Una rara epidemia afectó a algunos políticos colorados que, de repente, se dieron cuenta de que en esa actividad abundan los averiados y que hay que poner distancia de ellos, no sea que, de rebote, les alcance alguna indeseable chicotada. Tan extraña reacción se produce luego de que organismos de algunos países, en este caso de Brasil y Estados Unidos, comenzaron a señalar con el dedo y adoptar ciertas medidas punitivas contra otrora prominentes figuras de la política y del Gobierno de nuestro país.
En primer lugar, un juez federal brasileño ordenó la prisión preventiva –levantada después– del expresidente Horacio Cartes porque habría cooperado en la fuga de su “amigo del alma” Darío Messer, hoy detenido en su país. Siguió luego la detención en Estados Unidos de la exdiputada y aspirante a la Intendencia de Asunción Cynthia Tarragó por supuesto lavado de dinero. Pero la vorágine no terminó allí, ya que el Departamento de Estado prohibió de por vida el ingreso a su territorio del exsenador Óscar González Daher y del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, y de sus respectivas familias, debido a su presunta participación en “hechos de corrupción significativos”. Y, como si fuera poco, se anunció la instalación en Asunción de una oficina del Buró Federal de Investigaciones, el famoso FBI, para trabajar con las autoridades nacionales en la lucha contra el crimen organizado.
Esas medidas que afectan a varios “manguruyuses” paraguayos adoptadas en el extranjero difieren de la llamativa parsimonia de nuestro Ministerio Público. Por ejemplo, en el caso Cartes-Messer, sobre el cual las autoridades brasileñas emitieron un pormenorizado documento, recién después de varios meses la Fiscalía General del Estado decidió enviar a sus agentes al Brasil, para tener más detalles de ciertos supuestos delitos cometidos en nuestro país. Además, en los últimos días intervino por fin dos casas de cambio que estarían ligadas a las operaciones del célebre “hermano del alma”. Los presuntos autores, así, tuvieron suficiente tiempo para borrar cualquier posible huella, si la hubiere. Pero, hasta la fecha, la fiscalía se abstuvo de indagar sobre los lazos del “doleiro do doleiros” con el ex jefe de Estado.
Mientras nuestro Ministerio Público se toma su tiempo, en el ámbito político colorado se produjeron algunas reacciones ante las mencionadas iniciativas extranjeras que, según parece, les abrieron los ojos sobre ciertas cuestiones de las que quieren dar a entender que no tenían la menor idea. Por ejemplo, el Tribunal de Conducta de la ANR ya excluyó de sus filas a la exlegisladora Tarragó, y el senador Martín Arévalo (ANR) propuso que el mismo destino tengan los sancionados por el Departamento de Estado. También “vio la luz” su colega y correligionario Enrique Riera, quien optó por alejarse del movimiento Honor Colorado, tras despedirse amablemente de su líder, para evitar, según dijo, que en alguna “foto de familia” que llegue a tomarse aparezca con algún “cuestionado”. ¿Qué pasó para que descubra de repente que andaba en malas compañías? Si fuera así, por las dudas podría pedir al presidente del Senado que lo cambie de escaño para no continuar sentado junto a su colega Javier Zacarías Irún (ANR), también “cartista”, hoy investigado en el ámbito judicial. Es probable que este y otros llamativos cambios de actitud de más de un político se deban, sobre todo, a que el embajador estadounidense Lee McClenny anunció que “otros individuos” están en la mira por tener las manos muy sucias, y podrían sufrir las mismas restricciones impuestas a González Daher y Díaz Verón, por lo que sería mejor, nomás, tender un cordón sanitario alrededor de otros posibles candidatos a la sanción del Tío Sam, y ponerlos en cuarentena.
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Un ataque de “sincericidio”, por su parte, sufrió el diputado Walter Harms (ANR, cartista) cuando sostuvo que los corruptos “no están solo dentro de Honor Colorado” y que “el Paraguay está lleno de tránsfugas”. ¿Será posible que colabore con la Justicia y proporcione algunos nombres, por lo menos de los de su movimiento? Todo indica que habló con conocimiento de causa. Más aún, agregó que “siempre” se cruza con “grandes señores que deberían estar en la cárcel”. Podría haber empezado por la propia Cámara que integra con, entre otros, sus correligionarios Miguel Cuevas, Tomás Rivas y Fredy D’Ecclesiis, así como con los liberales Carlos Portillo y Teófilo Espínola, todos ellos procesados, sin olvidar al diputado Carlos Núñez Salinas (ANR), contrabandista confeso. ¿Votará Harms a favor de que a Ulises Quintana (ANR) se le vuelva a otorgar un “permiso” para seguir ocupando una celda por orden judicial?
Si este país está “lleno de tránsfugas”, también lo están, como es lógico, los tres Poderes del Estado, según constató el hoy vicepresidente de la República, Hugo Velázquez siendo presidente de la Cámara en 2014, al referirse al influjo del crimen organizado, es decir, del narcotráfico.
Llamativas también fueron las declaraciones del senador Hugo Richer (Frente Guasu), quien afirmó que “hay varios grupos políticos y económicos que no van a estar tranquilos” con la presencia de los agentes del FBI en nuestro país. Agregó que esta gente no le tiene miedo al Ministerio Público del Paraguay pero sí a los Estados Unidos. Puede pensarse, pues, que muchos legisladores conocen a los malvivientes que pululan en la política y en el sector privado, de quienes recién ahora, por las dudas, quieren alejarse.
Debe celebrarse que, aunque no sean por razones morales sino por las de supervivencia, algunos políticos pretendan mejorar el nivel de sus “amigos”. Y es de apreciar también que al menos desde fuera lleguen ciertas medidas punitivas que, para bochorno nuestro, deberían haber sido adoptadas en el ámbito de nuestra Justicia.