El 24 de abril último, Enrique García renunció al cargo de contralor general de la República. Adoptó tal medida ante su inminente destitución al cabo de un juicio político que se le estaba siguiendo por mal desempeño de sus funciones y por la presunta autoría de los delitos de producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso, cuando era director general de Asesoría Legal de la Municipalidad de Asunción. Con su renuncia evitó su remoción ignominiosa, no sin antes haber calificado la acusación de “basura” y consentido que su abogado Álvaro Arias mintiera al afirmar que había sido “absuelto” en el caso de la concesionaria Ivesur SA, del que derivaron los hechos punibles por los que el Ministerio Público lo había imputado el 2 de marzo de 2018. Es muy probable que esta vez no pueda eludir un juicio oral y público porque habría usado documentos no auténticos, según la acusación del agente fiscal Leonardi Guerrero, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Se recordará que un laudo arbitral, que había ordenado a la Municipalidad asuncena pagar 10.347.463.611 guaraníes a la citada firma por incumplimiento de obligaciones legales y contractuales, quedó firme porque García no lo impugnó ante la Justicia en tiempo oportuno.
Así surge que, con el fin de ocultar su gravísima “negligencia”, no se le habría ocurrido nada mejor que fraguar documentos, según los cuales habría presentado un “recurso de nulidad” el 6 de octubre de 2016, involucrando en la sucia maniobra a otros funcionarios municipales. Para peor, el supuesto recurso fue presentado en una Sala equivocada del Tribunal de Apelación Civil y Comercial, cuyos sellos también habrían sido falsificados. Dicha Sala –la primera– confirmó el 2 de noviembre que no había recibido ninguna impugnación presentada por la Municipalidad asuncena. O sea que, según surge de la acusación fiscal, García no solo fue artero, sino también torpe. Huyó hacia adelante, atropellando el Código Penal e ignorando los turnos judiciales, demostrando –retroactivamente– que nunca debió haber sido nombrado por el intendente Mario Ferreiro como director jurídico de la Municipalidad.
También resultó evidente a posteriori que jamás debió fungir de contralor general, cargo para el que fue elegido el 1 de noviembre de 2016, es decir, menos de un mes después de la presentación de su embustero “recurso de nulidad” y un día antes de que la citada Sala lo pusiera en evidencia. Antes de prestar juramento, tuvo el descaro de comprometerse a “recuperar la credibilidad y el proceso de consolidación institucional de un órgano que está desacreditado y azotado por la corrupción”. Los resultados están a la vista.
Con estos antecedentes, es probable que recurra a todas las chicanas habidas y por haber para impedir incluso la audiencia preliminar, cuya fecha debe ser fijada por la jueza penal de garantías Alicia Pedrozo, la misma que dispuso la vuelta a prisión del diputado Ulises Quintana (ANR, abdista), cuyo defensor es justamente el abogado Arias. Ocurre que el hecho punible por el que está acusado quien también llegó a ser procurador general de la República, bajo el Gobierno de Fernando Lugo, conlleva una pena de hasta cinco años de prisión o multa, que en los “casos especialmente graves” puede ser aumentada hasta diez años. Parece claro que el derivado del caso Ivesur SA es uno de ellos y que, en consecuencia, si la Justicia actúa con independencia y firmeza, le costaría bastante al procesado lograr la prescripción de la acción penal o la extinción de la causa abusando del derecho a la defensa. No obstante, quien, por un motivo u otro, no impugnó un fallo arbitral desfavorable para la administración municipal y luego inventó un escrito que nunca tuvo entrada en sede judicial, podría recurrir a múltiples artimañas dilatorias, de modo que conviene que la ciudadanía esté muy atenta.
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Por cierto, nada se sabe hasta hoy de las consecuencias del informe que la Seprelad remitió al Ministerio Público en mayo de 2018 sobre el hecho de que el entonces contralor general no podía justificar el origen de 2.949.111.816 guaraníes, parte de la suma que depositó en dos bancos de plaza entre 2012 y 2017. Se dijo que, “en su momento”, el Laboratorio Forense analizaría los informes de varias entidades financieras, recibidos por la agente fiscal Victoria Acuña en el curso de una investigación abierta por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Si la denuncia de la Seprelad fue desestimada subrepticiamente, la opinión pública tiene derecho a saberlo.
También le gustaría saber por qué, el mismo día en que la Primera Sala del Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial negó haber recibido un supuesto escrito de García, el intendente Mario Ferreiro sostuvo que no se había cometido negligencia alguna y que, de acuerdo a los documentos obrantes en la Municipalidad, el laudo arbitral había sido recurrido en tiempo y forma. ¿Fue engañado el jefe comunal por quien habría producido documentos no auténticos o sigue sosteniendo que el mismo cumplió con su deber? Es de suponer que, a estas alturas, ya estará arrepentido de haber puesto la mano en el fuego por la honestidad del exsubordinado y que, en adelante, no se dejará embaucar por quienes ocupan cargos de confianza en su deplorable administración. A él le corresponde la responsabilidad política por el daño patrimonial que supuso para la Municipalidad la culposa omisión de García. Si este fuera condenado, ¿tendría la dignidad de pedir disculpas a los asuncenos, o dar un paso al costado? Los ciudadanos y las ciudadanas deben repudiar con firmeza estos hechos que parecen verdaderos operativos concertados para seguir metiendo la mano en sus bolsillos.