Fieles a su actitud irresponsable, cada vez peor con el paso de los años, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores han ratificado la Ley N° 6381/19 que dispone el pago de pensiones a personas adultas mayores de 65 años en “situación de vulnerabilidad social”, concepto no definido en la propia norma. Hasta ahora el beneficio alcanzaba a los que cumplían la edad mencionada viviendo en “situación de pobreza”. Esta metamorfosis representará un adicional de US$ 80 millones anuales, que como es fácil suponer saldrá del bolsillo de los contribuyentes. De nuevo se impusieron la irracionalidad y el populismo a los que ya nos tienen acostumbrados nuestros legisladores, por lo cual urge que el Ejecutivo tome recaudos para amortiguar este golpazo que se viene al bolsillo de la ciudadanía.
Con muy buen tino el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, vetó en su momento la propuesta mencionada en consideración de que adolece de numerosas imprecisiones y contradicciones. La normativa hasta ahora vigente, Ley N° 3728/09, autoriza el pago de un equivalente al 25% del salario mínimo legal vigente (cifra levemente superior a G. 500.000) a las personas que se encuentren en estado de pobreza, es decir, aquellos que no estén percibiendo beneficio jubilatorio o de pensión alguna, no tengan otro tipo de sustento y no alcancen un ingreso mínimo que les asegure la compra de una canasta básica de alimentos y servicios.
Como se puede apreciar, en la nueva propuesta aprobada los legisladores eliminaron el término “pobreza” y lo reemplazaron por el de “vulnerabilidad”. A nivel local e internacional existe cierto consenso sobre una definición de lo que representa la pobreza, no así sobre la vulnerabilidad. La ley no esclarece una definición por lo cual los responsables del poder administrador deberán hacerlo al momento de reglamentar la norma con el decreto respectivo. Otro punto débil del texto sancionado por los parlamentarios es que la decisión no cuenta con financiamiento en el Presupuesto General de la Nación 2020 y ni siquiera apunta fuente alguna, que se da por descontado deberá salir de los tributos.
Tampoco se salva de contradicciones en su redacción, como por ejemplo, ordena el abono del beneficio a los adultos mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social, obligando al Estado a implementar registros automáticos y a la inclusión de nombres en la nómina en un plazo perentorio de 30 días, aunque la efectivización recién se hará una vez que exista disponibilidad presupuestaria. A noviembre del presente ejercicio se tienen en los registros poco más de 198.000 beneficiarios que están cobrando esta pensión a un costo aproximado a US$ 200 millones anuales. Conforme a datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), el universo aproximado de los adultos mayores de 65 años que no cobran jubilaciones o pensiones ronda los 400.000 en todo el país, lo cual significa que queda un potencial de 200.000 beneficiarios que podrían sumarse a la lista de clientes del Tesoro, con lo cual se duplicará el costo.
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El Ministerio de Hacienda estima que solo el año que viene esta nueva carga representará unos US$ 80 millones adicionales para las arcas públicas, es decir, cerca de US$ 400 millones en los próximos cinco años. La medida echa por tierra todo el supuesto esfuerzo y los largos discursos de autopublicidad de los legisladores respecto a la aprobación de un presupuesto público austero para el 2020 y significa que en apenas unos cuatro años la actitud populista de nuestros congresistas permitirá que solo este rubro lleve todo lo que supuestamente se recaudará gracias a la reforma impositiva que se implementará desde el próximo 1 de enero, calculada en unos US$ 300 millones anuales. Si las autoridades tienen intenciones de ayudar a los adultos realmente necesitados, deben pensar en mejorar urgentemente sus servicios básicos, especialmente en materia de salud.
Es conveniente que el Poder Ejecutivo inicie inmediatamente una profunda auditoría sobre el destino de este dinero público, teniendo en cuenta las reiteradas denuncias, algunas de ellas bien documentadas mediante publicaciones periodísticas, respecto a la inclusión de “monos” en el listado, muchos de ellos parientes, amigos y fundamentalmente correligionarios de las autoridades regionales y nacionales. Tanta desconfianza levanta la decisión adoptada por nuestros legisladores que se rumorea que la ley tiene por objetivo real blanquear la situación de facto que se da con muchos destinatarios de esta pensión, quienes nunca debieron ser incluidos entre los beneficiarios.
El último “regalo de Navidad” de nuestros legisladores solo viene a confirmar que estamos en manos de unos badulaques oportunistas, ávidos de satisfacer solo sus intereses personales. Está claro que han tomado esta decisión sin siquiera plantearse algún tipo de renunciamiento de sus cuantiosos beneficios, lo que revela la pobreza de autoridad moral que irradian. Una determinación que llega en el momento más inoportuno y que de nuevo saqueará los bolsillos de nuestros compatriotas. Solo queda esperar que el Ejecutivo arbitre las medidas para amortiguar el impacto de este tremendo perjuicio que se viene.