Una auditoría interna ordenada por la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, reveló que su antecesor, Javier Díaz Verón, acusado de enriquecimiento ilícito, en prisión domiciliaria por razones de salud y con el ingreso vedado en Estados Unidos por el resto de sus días, “cajoneó” nada menos que 72 denuncias de desvíos de dinero del Fonacide, que habían sido presentadas entre 2014 y 2016. El Ministerio Público anuncia ahora que impulsará esos casos que han guardado mucho polvo, salvo los de los exintendentes Nelson Carreras (Puerto Pinasco) y Roberto Chávez Passotti (Laureles), pues ya fueron condenados bajo la actual administración.
Como ni siquiera habían sido nombrados los agentes fiscales investigadores, pese a lo dispuesto en los arts. 290 del Código Procesal Penal y 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el único responsable de las múltiples y prolongadas omisiones es Díaz Verón. ¿Incurrió tantas veces en una simple negligencia o quiso proteger a los denunciados, por razones monetarias, políticas o de amistad? Corresponde que empiece a averiguarlo la institución que deshonró, dado que el art. 293 del Código Penal, concordante con el 292, castiga con hasta cinco años de cárcel al funcionario encargado de colaborar en el procedimiento penal que, “intencionalmente o a sabiendas, impidiera que otro fuera condenado a una pena”. El hecho de ignorar las denuncias durante tanto tiempo bien podría haber apuntado a la prescripción de las respectivas acciones penales, es decir, a la impunidad definitiva. Se advierte así la gravedad del “cajoneo” sistemático que habría cometido quien dirigía el órgano obligado a defender, entre otras cosas, “el patrimonio público y social”, incluso actuando de oficio.
A Díaz Verón le habría importado un bledo que el art. 5° de la ley que lo rige diga que la persecución penal de los hechos punibles de acción pública “será promovida inmediatamente después de la noticia de su comisión”. El Ministerio Público puede recibir la “noticia” a través de las publicaciones de prensa o de la denuncia hecha por una persona u otro órgano estatal, como la Contraloría General de la República. El ex fiscal general tampoco movió un dedo cuando en 2014, la senatorial Comisión de Lucha contra el Narcotráfico informó que los entonces diputados colorados Marcial Lezcano, Bernardo Villalba y Cirila Cubas de Villalta, así como el aún diputado Freddy D’Ecclesiis, entre otros, estaban ligados a dicho delito. En todo caso, hasta hoy no se sabe de ninguna pesquisa emprendida al respecto por el Ministerio Público, como tampoco se sabe qué se ha hecho, bajo la gestión de la actual fiscala general del Estado, en torno a las conclusiones presentadas el año pasado al Ministerio Público por la Comisión Bicameral de Investigación acerca de las actividades financieras de Darío Messer en el país, que también afectan a quien designó a Sandra Quiñónez para tan alto cargo, el expresidente Horacio Cartes.
Si los mayúsculos escándalos con relación al empleo de los recursos del Fonacide, la presunta implicación de ciertos políticos en el tráfico de drogas y las andanzas del “hermano del alma” hoy recluido en el Brasil no han despertado la atención de la entidad que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, es de suponer que serán muchísimas las denuncias desatendidas, hechas por los ciudadanos “comunes” con respeto a personajes secundarios de la función pública. La sociedad tiene derecho a conocer el tratamiento que el Ministerio Público da a las denuncias que recibe, sobre todo cuando ellas tienen que ver con el mal uso del dinero de todos. El art. 95 de su ley orgánica le ordena “mantener informados de su gestión a los ciudadanos”, pero resulta que cumple con ese deber solo en muy raras ocasiones. Sandra Quiñónez prestó juramento en marzo de 2018 y recién ahora permite que la gente se entere del “cajoneo” perpetrado por el recluso. ¿Se necesitaron casi dos años para concluir la auditoría interna? Hay que admitir que, de vez en cuando, la fiscala general del Estado da cuenta de ciertas cuestiones de interés general, como cuando el año pasado reveló que numerosos casos estaban varados en la Corte Suprema de Justicia, debido a chicanas no resueltas de peces gordos de la casta política. Pero tiene que hacer mucho más y no solo por “relaciones públicas”, sino también por mandato legal.
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Aunque sean notoriamente infundadas, el Ministerio Público debe dar a conocer qué hizo con las denuncias recibidas, en vez de guardar un sospechoso silencio, como lo hizo Díaz Verón por motivos que deben ser investigados. Si tuvo intención dolosa, a la presunción de que se enriqueció ilícitamente se le debe sumar la de que frustró más de una persecución penal, delito en el que también es sancionada la tentativa. Se burló de la ley y de la ciudadanía, de modo que está bien que el Ministerio Público y la Contraloría vayan a cooperar, haciendo un “control rotativo” de los casos pendientes. Es de esperar que la actual fiscala general del Estado no siga el mismo camino y que mueva a sus agentes a investigar las denuncias que recibe, para mejorar la pésima imagen que ha venido teniendo ese importante organismo.