La renuncia de Mario Ferreiro a la Intendencia Municipal de Asunción, provocada tras una grave denuncia del procesado Camilo Soares, exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), fue una buena noticia para la ciudadanía capitalina. Sin modestia alguna, Ferreiro calificó su decisión como un “acto de grandeza”, fundado supuestamente en la necesidad de “precautelar el correcto funcionamiento” de una ciudad que no merecería una intervención “despiadada” debida a “apetencias políticas”, según dijo.
En verdad, lo que Asunción no merecía es seguir soportando una gestión signada por la ineficiencia y la corruptela, con la complicidad de la gran mayoría de los ediles, entre los que cabe nombrar a Augusto Wagner (PLRA) y a Julio Ullón (ANR), también involucrados por Soares en negocios turbios y en licitaciones amañadas. Ferreiro anunció que seguirá bregando por “una sociedad más justa e igualitaria”, lo que resultaría plausible siempre que no lo vuelva a hacer en el ámbito municipal, en donde su gestión fue sencillamente desastrosa.
También dijo que pidió a la Contraloría General de la República que publique su declaración jurada de bienes y rentas y que dejaba el cargo con un patrimonio inferior al que tenía cuando lo asumió el 21 de diciembre de 2015. Lo primero es elogiable y lo segundo se podría tomar por cierto, con la salvedad de que si no robó, habría dejado robar, según fuertes indicios que surgieron, por ejemplo, en el caso de los adefesios montados ilegalmente en el paseo central de la Avenida Quinta y en el detonante de su pronta dimisión. Esta vez se develó una sórdida trama político-delictiva en la que estarían implicados dos sobrinos suyos, la exdiputada del P-MAS Rocío Casco y tres ex altos funcionarios, como Marcelo Mancuello, que dirigió su Gabinete.
Ferreiro atribuyó la denuncia a una “pelea brutal” dentro del partido mencionado, cuyo presidente –el chicanero Soares– fue imputado en 2010 por una sobrefacturación en la compra de panificados para la SEN –los famosos “coquitos de oro”–, sin que hasta hoy haya sido juzgado. También integra esa organización política la exdiputada Karina Rodríguez, que ingresó en la administración de Ferreiro tras renunciar a su banca en 2015, porque habría firmado una planilla de asistencia para ocultar la ausencia de un asesor extranjero suyo.
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El Ministerio Público cree que los miembros del grupo “Asado de fin de semana”, en “Telegram”, que se habría dedicado a recaudaciones municipales paralelas, cometieron los delitos de tráfico de influencias, coacción, coacción grave y lesión de confianza, juntos o por separado. Algunos de esos males son habituales en la función pública en tanto que la “coacción grave” es más bien propia del hampa, de modo que se le habría podido dar la razón al asesor jurídico de la Municipalidad, Juan Carlos Ramírez Montalbetti, cuando dijo que “se encuentra en juego la imagen de esta administración”, si no fuera porque ella ya estaba muy deteriorada. Lo ocurrido fue solo la gota que colmó el vaso, aunque el principal responsable no quiera admitirlo.
En la conferencia de prensa que ofreció para anunciar su renuncia no hubo el menor atisbo de autocrítica, de modo que es bueno recordar algunas de sus promesas incumplidas. Al ocupar el cargo que tan mal ejerció, se obligó a impulsar una “administración transparente y honesta, a desburocratizar la Municipalidad y hacer que el contribuyente esté en primer lugar”. Lo que hizo fue tolerar la corrupción, mantener el notorio exceso de funcionarios y retribuir al contribuyente con calles y veredas estropeadas, basuras por doquier y plazas céntricas ocupadas durante meses. También anunció que haría “hincapié en la transparencia y en el mejoramiento de la capacidad de gestión”. Sin embargo, nunca se supo el resultado del sumario administrativo que se había abierto por el escándalo de la Avenida Quinta; la incendiada estación terminal de ómnibus aún no ha sido reparada del todo; la Municipalidad perdió el arbitraje en el caso Ivesur SA; construyó una costosa bicisenda que nadie usa, y el nuevo sistema de gestión tributaria ha sido objetado por la Contraloría, entre otras muchas cuestiones incompatibles con la transparencia y la capacidad de gestión.
Estuvo en lo cierto al afirmar, en su primer discurso como intendente, que recibía una ciudad que estaba “en emergencia social, ambiental, administrativa y de infraestructura”. El serio problema es que sigue en las mismas condiciones, porque Ferreiro no tuvo el coraje de abandonar el prebendarismo que tanto afecta a la administración municipal. En otras palabras, se ajustó a las tradicionales reglas del juego para congraciarse con la gran mayoría de los concejales, acostumbrados a mantener una vasta clientela a costa de los contribuyentes y a hacer uso y abuso de su dinero para viajar por todo el mundo, entre otras pillerías. Y claro, también él endeudó a la Municipalidad emitiendo bonos para pagar salarios y aguinaldos a los más de ocho mil “servidores públicos” municipales, en su gran mayoría inútiles.
En suma, quien se postuló como el intendente que cambiaría las cosas, que se desprendería de añejas prácticas, terminó siendo uno más del montón. Fue una gran decepción para los asuncenos que confiaron en que una figura nueva, ajena al mundillo de la politiquería reinante, mejoraría su calidad de vida con honestidad y eficiencia. Empero, terminó haciendo más de lo mismo y tuvo un final bastante lamentable. Ojalá que la ciudadanía aprenda la lección y que en los próximos comicios municipales sea mucho más exigente con los candidatos, sin dejarse engañar por la buena imagen y las bellas palabras.