El receso parlamentario empieza el 21 de diciembre y termina el 1 de marzo. Por tanto, si hay algún proyecto de ley cuya entrada en vigencia se estima urgente, el Congreso puede apresurar su estudio para sancionarlo antes de las “vacaciones”; en caso contrario, puede postergar su tratamiento hasta el reinicio de las sesiones ordinarias. Por supuesto, lo referente al control del financiamiento de las campañas electorales con dinero sucio no es algo que sea prioritario para una mayoría de legisladores, y, cuanto más se postergue su estudio, mejor. En efecto, en esta cuestión debe atenderse que la legislación ya no puede ser modificada o ampliada una vez que el Tribunal Superior de Justicia Electoral haya llamado a comicios, lo que está previsto para el 6 de marzo.
Pero, en general, parece que lo atinente a la lucha contra el lavado de dinero es una materia que no turba el sueño a muchos senadores y diputados pues, además de dar largas al asunto del financiamiento electoral, prefieren demorar otra iniciativa relacionada al seguimiento del manejo de los ingentes recursos que ingresan a los clubes deportivos por transferencias internacionales de jugadores. En efecto, ambas iniciativas ya no podrán ser aprobadas por el Congreso en los próximos dos meses y medio, salvo que se convoque a sesiones extraordinarias.
El proyecto de ley que incluye a los clubes deportivos y a sus asociaciones entre los sujetos obligados por la Ley Nº 1015/97, “que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, fue presentado en julio de 2015 por el diputado Édgar Acosta (PLRA), y el que modifica varias normas del Código Electoral sobre el financiamiento político fue entregado por varios diputados el último 11 de diciembre. El primer documento tuvo que haber sido tratado, por fin, en la sesión ordinaria de este mismo día, luego de que el 27 de noviembre se aprobara la “moción de preferencia” hecha por el proyectista. Empero, los diputados resolvieron diferir su análisis hasta marzo de 2020, con el acuerdo de Acosta, quien había dejado que su importante iniciativa acumulara polvo durante más de cuatro años. La recordó tras el escándalo relacionado con el dirigente deportivo Ramón González Daher y la presunta transferencia fraudulenta de catorce jugadores entre 2015 y 2018: este último año, el club Sportivo Luqueño habría emitido facturas por 5,5 millones de dólares, recibiendo solo cien mil. El proyecto de ley no había sido motivado por la “triangulación”, que no sería rara en el ambiente futbolístico, sino por un conflicto suscitado entre clubes de primera división y la Asociación Paraguaya de Fútbol, debido a contratos celebrados con una empresa de telefonía móvil.
Al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que está evaluando a nuestro país, le habría gustado que también los clubes deportivos estén sometidos a la normativa que previene y reprime el lavado de dinero, pero los diputados no creyeron oportuno apresurar al menos la media sanción. Uno de ellos –Walter Harms (ANR, “cartista”)– llegó a tildar la propuesta de “irrelevante”, como si el deporte profesional fuera del todo ajeno a la “triangulación” multimillonaria en dólares con el fin de burlar al fisco y legitimar dinero sucio. Hay fuertes indicios de que el Paraguay es un campo fértil para esas maniobras delictivas, de modo que lo hecho al postergar el estudio de la iniciativa implica, por decir lo menos, una flagrante irresponsabilidad. Si no fue tratado durante tanto tiempo es porque a los diputados les tiene sin cuidado. Nada hicieron ni siquiera cuando hace nueve meses se denunció ante el Ministerio Público el lavado de dinero que se habría venido realizando en el club de González Daher.
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El Congreso tampoco se apresuró luego de que en mayo de este año aprobara el desbloqueo de las listas de candidatos. Esta modalidad genera unas “campañas más individualistas”, que imponen “la necesidad del control de los recursos por candidato”, según la atinada exposición de motivos de la iniciativa presentada anteayer en tal sentido. Se sugiere, entre otras cosas, que cada candidato declare bajo juramento los ingresos y egresos que tuvo durante la campaña electoral, incluso en los comicios internos, así como su participación en sociedades. Las declaraciones serán examinadas por una unidad especial integrada por funcionarios de la Justicia Electoral y Contraloría General de la República, con la cooperación de la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Seprelad, las que coadyuvarán “sin perjuicio de las facultades propias del Ministerio Público”. Y, lo que no es menos importante, se propone incluir también a los partidos y movimientos políticos entre los sujetos obligados por la Ley Nº 1015/97, antes referida.
Todo está muy bien, solo que si la iniciativa propuesta se convirtiera en ley, esta no podrá regir para los comicios municipales, sino solo a partir de los generales de 2023. Pasaron siete meses desde el desbloqueo y años de denuncias acerca del dinero sucio que ingresa en las campañas electorales o hasta para comprar un buen lugar en una lista, pero recién ahora se cree necesario –con toda razón– controlar los recursos por candidato y que también las organizaciones políticas sean regidas por la ley sobre el lavado de dinero o bienes.
Se recordará la conversación telefónica en la que el abogado Bernardo Villalba pedía dinero a su defendido –un narcotraficante– para ganar unas elecciones internas de la ANR y tener un “diputado valé”. También se publicó que el exdiputado suplente Carlos Sánchez (“Chicharõ”), procesado por nexos con el narcotráfico y estando requerido por la Justicia, fue recibido nada menos que en Mburuvicha Róga por el hoy diputado Basilio Núñez (ANR, cartista), cuando era “asesor político” de Horacio Cartes. Basta con estos truculentos episodios para ilustrar que el influjo del dinero mal habido en las campañas electorales es de larga data, pero a ningún legislador se le había ocurrido hasta ahora poner el dedo en la llaga, acaso porque a más de uno podría resultarle muy molesto. Para ellos es mejor que el control del lavado de dinero sea lo más laxo posible.
Este es el Poder Legislativo que padecen los paraguayos: indolente para ocuparse de asuntos de suma gravedad, o interesado en que las cosas sigan igual para bien de sus miembros o de sus respectivos allegados.