Metrobús, campo minado sembrado por el MOPC y Mota Engil

Transcurrido más de un año de la suspensión de los trabajos que venía ejecutando la empresa Mota Engil en los tramos 2 y 3 del malogrado proyecto metrobús, esta es la hora en que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no ha sido capaz de finiquitar el proceso de rescisión del fatídico contrato en mala hora suscrito por el entonces ministro de esa cartera, Ramón Jiménez Gaona, con la cuestionada empresa portuguesa.

Toda demora, tanto en la ejecución de un contrato de obra pública como en la eventualidad de que el Estado se vea en la necesidad de rescindirlo por la causa que fuere, es siempre perjudicial para el erario y más bien ventajosa para la empresa contratista. En tal sentido, llama poderosamente la atención que el ministro Arnoldo Wiens haya decidido pasar a las calendas griegas el finiquito de esta bochornosa estafa al anhelo ciudadano en que ha desembocado el proyecto metrobús que, irónicamente, fue impulsado por el Gobierno de Horacio Cartes como una trascendente obra de progreso destinada a beneficiar a los usuarios del transporte público de pasajeros. Esto, pese a las advertencias de que los resultados serían los que finalmente se dieron, dada la forma chapucera en que se lo estaba encarando.

Llamativamente, el MOPC ha tardado más de un año en concluir la auditoría encaminada a esclarecer lo ocurrido en el gerenciamiento del malogrado proyecto, supuestamente un paso obligado para encarar la rescisión del contrato suscrito con la empresa constructora Mota Engil. Sin embargo, prima facie, la cuestión central en el reclamo de la empresa para el finiquito del contrato sería el pago por parte del MOPC de US$ 18 millones en concepto de resarcimiento debido a supuestos perjuicios ocasionados por la demora en la liberación de parcelas de terreno afectadas por los trabajos de construcción.

Ante reclamo público por la dilación en rescindir el contrato, el ministro Wiens, quien había prometido que del metrobús “ni el nombre va a quedar”, anunció hace ya mucho tiempo que, a los efectos de dar un corte final al mismo, su cartera iría a contratar los servicios de una empresa consultora especializada en tal menester. Esto, a fin de evitar que el impasse fuera llevado a un tribunal internacional de solución de controversias, como está previsto en el contrato. Ya pasó casi un año, sin que hasta ahora el público tenga noticia del andamiento de la mencionada gestión. Lo único publicitado por el MOPC es que el informe de la correspondiente auditoría fue remitido tanto a la Procuraduría como a la Contraloría, a los efectos correspondientes.

En un comentario editorial, nuestro diario se hizo eco de la opinión pública centrada en la inquietud de que siendo el único obstáculo para el finiquito de la controversia que traba la rescisión el pago de los US$ 18 millones –en el caso de que las instancias jurídicas pertinentes decidan que corresponde–, la contratación de una asesoría externa implicaría encarecer aún más el proceso de rescisión del contrato, con el riesgo de que finalmente al MOPC le salga el tiro por la culata, obligándolo a pagar no solo lo que la empresa reclama, sino también la consultoría y los trámites judiciales correspondientes. Si esto sucede, el público hasta podría sospechar con razón que el trasfondo del dilatado trámite de rescisión se debería a una suerte de colusión entre las partes para favorecer intereses personales innominados, pero identificables.

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Coincidentemente, refuerza esta sospecha ciudadana lo señalado recientemente por el intendente municipal de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, en el sentido de que la ruta Mariscal Estigarribia continuará en el estado de abandono con las obras inconclusas hasta que se produzca la rescisión del contrato del MOPC con la empresa Mota Engil. “No se puede tocar la ruta hasta que termine el contrato. En eso no fueron sinceros con la ciudadanía”, dijo en alusión a las autoridades del MOPC.

Sugestivamente, su comentario fue más allá de la realidad tangible que puede observarse en el berenjenal en que se ha convertido la principal vía que atraviesa su municipio y cuya solución no podrá hallarse hasta que finalmente el MOPC le rescinda el contrato a Mota Engil, con el consecuente perjuicio económico y ambiental que la persistencia de tal catástrofe implica para la ciudadanía, que mucho ya ha sufrido durante la construcción de la inútil obra y que se ve condenada a seguir sufriendo sine die. “Esta empresa quiere cobrar la totalidad de la obra. Nos puede costar US$ 72 millones”, advirtió el intendente Riveros con sugestivo tono.

El presidente Mario Abdo Benítez y su ministro de Obras Públicas deben tomar nota de la preocupación ciudadana por esta llamativa demora en dar el portazo final a una empresa cuestionable y proceder a limpiar el campo minado denunciado por el intendente de Fernando de la Mora, para evitar así más perjuicios a la ciudadanía y a los contribuyentes, que al final tienen que pagar los platos rotos.

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