El Grupo de Trabajo Lava Jato, de la Fiscalía Federal brasileña, acusó formalmente a Horacio Cartes de haber contribuido con 500.000 dólares a que su “hermano del alma” Darío Messer estuviera prófugo durante catorce meses, teniendo un pedido de captura en el país vecino y otro en el nuestro. El dinero habría sido entregado en junio de 2018 a través del brasileño Roque Fabiano Silveira, un presunto contrabandista de cigarrillos residente en Salto del Guairá. En aquel entonces, el hoy acusado ejercía la Presidencia de la República y “tenía conocimientos detallados de cómo se escondía Messer”, según los investigadores brasileños, quienes también afirmaron que “integró y financió una organización criminal brasileña con tentáculos profundos en el Paraguay”. En su acusación, los once fiscales del vecino país sostienen que en nuestro medio “la rama de la organización Messer (...) era tan poderosa que le permitió continuar ocultando grandes sumas de dinero ilícito –se movieron alrededor de US$ 1,5 millones– y financiar su fuga”. Parte de lo antedicho ya se leía en la orden de prisión preventiva dictada en noviembre último contra el exjefe de Estado por el juez federal brasileño Marcelo Da Costa Bretas y levantada días después por un ministro del Supremo Tribunal de Justicia del Brasil, en virtud de un pedido de habeas corpus preventivo.
Una parte del escrito dice: “A partir de apurações da Operação Patrón, o Ministério Público Federal (MPF) ofereceu à Justiça denúncia contra 19 pessoas, incluindo os doleiros Dario Messer e Najun Turner e o ex-presidente do Paraguai Horacio Cartes. Na denúncia apresentada ontem (19/12) à 7a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, a Força-tarefa Lava Jato/RJ pediu a condenação de 11 brasileiros, sete paraguaios e um uruguaio, além de Messer, naturalizado paraguaio. Eles foram acusados de formar uma organização especializada em lavagem de dinheiro e outros crimes que operava pelo menos desde os anos 2000”. (“Con base en los hallazgos de la Operación Patrón, la Fiscalía Federal (MPF) presentó cargos contra 19 personas, incluidos Darío Messer y Najun Turner y el expresidente paraguayo Horacio Cartes. En la denuncia presentada ayer (19/12) ante el 7° Tribunal Penal Federal de Río de Janeiro, el Grupo de Trabajo Lava Jato / RJ solicitó la condena de 11 brasileños, siete paraguayos y un uruguayo, además de Messer, naturalizado paraguayo. Estos fueron acusados de formar una organización especializada en lavado de dinero y otros delitos que operaban, al menos, desde la década de 2000”) (las negritas son nuestras).
La Fiscalía Federal se ratifica, pues, en lo antes expuesto y vuelve a poner en muy serio entredicho tanto la honestidad como la eficiencia de las autoridades nacionales, empezando por el propio Horacio Cartes, cuando ocupaba el Palacio de López. Los resultados de sus pesquisas son gravísimos en la medida en que se refieren a un hecho punible que habría sido cometido por quien estaba al frente de la República, y ayuda a entender por qué el “cambista de cambistas” no fue capturado en nuestro país. Es que podía sentirse muy cómodo y seguro, incluso para ocultar grandes sumas de dinero sucio y concurrir, estando ya requerido por la Justicia, a una escribanía para otorgar poder a su abogada. Con anterioridad a su orden de captura, formó parte de la comitiva presidencial en un viaje oficial a Israel y en las negociaciones en torno al fallido hotel-casino en Ciudad del Este. Al fin y al cabo, estaba en su propia casa, pues había obtenido la nacionalidad paraguaya, gracias a la asesoría jurídica de abogados del Grupo Cartes. Se le abrieron muchas puertas, no solo porque era un potentado, sino también –y sobre todo– porque gozaba de la estrecha amistad del jefe del Poder Ejecutivo, desde aquellos tiempos en que este tuvo que refugiarse en Ponta Porã y no precisamente por motivos políticos. Se diría que retribuyó bastante bien el apoyo que allí había recibido de la familia Messer, ligada ya entonces a operaciones de cambio, al igual que el propio ex primer mandatario.
El problema para la generalidad de los paraguayos es que la imagen internacional del Paraguay ha quedado aún más deteriorada. Si no se ve muy bien que un ex fiscal general del Estado y un exsenador guarden prisión domiciliaria, con prohibición de visitar Estados Unidos durante el resto de sus días, el hecho de que la Fiscalía Federal brasileña tenga indicios de que Horacio Cartes integró y financió una organización criminal se ve aún peor. Vender grandes cantidades de cigarrillos sin mirar a quién es menos dañino para el país vecino que auxiliar a un prófugo que lavó unos 1.600 millones de dólares provenientes de la corrupción.
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Cualquiera sea el desenlace judicial de las actuales tribulaciones del expresidente, lo cierto es que ellas evidencian que los “tentáculos” del crimen organizado pueden llegar a las altas esferas paraguayas, como bien lo saben el exdiputado y hoy vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y varios legisladores. Es preciso cortarlos con la ley en la mano, “caiga quien caiga”, para que este país se redima del escándalo que supone que sus autoridades resulten muy accesibles para los mafiosos internacionales. Para ello, es imperioso que la Fiscalía General del Estado cumpla con su deber de perseguir de oficio los hechos punibles de acción pública, sin necesidad alguna de que un sospechoso pida ser investigado. También es preciso que tome en serio las conclusiones de una Comisión Bicameral de Investigación, como la que se ocupó de las andanzas del “hermano del alma”, mencionando, entre otros, a un cambista, Lucas Mereles, que, según la Fiscalía Federal brasileña, movió en el Paraguay casi 20 millones de dólares de la “red Messer”, entre 2011 y 2017, sin que nadie lo advirtiera. También la Seprelad, por supuesto, debería ser mucho más diligente de lo que fue bajo la jefatura de Óscar Boidanich, quien recién al cabo de tres años entregó al Ministerio Público los reportes del Banco Nacional de Fomento sobre ciertas operaciones dudosas del brasileño. Por su parte, la Superintendencia de Bancos tiene que prestar mucha mayor atención a las casas de cambio, como eventuales canales para el lavado de dinero. Y, desde luego, la Policía Nacional debe tratar de hacer efectiva una orden de captura internacional sin tener en cuenta los vínculos del afectado.
El Paraguay debe dejar de ser un paraíso para los mafiosos, debido a la permeabilidad del aparato estatal. Un delincuente extranjero no debería obtener una carta de naturalización ni integrar una comitiva oficial ni, mucho menos, ser ayudado por el Presidente de la República cuando está siendo buscado por la Justicia de dos países. Nuestro país sufre un daño tremendo cuando su nombre aparece como amparo y reparo de delincuentes.