A partir del pasado 1 de enero, rige la nueva reforma fiscal, calificada por muchos de impuestazo, aprobada por Ley N° 6380/19 de “Modernización Tributaria”. Aunque las autoridades han insistido en que la normativa solo traerá más equilibrio y una mayor justicia en el aporte de los diferentes grupos económicos, lo cierto y lo concreto es que la misma contempla la creación de nuevos tributos, el incremento de las tasas de algunos ya existentes, la eliminación de una serie de gastos deducibles y la extensión a sectores que hasta el año pasado no estaban al alcance de las manos del Fisco. Acertadamente, algunos gremios empresariales han advertido que el momento de su aplicación es inoportuno a raíz del parate económico con el que cerró el 2019. Lo más grave es que el propio balance del Ministerio de Hacienda respecto a la ejecución del Presupuesto público ya aventura que la recaudación adicional que se piensa obtener solo servirá para satisfacer el apetito de un Estado fofo que requiere urgentemente de una profunda reforma en sus gastos.
El Ministerio de Hacienda ha dado a conocer días atrás los números de cierre de sus cuentas, que permiten apreciar claramente cuál es la situación real de nuestro país en materia de políticas públicas. La difícil coyuntura económica ha sentenciado al Fisco a un escuálido crecimiento en sus ingresos tributarios de apenas 1,7% durante los doce meses del 2019, porcentaje que en términos reales representa una caída respecto al año anterior, considerando que la inflación anual medida por el Índice de Precios del Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay (BCP) fue del 2,8%. Existe un consenso en que el Producto Interno Bruto (PIB) registrará un estancamiento, con la posibilidad de que incluso termine con un crecimiento negativo de recesión.
Los datos oficiales muestran que la recaudación tributaria registrada por el Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) representa el 9,9% del PIB estimado. Las autoridades usan este dato para insistir en que en el país se pagan pocos tributos y que por ello se justifica un ajuste en la “tuerca” fiscal. Sin embargo, los responsables de la administración del Estado se cuidan muy bien de difundir los números reales que deben incluir los montos de las contribuciones a la seguridad social, tanto de trabajadores públicos como privados, así como de los pagos que realizan anualmente los ciudadanos en las municipalidades en concepto del Impuesto Inmobiliario. Con estos adicionales, se reconoce extraoficialmente que en realidad la presión tributaria paraguaya supera el 16%, con lo cual no se ubica muy lejos de países mucho más desarrollados de la región.
No cabe ninguna duda de que el 2019 ha sido un año importante en materia de inversiones públicas, con un incremento del 44% respecto al año anterior. La política del Poder Ejecutivo fue incentivar esta acción contracíclica en la búsqueda de una reactivación de la economía, aunque haya pagado un alto costo en cuanto al déficit fiscal (más gastos que ingresos financiados con endeudamiento) que cerró el ejercicio en 2,8% del PIB. Esto le ha obligado a pedir por primera vez en la historia, desde que rige la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), la autorización correspondiente del Legislativo para romper el tope del 1,5% que establece la norma y que ha permitido al Paraguay mantener su equilibrio fiscal en los últimos años. Está claro que no se ha tratado de una medida transitoria, pese a los discursos oficiales, ya que inmediatamente el Ministerio de Hacienda ha iniciado una campaña para impulsar un proyecto de ley que busque una modificación permanente de la LRF con la intención de que el Ejecutivo disponga de una mayor discrecionalidad en esta materia.
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Los números oficiales muestran que los gastos del Gobierno Central se han incrementado en 8,2% durante el año pasado, porcentaje menor al ejercicio anterior, pero con un detalle importante: que dicha variación responde en gran parte al aumento en los gastos por remuneraciones del personal público, que totalizaron G. 1 billón 230.000 millones (US$ 200 millones), relacionado con mejoras salariales para maestros, personal de salud y militares. Esta cifra representa el triple del aumento que obtuvo el Estado en ingresos tributarios globales, que ascendió a apenas G. 400.000 millones (US$ 65 millones).
La reforma tributaria comenzó a regir en este contexto. La ley fija mayores tasas para determinados rubros del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), aunque las subas estén en suspenso temporalmente; menores deducciones para los contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal (IRP), con lo cual los aportes serán muy superiores; mayores tributos para el sector productivo con el Impuesto a la Distribución de Utilidades (IDU) y a los empresarios en general; la reformulación del esquema de liquidaciones para los medianos y pequeños contribuyentes, solo por citar algunos.
Durante el ejercicio 2019 las remuneraciones a los funcionarios públicos se llevaron el 70% de los ingresos tributarios, sin incluir las transferencias para sueldos a ciertas entidades descentralizadas ni los siderales subsidios a la Caja Fiscal. El crecimiento de los gastos en personal ha triplicado la poca mejora en las recaudaciones de tributos, conforme a los números oficiales. Es fácil predecir que la reforma tributaria tan cacareada solo será un pequeño bocado para las fauces de un Estado voraz e ineficiente. El apuro y la tozudez de las autoridades en creer que esta reforma les ayudará a tapar agujeros inmediatamente, en realidad podrían terminar por frenar o aletargar una necesaria recuperación económica. Además, ignora el cansancio de una ciudadanía harta de ver cómo se dilapida su dinero.