Un “viernes negro” para peces gordos

Como pocas veces ocurre, la Justicia se vistió de gala y tomó en un solo día importantes medidas contra políticos poderosos, impensables tan solo un par de años atrás. Fue un verdadero “viernes negro” para los peces gordos, como suele definirse en nuestro medio a quienes transmiten la sensación de que obran a sus anchas, son apoyados en las más altas esferas y parecen inalcanzables para jueces y fiscales. Se pueden mencionar la disposición para que el diputado Ulises Quintana (ANR, abdista) vuelva a prisión; el rechazo de la chicana del diputado Miguel Cuevas (ANR, abdista), quedando firme su imputación por varios delitos; el rechazo por camaristas de una apelación presentada por el exsenador Óscar González Daher y otras personas, con lo que quedó firme la elevación a juicio oral y público el caso que se les sigue; y también el rechazo de la apelación presentada por Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo contra sus respectivas prisiones preventivas. Estas medidas merecen ser recibidas como signo de que quizá llegue el día en que el Poder Judicial sea realmente independiente.

Como pocas veces ocurre, la Justicia se vistió de gala y tomó en un solo día importantes medidas contra políticos poderosos, impensables tan solo un par de años atrás. Fue un verdadero “viernes negro” para los peces gordos, como suele definirse en nuestro medio a quienes transmiten la sensación de que obran a sus anchas, son apoyados en las más altas esferas y parecen inalcanzables para jueces y fiscales.

Como era previsible, el diputado Ulises Quintana (ANR, abdista), acusado como autor de los delitos de asociación criminal y de lavado de dinero, así como cómplice en el de narcotráfico, volvió a chicanear para no regresar a prisión, alegando que fue citado a la audiencia de revisión de medidas con menos de 24 horas de anticipación y que, por tanto, no tuvo tiempo para preparar su defensa. Empero, la jueza Alicia Pedrozo la llevó a cabo por tratarse de una cuestión de urgencia, tal como lo decidieron el 14 de noviembre los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Gustavo Ocampos al rechazar la primera chicana planteada para impedirla. Son los mismos magistrados que anularon la resolución que otorgó la libertad ambulatoria del procesado por carecer de “fundamentos amplios y suficientes”. La citada jueza hizo lo correcto al ordenar que el encausado vuelva a ocupar una celda en vez de un escaño.

Tanto su carácter de legislador como la expectativa de pena hacían temer que Quintana podía obstruir la investigación o incluso darse a la fuga. Era y es evidente que podía hacer valer sus lazos con el poder político –desde donde ya le habían lanzado mensajes de apoyo– para entorpecer las actuaciones e incluso para lograr una pronta absolución. Por eso mismo, es plausible que la jueza Pedrozo haya mostrado independencia de criterio, sin dejarse impresionar por los protectores del “querido Ulises”, al decir del senador y titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Enrique Bacchetta (ANR, abdista), quien le había deseado que tenga “fuerza y fe para poder enfrentar la injusticia” que habría estado “viviendo” en la cárcel de Viñas Cue. Confiado en que al menos seguiría en libertad ambulatoria, ya lanzó su precandidatura a intendente de Ciudad del Este y dijo tener el apoyo del Jefe de Estado, sin ser desmentido. Afirmó que mantiene su precandidatura, pese a que el Código Electoral impide que sean electores los recluidos por orden de juez competente. Si no pueden ser electores, tampoco pueden ser elegidos, así que, salvo que el Tribunal de Apelación revoque la medida o el Ministerio Público desista de acusarlo por complicidad en el narcotráfico, es improbable que vuelva a estar libre en julio de 2020, cuando se realicen los comicios internos. Lo probable es que ya no interponga chicanas para demorar las actuaciones procesales. Para ser un buen candidato, tendría que haber sido el primer interesado en que los pasos procesales se realicen con celeridad para demostrar su inocencia, y no abusar del derecho a la defensa, como si se supiera culpable.

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Por su parte, el juez Yoan Paul López rechazó una chicana del diputado Miguel Cuevas (ANR, abdista), y dejó firme la imputación por los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa. Como no está en prisión preventiva, seguirá trabando el proceso, al igual que su hijo Enzo y su esposa Nancy Florentín, ambos coencausados.

El “viernes negro” también alcanzó al exsenador y extitular del JEM Óscar González Daher, a su exsecretario en ese organismo Raúl Fernández Lippmann y al conocido abogado Carmelo Caballero. En efecto, los camaristas Carlos Escobar, José Fernández y Arnulfo Arias rechazaron la apelación presentada por ellos contra la resolución que elevó a juicio oral y público el caso del tráfico de influencias perpetrado desde el JEM y revelado por los famosos audios, luego de que la jueza Cynthia Lovera no hubiera hecho lugar a al menos trece incidentes planteados por los encausados. En suma, los magistrados sostuvieron que los procesados pudieron producir, controlar e impugnar las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público ante un juez imparcial, de modo que fueron ellas lícitas y pueden ser producidas en el juicio. Por lo demás, agregaron que los intereses generales priman sobre los particulares en lo que a la protección de las comunicaciones en la esfera privada respecta, de modo que no serían ilegales las grabaciones hechas por terceros, sin que lo sepan los interlocutores, de acuerdo al art. 128 de la Constitución. Al respecto arguyeron que “la intimidad sucumbe ante la presunta representación de la conducta de los acusados en el hecho de tráfico de influencias, porque bajo la figura del derecho a la privacidad no pueden menoscabarse otros derechos que puedan significar la impunidad”.

Y, como corolario, los camaristas Emiliano Rolón, Gustavo Santander y Arnulfo Arias rechazaron la apelación de Ramón González Daher (imputado por usura y lavado de dinero) y su hijo Fernando González Karjallo (lavado de dinero) contra la resolución que dispuso sus respectivas prisiones preventivas.

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Es infrecuente que haya motivos para complacerse con las resoluciones judiciales que afectan a personajes más o menos poderosos del escenario político. En consecuencia, las comentadas merecen ser recibidas por la ciudadanía como signos de que quizá llegue el día en que el Poder Judicial sea en verdad independiente de quienes desde hace tanto tiempo lo subyugan en aras de sus espurios intereses.

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