Hay que acabar con la extorsión de los funcionarios

Las cartas están echadas en el estudio del Proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2020. El extenso documento presentado por el Poder Ejecutivo ya ha sido destrozado por la Cámara de Diputados en una primera instancia, mediante la inclusión de beneficios indignantes en favor de su clientela política. El Senado, por fortuna y gracias a la presión ciudadana, ha puesto un toque de mayor racionalidad y lo ha reencauzado, aunque también mantuvo una serie de beneficios para algunos segmentos del funcionariado. El plan de gastos, tal cual quedó, no ha cambiado su vieja estructura que aún está lejos de permitir un salto cualitativo para una mejora significativa del Presupuesto. Es momento de que las autoridades de los tres Poderes del Estado actúen para declarar ilegales los groseros contratos de trabajo que son comunes en el sector público, ofensivos para una ciudadanía que debe sudar día a día para mantener con sus tributos y otros conceptos a esta casta privilegiada.

Las cartas están echadas en el estudio del Proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2020, el instrumento crucial para el desarrollo de las políticas públicas del Gobierno. El extenso documento presentado por el Poder Ejecutivo en agosto pasado ya ha sido destrozado por la Cámara de Diputados en una primera instancia, gracias a la inclusión de beneficios indignantes en favor de su clientela política. El Senado, por fortuna y gracias a la presión ciudadana, ha puesto un toque de mayor racionalidad y lo ha reencauzado, aunque también mantuvo una serie de beneficios para algunos segmentos del funcionariado. El plan de gastos, tal cual quedó, no ha cambiado su vieja estructura que aún está lejos de permitir un salto cualitativo para una mejora significativa del Presupuesto.

La Constitución determina claramente el derrotero que debe seguir cada año el análisis del proyecto de ingresos y gastos públicos, en el que la última palabra la tiene la Cámara Alta. Con su paso por los dos cuerpos legislativos, los parlamentarios, a partir de ahora, tendrán solo la opción de ratificarse en su propuesta o aceptar lo aprobado por la otra instancia. En principio, el proyecto que salió del Senado mantiene un total cercano a los US$ 13.500 millones, con lo cual no se aparta en demasía de lo sugerido por la administración del presidente Mario Abdo Benítez; sin embargo, presenta algunos aspectos relevantes que merecen ser rescatados.

Mientras los diputados aprobaron un aumento del 16% a partir de abril para los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), los senadores lo otorgaron a partir de julio, con lo cual se atiende el pedido realizado por el Ejecutivo, que permitirá al Estado un ahorro de aproximadamente US$ 60 millones. El otro sector del funcionariado que venía reclamando un incremento salarial del 20% es el del Poder Judicial, cuyo fracaso ha sido rotundo, debido a que los diputados le negaron la mejora, en tanto el Senado solo ha adicionado rubros para mantener a los contratados. El conglomerado que sí ha conseguido un “triunfo” es el de los funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), con un adicional salarial de 30.000 millones a distribuir. Este sector vale como muestra de los privilegios de los que muchos gozan en el Estado.

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Los funcionarios de la empresa eléctrica gozan de un Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, firmado entre Sitrande y la presidencia de ANDE, que incluye beneficios tales como ayuda alimenticia y Gourmet Card, ayuda vacacional (¡¿?!), aguinaldo adicional por logro anual, adicional por función y subsidio del 50% por el consumo de energía eléctrica. De igual manera, para “casos específicos”, establece adicionales por personal prevenido y por supervisión y fiscalización, así como por horas extraordinarias, entre muchas otras cosas. Es momento de que las autoridades de los tres poderes del Estado actúen para declarar ilegales estos groseros contratos que son comunes en el sector público, ofensivos para una ciudadanía que debe sudar día a día para mantener con sus tributos y otros conceptos a esta casta privilegiada.

No en balde los diferentes sectores de la sociedad han manifestado de manera casi unánime la necesidad de rechazar estos aumentos y advertido la necesidad de ponerles un freno mediante nuevas normativas, como una ley especial que permita regular la política salarial del sector público. Para alcanzar este objetivo, se debe tener mucho cuidado, recordando los nefastos precedentes en nuestra historia reciente, como la de una promocionada nueva “matriz salarial”, impulsada por el Gobierno de Horacio Cartes, que desembocó en un festín de jugosos incrementos remunerativos para amplios grupos de chupópteros estatales.

A esta altura, el proyecto presupuestario 2020 está totalmente delineado: cualquiera de las dos opciones mantiene su alta rigidez, sigue con los endeudamientos, permitirá contratar nuevos funcionarios y no incluye una drástica reducción en los gastos superfluos. Entre lo malo y lo peor la propuesta del Senado es la opción aceptable. Las autoridades legislativas y ejecutivas deben actuar con mano dura en contra de los chantajistas disfrazados de sindicalistas que manejan las hordas de funcionarios públicos que solo buscan satisfacer sus aspiraciones egoístas. Está llegando a su final una batalla, pero no debemos olvidar que el objetivo principal en materia laboral debe apuntar a una verdadera reforma del Estado que nos lleve a dar el salto cualitativo que espera la ciudadanía, acorde a la realidad de un país pobre, que priorice el buen servicio y premie la meritocracia.

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