCP es del 40%. Pesan en su contra unas 280 denuncias presentadas por sus víctimas ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción. El funesto clan luqueño no forjó su fortuna de la noche a la mañana, sino a lo largo de las décadas, sin que ni la Superintendencia de Bancos del BCP ni el sistema financiero formal hayan intervenido alguna vez para poner coto a sus presuntas operaciones delictivas. Si hay igualdad ante las leyes, los hermanos González Daher y sus respectivos hijos deben ser juzgados por un tribunal independiente y condenados en caso de demostrarse su culpabilidad.

Es muy conveniente, para la salud moral de la República, que el Ministerio Público haya imputado a Ramón González Daher y a su hijo Fernando González Karjallo por los delitos de usura y lavado de dinero el primero, y por este último el segundo. También lo es que haya solicitado que guarden prisión preventiva porque podrían obstruir la pesquisa, que sus inmuebles y cuentas bancarias sean embargados y que se disponga su inhibición para vender y gravar bienes. Todo ello en buena hora, pues entre 2013 y 2018, Ramón, hermano del famoso exsenador colorado Óscar González Daher, habría incrementado su patrimonio en nada menos que 205.829 millones de guaraníes, habiendo declarado al fisco ¡“solo” 21.793 millones! La enorme diferencia provendría del cobro de intereses de más del 80%, mientras que el límite legal fijado por el Banco Central del Paraguay (BCP) es del 40%. Pesan en su contra unas 280 denuncias presentadas por sus víctimas ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, que recibió las declaraciones testificales de dos de ellas, los empresarios Juan Eugenio Planás y Julio Adolfo Mendoza Yampey.

El funesto clan luqueño no forjó su fortuna de la noche a la mañana, sino a lo largo de las décadas, sin que, increíblemente, ni la Superintendencia de Bancos del BCP ni el sistema financiero formal hayan intervenido alguna vez para poner coto a sus presuntas operaciones delictivas. Ya actuaba con toda impunidad durante la dictadura y siguió en lo mismo después de 1989, explotando miserablemente a sus prestatarios. Se sentía omnipotente, entre otras cosas porque el senador expulsado presidía el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), desde donde influía en causas judiciales a petición de parte o se molestaba por alguna leve condena, como la dictada contra alguien que había estafado a Ramón, acostumbrado a denunciar a sus víctimas cuando no podían saldar la deuda. En uno de los audios conocidos se le escucha a la agente fiscal Karina Giménez decir al secretario del JEM, Raúl Fernández Lippmann, que le avisaran al presidente del organismo que ella podía atajar el expediente de su hermano, que les permitiría ganar mucho dinero. Esta fiscala fue blanqueada recientemente por el JEM.

Los colegas senadores de otrora no podían ignorar el “negocio” familiar, pero ninguno alzó la voz alguna vez para decir que mancillaba el Congreso. Se comenta que el clan se valía del Poder Judicial para privar de bienes muebles e inmuebles a sus expoliados deudores, es decir, a quienes no estaban en condiciones de cubrir a tiempo los cheques y los pagarés arrancados aprovechando su estado de necesidad. Los complacientes jueces actuaban de vulgares cobradores y los agentes fiscales que se atrevían a investigar a alguno de sus miembros, como Alejandro Nissen y Ángel Ramírez, eran defenestrados, sin que la Fiscalía General del Estado se inmutara.

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Si los González Daher tenían tanto poder era porque estaban bien ligados a los Gobiernos de la ANR y a todos aquellos candidatos colorados que no le hacían ascos al financiamiento de una campaña electoral mediante el dinero sucio a ser devuelto con favores políticos. Y lo notable es que alguna persona a la que se cree decente, como el exministro Santiago Peña, se rebajaba hasta el punto de preciarse de la amistad de Óscar, aunque luego haya atribuido la derrota en los comicios internos a su impresentable figura. Integraba este una familia voraz pero “respetable”, que tenía en sus manos la Municipalidad de Luque para, entre otras cosas, eludir el pago del impuesto inmobiliario. Su hermano Ramón llegó a presidir la Asociación Paraguaya de Fútbol, y Fernando, el Club Sportivo Luqueño, o sea, eran una especie de mecenas del deporte, a quienes se agradecía la colaboración financiera que prestaban, quizá sin cobrar suculentos intereses. También se dice que habrían aprovechado la ocasión para lavar dinero mediante la supuesta multimillonaria contratación de jugadores que nunca vistieron la camiseta del club.

Los González Daher actuaban a sus anchas, prevalidos de su poder político y económico, fundado en el cobro de intereses usurarios, según se desprende de la imputación fiscal. Hasta hace poco, nunca habían sido importunados por los órganos del Estado, pero ahora parece que las cosas están cambiando, tanto que la Subsecretaría de Estado de Tributación ya le aplicó a Ramón una multa de más de 157.000 millones de guaraníes, debido al aumento no declarado de su patrimonio y al no pago de impuestos. Jamás se habrán imaginado que alguna vez serían sometidos a la Justicia y no precisamente porque fueran personas honorables. Lucraban con la desesperación ajena. Este clan, como el de los Zacarías Irún de Ciudad del Este y el de los Núñez de Villa Hayes, es la expresión más primitiva de la politiquería nacional. Representa el “mbarete” y la corrupción, fenómenos vinculados al atraso y a la ignorancia. Quien se dedica a la usura es un desalmado que no pierde el sueño por privar de sus bienes a cualquier necesitado, munido de una orden judicial, si es necesario. Y, sin embargo, suele tener acceso a las altas esferas y hasta goza cuando se las da de donante generoso para causas nobles. Más aún, puede llenarse la boca de pueblo, sabedor de que, mientras mande, nadie le echará en cara su doblez.

Si hay igualdad ante las leyes, los hermanos González Daher y sus respectivos hijos deben ser juzgados por un tribunal independiente y condenados en caso de que su culpabilidad haya sido demostrada. Es de esperar que ello ocurra para abrigar la esperanza de que la Justicia no siga protegiendo a los que esquilman a sus conciudadanos, desde el poder político o económico. El pueblo paraguayo debe confiar en que los malos sean sancionados de acuerdo a la ley para que la vida, la libertad o los bienes de los buenos estén a salvo de los delincuentes de todo tipo, incluyendo a los que se valen de cheques o de pagarés para despojar a quienes han tenido la desdicha de caer en sus sucias manos.

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