Lo ocurrido el pasado domingo en la víspera del día de Reyes, con el copamiento de calles por parte de vendedores informales de Asunción y sus alrededores, es apenas un síntoma más de la grave enfermedad que aqueja a nuestro país. Más allá de los sueños mágicos de los niños que esperan ansiosos sus obsequios, la gigantesca economía subterránea que consume al Paraguay se está convirtiendo en la realidad que les privará a esos mismos niños de una vida más digna a futuro. Los responsables de la lucha contra el comercio informal de productos de contrabando, falsificados o vendidos evadiendo tributos al Fisco tienen nombres y apellidos en diferentes instituciones estatales. Lamentablemente, se han lavado las manos ante esta escandalosa actividad ilegal a la vista de todos. Esto ocurre en momentos en que la Subsecretaría de Tributación del Ministerio de Hacienda pide sacrificio a los contribuyentes mediante un ajuste de la “tuerca fiscal”.
Que la informalidad se ha apoderado de las calles no es una novedad. Basta con dar un breve paseo por los diferentes puntos de la capital, en el mismo microcentro de Asunción sobre la calle Palma en las narices del Ministerio de Hacienda, o de las ciudades del área metropolitana y las zonas fronterizas, para concluir rápidamente que aún estamos lejos de ser un país serio. Un informe elaborado por la Asociación PRO Desarrollo Paraguay revela que durante el último año la economía subterránea, que contiene la informalidad, representó el 40,3% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a US$ 16.522 millones. Los números son realmente alarmantes y demuestran que las actividades ilícitas, no solo de contrabando de cigarrillos, armas, ropas o cualquier otro producto, sino también el tráfico de drogas y la piratería, entre otros, mantienen una alta incidencia en la vida nacional.
Ante el último acontecimiento ocurrido sobre la avenida Eusebio Ayala, donde vendedores informales cerraron el tránsito con sus locales improvisados, fueron consultadas varias autoridades, sin que ninguna haya asumido su cuota de responsabilidad. El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, explicó que intentaron liberar la zona con personal de la Municipalidad, pero ante la violenta reacción de los vendedores tuvieron que pedir auxilio a la Policía Nacional, la cual también se vio rebasada. La ubicación fue anunciada días antes por los propios informales; sin embargo, no se tomaron las medidas preventivas del caso. Peor aún, los agentes de tránsito municipales liberaron la avenida de vehículos para que se pudiera comerciar libremente. En contrapartida, se trata de una administración que, con fiscalizaciones, no deja respirar a los establecimientos comerciales legalmente establecidos.
El ministro del Interior, Euclides Acevedo, por su parte, dijo que el control de los paseos centrales y de las veredas corresponde al municipio y no a la Policía, la que solo debe actuar en caso de ser rebasados los agentes de la comuna; precisamente, fue lo que ocurrió. Por su parte, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, adujo también que la Municipalidad es la responsable de evitar la instalación de informales en la vía pública, que carece de atribuciones para actuar en este tipo de situaciones y que ellos solo pueden intervenir los locales formalmente establecidos, conforme a la ley impositiva vigente. La conclusión: un nuevo “peloteo” feroz entre las autoridades.
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Un repaso rápido a la legislación vigente permite observar que todas estas instituciones tienen injerencia y responsabilidades puntuales para este tipo de situaciones. El art. 189 de la Ley N° 125/91, del Nuevo Régimen Tributario, dispone que el Fisco cuenta con las más amplias facultades de administración y control, citando a modo de ejemplo cuestiones particulares. El art. 12 de la Ley 109/91, que regula el Ministerio de Hacienda, determina que la Subsecretaría de Tributación tiene a su cargo la ejecución de todas las disposiciones legales relacionadas con tributos fiscales, su percepción y fiscalización. La Ley N° 2422/04, del Código Aduanero, desde su art. 1, otorga a la Dirección Nacional de Aduanas la potestad de actuar en zona secundaria ante casos de contrabando, mediante la represión o decomiso de las mercaderías.
El art. 4° de la Ley N° 222/93, Orgánica de la Policía Nacional, otorga a la institución amplias facultades para intervenir ante la violación del orden público, prevenir la comisión de delitos, intervenir de oficio por denuncias de hechos delictuosos, detener a las personas por hechos ilegales o sospechosos, entre muchas otras cosas. La Ley N° 1562/00 obliga al Ministerio Público a velar por el respeto y las garantías constitucionales, promover la acción penal pública en defensa del patrimonio público, social, del medio ambiente y otros intereses difusos, pudiendo actuar de oficio (arts. 1° y 5°). Además, existe una Unidad Institucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando que cuenta con un comité en el que están representadas unas 14 instituciones. El Ministerio de Industria y Comercio y las Municipalidades tienen normas que establecen claramente sus atribuciones y responsabilidades en este mismo sentido.
Como puede apreciarse, leyes e instituciones responsables sobran. ¿De dónde salen tanta mercadería y tantos vendedores informales? ¿Dónde están los papeles que demuestran la legalidad de estas mercancías? ¿Cuánto dinero ingresaron la Municipalidad y el Fisco por estas ventas? ¿Dónde están los nombres de los vendedores? Como todos se lavan las manos, nadie responderá estos interrogantes. Mientras tengamos autoridades timoratas y sin compromiso, el Paraguay seguirá siendo el paraíso del contrabando, de la piratería, de la evasión, del tráfico de productos ilegales y del incumplimiento de las ordenanzas municipales. El vergonzoso e indignante “peloteo” entre las autoridades gubernamentales deja a los comerciantes legales como verdaderos idiotas por pagar con sacrificio todos sus tributos y mantener legalmente a sus empleados. Es el propio Estado, a través de sus representantes, el que instala una competencia desleal, donde el contribuyente formal sale perdiendo. Es el propio Estado el que está así robando el sueño y el futuro a nuestros niños.