El año pasado terminó con una excelente noticia para quienes creen que los ladrones de fondos públicos deben ser castigados de acuerdo a la ley. En efecto, al condenar a seis años de cárcel al exintendente de Puerto Pinasco Nelson Carreras (PLRA), y a cuatro años y seis meses de igual pena a su extesorero Luis Irala, por haberse apropiado de más de 10.278 millones de guaraníes del Fonacide, el Tribunal de Sentencia integrado por Gregorio Paciello, Corina Sanabria y Sonia Villalba, prestó un muy buen servicio a un país harto de la impunidad reinante. Ojalá que el fallo tenga un efecto disuasivo sobre los políticos comunales que serán electos o reelectos en los comicios del próximo 8 de noviembre, para que no caigan en la tentación de robar o de seguir robando, con el auxilio de funcionarios, aquellos recursos previstos por la Ley N° 4758/12 para financiar proyectos de infraestructura educativa y de almuerzo escolar.
Es ruin atentar contra el futuro de niños y jóvenes, así como permitir, mediante la desidia o el encubrimiento, que los bandidos gocen de los frutos del latrocinio. Aparte de ir tras las rejas, deben reparar el daño causado, es decir, deben cargar con la responsabilidad civil emergente de un delito que, en este caso, es continuo: no se roba de una sola vez, sino durante todos los años del mandato. Carreras e Irala lo habrían hecho entre 2010 y 2015, inventando firmas constructoras que no levantaron las obras adjudicadas sin licitación, contratando consultores ficticios o haciendo figurar a mecánicos y choferes como “técnicos especialistas”. Algo habrá aprendido de esas fechorías Digno Acosta (PLRA), quien asumió como intendente interino en 2015 y fue imputado dos años más tarde en el mismo proceso.
Puerto Pinasco está muy lejos de ser el único de los 255 municipios donde el dinero del Fonacide se esfumó masivamente desde 2013, tanto que no es temerario suponer que lo mismo ocurre en la mayoría de ellos. Lo llamativo del caso es que se trata solo del segundo dúo sentenciado por tal motivo, pues el primero lo integran el exintendente Roberto Chávez Pasotti (ANR) y el extesorero Pablo Verón, ambos de Laureles, punidos en abril de 2019 a siete y a cinco años de prisión, respectivamente, por haber causado un daño patrimonial de 1.908 millones de guaraníes. Por lo que hasta hoy se sabe, bien puede calificarse de original al exintendente Hernán Schlender (ANR), de Jesús de Tavarangüé, imputado el año anterior, junto al exfuncionario Senón Cáceres, por haber causado un perjuicio de 7.418 millones de guaraníes: habría llegado al colmo de emplear la cuenta del Fonacide para lavar dinero del narcotráfico. Hay otros exintendentes procesados, entre los que se destacan los chicaneros Roberto Cárdenas (ANR), de Lambaré, y César Balbuena (PLRA), de Santa Elena. Hay dos que siguen en funciones: el de San Antonio, Raúl Mendoza (PLRA), y el de J. Augusto Saldívar, Daniel Báez (PLRA), siendo de esperar que a estos se sume pronto Pedro Chávez (ANR), de Mayor Otaño, denunciado por el supuesto uso ilícito de los recursos del Fonacide, constatado por la Contraloría General de la República.
Dada la masiva defraudación imperante, este órgano debe reforzar con urgencia los recursos humanos y materiales destinados a velar por el correcto empleo del dinero destinado a los centros educativos públicos, a través de los Gobiernos locales y departamentales. Ellos deben presentar informes periódicos de su inversión, so pena de no seguir recibiendo los fondos, según el ignorado art. 5° de la Ley N° 4758/12: “Para disponer de dichos fondos, las Gobernaciones y las Municipalidades deberán estar al día con la rendición de cuentas de las partidas provenientes de este fondo (Fonacide), que hayan sido recibidas con antelación”. Como el plazo actual vence el próximo 15 de enero, es preciso que esta norma se cumpla y que si la Contraloría detecta alguna grave irregularidad, la denuncie de inmediato al Ministerio Público. Conviene que ambas entidades presten especial atención a lo que ocurra en la materia en el curso de este año, dado que puede ser irresistible la tentación de desviar recursos para financiar campañas electorales. Y también que pongan bajo la lupa a los ediles, ya que la malversación supone que intervengan en muchas ocasiones, aprobando a sabiendas licitaciones amañadas, por ejemplo. Hasta ahora no hay un solo concejal que haya sido tan siquiera imputado por su participación necesaria en el pillaje.
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Empero, hay que insistir en que la ciudadanía no se cruce de brazos, limitándose a aguardar que los organismos de control cumplan y hagan cumplir la ley. Para que ello ocurra, es necesario que se valgan de los mecanismos legales de participación ciudadana en las sesiones de la Junta Municipal y en las de sus comisiones asesoras. Habrá que vencer el temor comprensible, pues el reciente caso de Mayor Otaño muestra que los sinvergüenzas amenazan con represalias –y hasta las ejercen– para que la gente cierre la boca. Sobre todo en las pequeñas localidades, el enriquecimiento ilícito puede resultar evidente, de modo que los pobladores deberían abrir también los ojos para que los facinerosos no los tomen por idiotas. También los medios de prensa locales tienen mucho que hacer en favor de la transparencia, sacando a la luz los manejos turbios del dinero del Fonacide.
La referida condena del último fin de año es saludable y debe servir de aliento a las personas de bien para unirse y denunciar públicamente a los sinvergüenzas que lucran con fondos destinados a la formación de los niños y jóvenes de nuestro país.