La decisión del Gobierno de Jair Bolsonaro de privatizar Eletrobras, la mayor empresa comercializadora de electricidad de Brasil y de la región, no es nueva. Ya en 2017, durante el mandato interino de Michel Temer, el Ministerio de Minas y Energía de ese país había anunciado que el Gobierno había tomado la decisión de reducir la mayoría accionaria del 51 por ciento que posee en la citada empresa de capital mixto. El plan del Gobierno era reducir su participación accionaria a 47 por ciento, vendiendo el excedente al capital privado, aunque manteniendo el derecho al veto. Con dicha operación, estimaba recaudar unos US$ 6.300 millones para paliar el déficit de la cuenta pública.
En la ocasión, el mercado brasileño había aplaudido la propuesta del Gobierno y las acciones de la mayor empresa eléctrica brasileña subieron en las bolsas de valores, donde cotiza fungiendo indebidamente como propietaria única de Itaipú. Por lo demás, para el sector privado brasileño, la iniciativa del Gobierno representa una nueva forma de internacionalización de la primera economía de Latinoamérica, por la vía de los “Investimentos Brasileiros Diretos” (IBD), producto de la expansión más allá de las fronteras nacionales de un vasto conjunto de multinacionales de ese país, incluida la estatal petrolera Petrobras, sacudida por los escándalos de corrupción que desataron una severa crisis política que derivó en la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, la condena a prisión de su antecesor, Luis Inacio Lula da Silva y de prominentes líderes políticos y poderosos empresarios, como José Dirceu y Marcelo Odebrecht, entre otros.
Al parecer, el presidente Bolsonaro ha decidido vender la totalidad de la participación accionaria estatal en Eletrobras y así obtener mayores recursos para destinarlo primariamente a la reducción del déficit fiscal y a gastos de defensa.
El plan de privatización de la Eletrobras que lleva adelante el Gobierno brasileño se inserta dentro de la denominada “política interméstica”, una etapa del proceso de globalización de la economía en la que la política nacional se fusiona con la internacional. Vale decir, ella busca sustituir la perspectiva nacionalista del pensamiento político tradicional de los Estados con el argumento de que en un mundo cada vez más globalizado, los problemas nacionales ya no pueden resolverse políticamente en el interior de las propias fronteras.
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Ahora bien, atendiendo a la intención, públicamente manifestada por el presidente Bolsonaro, de estar a favor de una drástica reducción de la tarifa de la electricidad de Itaipú (hasta más del 60 por ciento) una vez saldada su deuda y la intención de su Gobierno de proceder a la privatización de Eletrobras, ¿qué impacto tendría ello para los intereses del Paraguay en la usina hidroeléctrica binacional? Esto es lo que debe interesar al Gobierno paraguayo como propietario de la mitad de la central hidroeléctrica binacional, más allá de lo que soberanamente Brasil haga o deje de hacer en cuanto a que la empresa continúe siendo la contraparte de la ANDE en la entidad binacional, o sea sustituida por otra repartición estatal brasileña, dado que el Tratado prevé tal posibilidad. A propósito, Argentina ya lo ha hecho en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) al reemplazar a la representación de Aguas y Energía con la empresa EBISA (Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima), como contraparte de la ANDE. Entonces, ¿por qué no podría también hacer lo propio eventualmente el Gobierno paraguayo en Itaipú y Yacyretá, si eso conviniera al país?
El Gobierno paraguayo tampoco debiera soslayar la posibilidad de que Eletrobras privatizada en manos del capital transnacional intente apropiarse de la explotación comercial de la central hidroeléctrica binacional como accionista de facto mayoritario que es con más del 80 por ciento del capital operativo de la misma, aun cuando la propiedad de la usina y de las aguas del río Paraná continúen siendo de las Altas Partes Contratantes, las que en ese hipotético caso fijarían las condiciones de “leasing” del complejo hidroenergético binacional al capital privado que habría de explotarlo.
Sea como fuere, una cosa es segura: a partir de la cancelación de la deuda de la entidad binacional con sus acreedores (Eletrobras, Tesoro brasileño y bancos de ese país) y la prevista revisión del Anexo C del Tratado, con la consiguiente modificación del mismo, inevitablemente la modalidad administrativa, comercial y operacional de la usina hidroeléctrica binacional sufrirá un drástico cambio. En consecuencia, nuestro Gobierno debe estar preparado para asumir sus implicancias, le guste o no, pues la usina, aunque binacional, obligadamente pasará a operar como una empresa comercial privada, cuyo objetivo será la maximización del lucro; o, lo que es lo mismo, la reducción de su costo operativo, o sea, generar electricidad al más bajo precio posible; lo cual, concomitantemente, debería beneficiar enormemente a la ANDE y al consumidor paraguayo, aunque no al fisco.
De cara a la próxima negociación con Brasil para la revisión del Anexo C del Tratado y la obligada modificación del mismo, ambos países socios confrontan el desafío de determinar cuáles son sus objetivos reales y prepararse para hacer importantes concesiones recíprocas. El proceso a través del cual ANDE y Eletrobras llegaron recientemente a un acuerdo sobre la contratación de potencia en Itaipú ha sido tortuoso. La revisión del Anexo C y la modificación del Tratado serán aún más duras, porque hay mucho más en juego. Y para eso, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, debe seleccionar como negociadores, no a burócratas de vocación entreguista, sino a ciudadanos con reconocida credencial de idoneidad y patriotismo: diplomáticos, técnicos, economistas y juristas no comprometidos con la triste historia de nuestro país en las entidades binacionales.