Como era previsible, los diputados en mayoría no quisieron ocuparse en su última sesión ordinaria del año de dos temas esenciales para la anhelada transparencia en el uso de fondos públicos, confirmando así que tienen mucho que ocultar en cuanto a su patrimonio personal y al financiamiento de sus campañas electorales. Como los senadores, también ellos prefieren que la ciudadanía ignore los bienes y las rentas que tenían antes de ocupar un escaño y los que adquirieron durante su labor legislativa. Tampoco están dispuestos a que los órganos estatales y la ciudadanía sepan cuál es el origen de los fondos que invierten de cara a los comicios, incluyendo los internos, donde la plata sucia juega un gran papel. Quedaron así en carpeta dos proyectos de ley favorables a la claridad y contrarios al enriquecimiento ilícito, así como al lavado de dinero del crimen organizado. Los diputados renuentes al escrutinio público apelaron una vez más a la sucia maniobra de dejar sin quorum la sesión ordinaria, artería que repitieron ayer para impedir una extraordinaria que se ocupe de la “trazabilidad” del dinero volcado en las campañas electorales.
En lo que hace a las declaraciones juradas de bienes y rentas, el proyecto de ley de la bancada del Partido Patria Querida elimina la previa intervención judicial para que ellas puedan ser reveladas, según está dispuesto expresamente en la Ley Nº 6355/19, que tuvo una promulgación automática porque el Poder Ejecutivo no la vetó dentro del plazo constitucional, y que entrará en vigencia el próximo 7 de febrero. Conste que la plausible iniciativa contaba con los dictámenes favorables de las comisiones de Legislación y de Asuntos Constitucionales, pero con la fuerte oposición de los diputados abdistas, es decir, de los seguidores del mismo Presidente de la República que no se atrevió a objetar el restrictivo requisito de la previa orden judicial e incumplió su promesa de presentar un proyecto de ley que facilite la publicidad de las declaraciones juradas de bienes y rentas. Claro que la mayoría de los diputados no solo se está protegiendo a sí misma de la legítima curiosidad ciudadana, sino que también está amparando a sus respectivos allegados en la función pública. Así como están las cosas puede pensarse que son muchos los que ingresaron tras el 15 de agosto de 2018 con la intención de aumentar su patrimonio bajo cuerda y no solo mediante el salario cobrado en el ejercicio del cargo.
Alegra que los diputados Derlis Maidana (ANR, cartista) y Manuel Trinidad (PLRA, llanista) hayan cambiado de opinión y que ahora apoyen la publicidad sin el obstáculo judicial, insalvable para el común de los ciudadanos. Como la inseguridad persiste, es improbable que sus colegas liberales Celeste Amarilla (efrainista) y Édgar Ortiz (llanista) hayan desechado su curioso argumento de que los datos difundidos podrían atraer a ladrones. Así las cosas, la severa limitación referida seguiría en vigencia, pese a que en dos instancias judiciales se ha resuelto que la transparencia debe ser mayor cuanto mayor sea la responsabilidad pública. Fue en el caso de la solicitud de un periodista de este diario, denegada por la Contraloría General de la República, que está para ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia. Ojalá que más diputados recapaciten, si no quieren ser tenidos definitivamente por unos caraduras que tienen muchos trapos sucios que esconder. Aunque es como pedir peras al olmo, urge que llamen a una sesión extraordinaria durante el receso parlamentario para aprobar una normativa que, aparte de responder a un derecho ciudadano, servirá para dificultar el enriquecimiento ilícito.
El mismo esfuerzo deberían hacer los legisladores durante el receso para tratar otra cuestión de suma trascendencia, planteada por los diputados Rocío Vallejo (PPQ) y Jorge Ávalos Mariño (PLRA, efrainista). En efecto, el desbloqueo de las listas de candidatos ha hecho aún más perentoria la necesidad de identificar el origen de los fondos utilizados en las campañas electorales, pues cada integrante de las listas en pugna deberá promover su candidatura, para no quedar finalmente relegado. El proyecto de ley apunta a extender los controles de ingresos y gastos de los partidos a los candidatos, ya que, tal como están las cosas, el dinero mal habido llegará con toda seguridad a los bolsillos de los inescrupulosos, muy bien representados en el escenario político. Como será una muy buena ocasión para lavar lo recaudado en el narcotráfico, conviene que se exija la declaración jurada de bienes y rentas de cada candidato y que haya cuentas bancarias auditables, incluso en los comicios internos, tal como se prevé en la iniciativa comentada, que apunta a la “trazabilidad” de los fondos.
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Atendiendo los diversos antecedentes relativos a los vínculos entre legisladores y el crimen organizado, denunciados incluso en la Cámara Alta y ante el Ministerio Público, es de temer que ellos se vuelvan aún más estrechos y numerosos que en el pasado, si no se sanciona cuanto antes la normativa propuesta. Si hubiera honestidad, no habría razón para demorar el estudio y la aprobación de una iniciativa tan importante para transparentar la actividad política. Por el contrario, se están buscando pretextos para dilatar su tratamiento con el fin de que no entre en vigencia para las próximas elecciones municipales, las que serán convocadas por la Justicia Electoral el 6 de marzo de 2020. El cartismo estaría de acuerdo con la iniciativa “en líneas generales”, pero pide “mayor tiempo para un mejor estudio”, y se compromete a aprobarla “en las primeras semanas de marzo”, a sabiendas de que ya no regiría para los próximos comicios. Debería explicar por qué tanta renuencia. La evidente hipocresía de esta actitud exime de mayores comentarios, salvo el de subrayar el desinterés por transparentar el financiamiento político, aunque no vayan a estar en juego los escaños.
Por cierto, no está de más señalar que la denuncia formulada contra el presidente del Directorio del PLRA, Efraín Alegre, con respecto a una deuda partidaria de 38.000 millones de guaraníes, sería solo una muestra más del pésimo manejo del dinero público y privado en el ámbito político.
En suma, si no tuvieran nada que ocultar, los miembros de la Cámara de Diputados, que se dice “honorable”, deberían renunciar a un par de días de sus mal ganadas pero bien remuneradas “vacaciones”, para aprobar que salgan a la luz pública sus respectivos caudales y los de sus allegados, así como las contribuciones que unos y otros reciban para las contiendas electorales venideras. Pero parece que no quieren malquistarse y poner en riesgo el apoyo de sus financistas entre bambalinas. En otras palabras, quieren continuar recibiendo dinero sucio y que no se conozcan sus bienes y rentas. Los ciudadanos y las ciudadanas deben expresarles públicamente su repudio.