En el Día Internacional contra la Corrupción y a solo 72 horas de que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se reúna en la Casa Blanca con el presidente norteamericano, Donald Trump, el Departamento de Estado de los EE.UU. informó que el exsenador y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Óscar González Daher y el exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón, al igual que sus respectivos familiares más cercanos, no podrán ingresar a ese país durante el resto de sus días debido a su “participación en hechos de corrupción significativos”. Como se sabe, el primero guarda prisión domiciliaria, estando hoy procesado por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración jurada falsa, así como por el de tráfico de influencias desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. También el segundo está en prisión domiciliaria, porque se habría enriquecido ilícitamente al no poder justificar unos ingresos por valor de 6.000 millones de guaraníes, entre 2013 y 2017, cuando encabezaba el Ministerio Público.
Si el Secretario de Estado Mike Pompeo tomó tan severa medida, que afecta a dos personas que han ejercido muy altas funciones, es porque cuenta con la “información creíble” de que intervinieron en graves corruptelas, tal como lo exige una reciente Ley de Apropiaciones Continuas, invocada en el comunicado referido. Por cierto, su aplicación fue inaugurada por el Paraguay, junto con Guatemala, Rumania y Kenia, lo que significa que nuestro país está muy bien rankeado en la lista de países en los que el soborno o la malversación están muy difundidos. Al Gobierno estadounidense le habrá llamado la atención que González Daher haya presidido un órgano que se ocupa justamente de velar por la conducta de los magistrados y que Díaz Verón haya dirigido otro que debe “procurar que los hechos punibles de acción penal pública no queden impunes”. Por tanto, bien puede suponer que no debe ser muy limpio un aparato estatal en el que unas autoridades que debían perseguir a los corruptos, dentro de sus respectivas competencias, hayan sido de la misma índole.
En la nota hecha llegar a los medios se lee que “la acción de hoy envía una fuerte señal de que los Estados Unidos están comprometidos a combatir la corrupción sistemática”. Alegra saber que ese país haya percibido la gravedad de dicha lacra y que esté dispuesto a colaborar con sus víctimas para erradicarla, aunque a la vez duela que se haya creído obligado a lanzar una “fuerte señal” debido a la inoperancia o a la complicidad de los organismos nacionales encargados de prevenir y de combatir la corrupción. No se hubiera llegado a tal extremo si la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Poder Judicial, entre otros organismos, hubieran venido cumpliendo con sus respectivas obligaciones. Y, por supuesto también, si el JEM hubiera sancionado ejemplarmente a los jueces y magistrados corruptos y prevaricadores en vez de manipularlos de acuerdo a los intereses de los que mandan, como habría ocurrido durante la gestión de González Daher, según revelan los audios.
De acuerdo a lo señalado por el embajador estadounidense Lee McClenny, la decisión fue adoptada tras un minucioso proceso que duró meses e implicó el cotejo de publicaciones de prensa, testimonios e investigaciones propias, entre otras cosas. En verdad, no tuvo que haber resultado demasiado difícil concluir que González Daher y Díaz Verón habrían perpetrado las fechorías que salieron a la luz. Pero el embajador dijo algo más, que debería conducir a que otros personajes de la misma ralea pongan sus barbas en remojo. En efecto, avisó que hay otras personas que están siendo investigadas y que podrían tener buenos motivos para darse por aludidas. “Tenemos interés en otros individuos”, apuntó, para añadir que “el listado cambia constantemente”, es decir, se está ampliando con mucha frecuencia, lo que es comprensible atendiendo la multitud que conforman los delincuentes instalados en el Presupuesto. Anticipó que tampoco los nombres de los futuros sancionados sorprenderían a nadie, algo que también puede entenderse en un país donde los corruptos no suelen ocultar los frutos de sus desvelos, por la simple razón de que siempre se creyeron impunes. La opinión pública ya puede ir imaginándose a algunos bien notorios en el putrefacto ambiente y confiar en que quienes hayan escapado hasta hoy del Ministerio Público o de la Justicia empiecen a temer que las cosas pueden ir cambiando para mal de ellos. Es decir, que no solo teman los escraches locales, sino, además, sientan el pánico de viajar al exterior ante alguna demanda internacional.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
No será tan fácil ignorar la “fuerte señal” emitida por un Gobierno amigo, que evoca las actuaciones de la embajada norteamericana en la década de 1970 con respecto a los derechos humanos vulnerados por la dictadura. El drama de hoy no es tanto la arbitrariedad, como la corrupción galopante de la que se está tomando nota no solo por el bien de los paraguayos, sino por el de los propios norteamericanos. El lavado de dólares provenientes del narcotráfico, por ejemplo, puede llegar a afectar la seguridad de los Estados Unidos. Es sabido que la Seprelad no se destaca por su eficiencia y que quienes son indiciados de intervenir en dichas operaciones ilícitas suelen estar ligados a las altas esferas. El diputado Ulises Quintana (ANR) y la exdiputada Cynthia Tarragó, ambos procesados, estaban o están en las cercanías del poder político. En 2014, una comisión senatorial de nuestro país denunció que –entre otros– el diputado Freddy D’Ecclesiis (ANR), uno de cuyos primos fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico en 2002, tenía nexos con el crimen organizado. El mencionado embajador señaló también que González Daher y Díaz Verón no podrían “invertir” su dinero en aquel país, lo que conlleva que los que vayan siendo sancionados tampoco podrán recurrir a su circuito financiero para mover el dinero sucio. Tendrán cerrados, pues, los bancos y los aeropuertos norteamericanos, de modo que deberían ir pensando en alternativas.
Es de suponer que se tomará en serio el contundente mensaje, o sea, que el Gobierno nacional, so peligro de quedar también embarrado, se desprenderá cuanto antes de las malas compañías y que tanto los agentes fiscales como los jueces se atreverán a aplicar la ley a los corruptos. La vergüenza que causa la medida del Departamento de Estado debe servir para recordar que las leyes están para ser cumplidas. Es una lástima que se haya tenido que recibir una “fuerte señal” externa en tal sentido, que nos embadurnen el rostro con nuestra propia basura, pero es un consuelo que al menos desde más allá de nuestras fronteras los corruptos reciban y vayan a recibir algún castigo.