Casi desde el inicio de su gestión, la presidenta de Petropar, Patricia Samudio, ha tenido varios cuestionamientos, que revelaron su ineptitud y su insensatez en la toma de decisiones. La gota que colmó ahora el vaso es lo bastante grave y compromete seriamente a la misma. En efecto, tres remolcadores y 20 barcazas fueron enviados en vano al Río de la Plata para recoger 40.000 metros cúbicos de gasoíl que debían ser proveídos del 28 al 30 de diciembre últimos por la firma argentina Sol Petróleo SA, a un costo de 124.802 millones de guaraníes. Volvieron con las bodegas vacías, de modo que Petropar inició el proceso de rescisión del contrato celebrado con dicha firma, sin licitación.
Samudio se negó a dar explicaciones acerca de la frustrada operación, pero sus voceros afirmaron que Petropar no sufrió un daño patrimonial, y que los gastos del inútil viaje de las barcazas, que llegan a más de 300 millones de guaraníes, serán cubiertos mediante la ejecución de la póliza otorgada por la contratista que incumplió lo acordado. Sin embargo, fuentes relacionadas con el transporte de combustibles estiman que esos gastos habrían ascendido a más de ocho mil millones de guaraníes (alrededor de 1.600.000 dólares), en tanto que la citada póliza llegaría solo a 975.000 dólares.
En verdad, no debería sorprender el fiasco en cuestión, dado que ya en octubre del año pasado, apenas concluidas las contrataciones directas, se había señalado que Sol Petróleo SA, representada por Yamir Sawaya y Carlos Fernández, de quienes poco se sabe, es una empresa totalmente desconocida en el ámbito de la provisión de combustibles. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) había pedido a Petropar que justifique por qué adjudicó el contrato de provisión de gasoíl a la quinta mejor oferta de las diez presentadas. A fines del mismo mes, aún no lo había hecho, de modo que la DNCP no sabía cuáles eras las condiciones favorables de la operación. Lo habría sabido después, ya que llegó a emitir el código de contratación necesario para realizar la compra. Es inconcebible que Patricia Samudio haya concretado una operación tan importante con una firma dudosa, pese a las advertencias que se formularon en tal sentido.
Para justificar la operación, la presidenta de la empresa estatal declaró en su oportunidad a la prensa que, en el caso de la hoy fallida compra de gasoíl, se lograría un ahorro de casi 1,3 millones de dólares y que la contratación no tenía “ningún riesgo”, pues los pagos se realizarán tras recibir la carga y, además, se contaba con una póliza. Alegó también que “las empresas grandes fueron las únicas proveedoras” y que ahora se incluían “nuevos actores para conseguir ventajas”, de lo que se deduce que prefirió contratar con una firma “pequeña”, aunque su oferta no haya sido la más baja y careciera de antecedentes en la materia, para renovar el plantel de proveedores habituales. Resta saber cómo terminó convenciendo a la DNCP de que la quinta mejor oferta implicaba una ventaja para Petropar. Lo que resulta claro es que la maniobra fracasó porque no se atendieron los antecedentes de la contratista, algo exigido por el art. 34 de la Ley Nº 2051/03, referido a la contratación directa: “Las ofertas se aceptarán siempre que provengan de personas físicas que cuenten con la solvencia técnica, económica y legal suficiente para responder a los compromisos asumidos frente al Estado (...) y que su actividad comercial o industrial se encuentre vinculada con el tipo de bienes, servicios u obras a contratar” (las negritas son nuestras). Se ha confirmado que Sol Petróleo SA no reunía esas condiciones imprescindibles, es decir, que la presidenta de Petropar habría violado la ley y quedó en evidencia. Por lo demás, el art. 33 admite una contratación cuando, entre otras cosas, dos licitaciones hayan sido declaradas desiertas –y no una como en este caso– y existan “razones técnicas o urgencias impostergables” (que no las hubo). A esta última norma se refiere el Decreto Nº 5520/16, que permite eludir la licitación cuando los precios de los productos tienen variaciones constantes y es preciso aprovechar los momentos en que presenten las mejores condiciones y cuando la convocante pueda aumentar su capacidad competitiva (tampoco las hubo).
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Ni siquiera este decreto implica una carta blanca para que el jefe de una empresa pública recurra a la contratación directa. ¿Había acaso alguna urgencia impostergable? No, ya que la misma Patricia Samudio declaró que Petropar tenía combustible para cubrir la demanda hasta este mes, en tanto que sus voceros acaban de informar que “las empresas proveedoras están abasteciendo con total normalidad”. Al dar la impresión de que no habría que preocuparse por un eventual desabastecimiento, Petropar admite implícitamente que no tenía por qué apresurarse en octubre para recurrir a la contratación directa con una firma tan poco seria. El argumento de que la póliza excluiría el riesgo permitiría celebrar un contrato con cualquiera, total no se perdería nada, salvo el tiempo y, acaso, el abastecimiento regular de combustible. Pero, ¿qué habría ocurrido, por ejemplo, si en este tiempo se hubiera registrado un incremento del precio del petróleo? Como se ve, las implicancias son muchas y graves.
Como señalamos, no ha sido el primer despropósito de la titular de Petropar, ya que se recuerdan, entre otros, la restauración de la estación de servicios de Ñu Guasu (Asunción) a un costo superior al original, y la farandulera fiesta por el Día del Niño en la planta alcoholera de Mauricio José Troche, empresa paralizada pese a los 4,8 millones de dólares allí invertidos, debido a la falta de materia prima. La pésima gestión de la presidenta se resume en una auditoría externa sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, en la que se habla de “debilidades importantes de control interno”, también subrayadas por la Contraloría General de la República en octubre del año pasado. En suma, su falta de transparencia y su bochornosa actuación en el caso comentado sugieren que ya es hora de que Petropar esté en mejores manos. Si el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, desea evitar mayores daños al país, debe admitir que se equivocó al nombrarla y prescindir de sus cuestionados servicios tras la última penosa experiencia.