El caso de la niña indígena drogada y violada el martes en el gran inmueble de la exfábrica de la Cervecería Paraguaya, en el microcentro de Asunción, demuestra el estado de abandono e indefensión en que se encuentran los niños de la calle y los indígenas que deambulan por la capital y otras ciudades del país. Y también, una vez más, sacó a luz la inutilidad y la indiferencia de los numerosos organismos que, de una u otra forma, son competentes en la materia, porque, una vez conocido el tema, sus autoridades comenzaron a “tirarse la pelota” para eludir sus respectivas responsabilidades. En efecto, el crimen encierra una vasta problemática que concierne a entidades públicas como los ministerios de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), el Ministerio Público, el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Policía Nacional (PN) y la Municipalidad capitalina. Pese a esta amplia red de responsables de la temática, la situación no ha cambiado en absoluto, y los niños y adolescentes continúan en las calles expuestos a todo tipo de abusos.
La primera pregunta que se plantea es qué hacía la víctima del indignante hecho punible en ese lugar y en ese momento, atendiendo su edad y su condición de aborigen. Se comenta que desde hace varios años allí funciona un aguantadero de drogadictos, sin que la PN ni la Senad muevan un dedo, pese a las denuncias de los vecinos. Si hay drogadictos, con toda seguridad también deben estar los proveedores de drogas.
Informado del crimen a través de la prensa, el viceministro de Protección Integral de los Derechos del Niño, Niña y del Adolescente, del MINNA, Eduardo Escobar, dijo ese mismo día que el año pasado se había pedido a la Municipalidad que “clausure” la excervecería, luego de que el citado Ministerio realizara allí dos “operativos” para proteger a niños y adolescentes. También enterado de lo acontecido, el jefe de la Unidad de Fiscalización de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad, Guido Duarte, reveló que los dueños –inversores españoles ausentes– fueron notificados el mismo martes de que estaban violando ordenanzas municipales, porque el vasto predio se hallaba en deplorable estado. Obreros contratados por Casco Antiguo SA lo limpiaron al día siguiente. O sea, como siempre ocurre en casos como estos, el MINNA aceptó la callada por respuesta y la Municipalidad reaccionó solo después de lo ocurrido, sin haber recordado antes que el art. 16 de la Ordenanza N° 408/14 obliga a los propietarios de inmuebles abandonados a mantenerlos limpios. E, increíblemente, ¡el sitio del crimen está situado en el “casco antiguo” de Asunción!
Por su parte, la Unidad del Ministerio Público especializada en la trata de personas y en la explotación sexual en niños y adolescentes aprovechó la triste ocasión para que la agente fiscal Carina Sánchez allane la exfábrica con el fin de averiguar si hay más menores de edad viviendo en sus depósitos. Nunca había sentido la menor curiosidad al respecto.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
¿Y el Indi? ¿Se le ocurrió alguna vez ocuparse de los adolescentes indígenas que frecuentan diversos sitios y no solo la zona de la Terminal de Ómnibus, desde donde la víctima se trasladó caminando horas antes de que sea violada? En términos generales, la ciudadanía tiene derecho a saber si hace algo más que entregar víveres cada vez que ciertos clanes indígenas visitan Asunción para exigirlos. No parece que le importen quienes residen en la capital sin dedicarse a actividades productivas. ¿Hace algo el Indi para contrarrestar esa migración interna, es decir, para que las comunidades de aborígenes no se vean forzadas a dejar sus hábitats? También sería bueno saber si coopera con el MINNA y con el Ministerio Público para que los niños y los adolescentes nativos no corran el riesgo de volverse drogadictos ni ser victimizados en la ciudad. El Ministerio Público registró el año pasado, en todo el país, nada menos que 3.247 casos de abuso sexual y 621 de estupro en perjuicio de niños o adolescentes, de modo que lo que ha salido a la luz está muy lejos de ser un hecho aislado.
La joven ultrajada –oriunda de Canindeyú– ya estuvo internada, cuando tenía doce años, en el Centro Nacional de Control de Adicciones, dependiente del MSPBS. Ahora volvió allí para seguir un tratamiento de desintoxicación que durará un mes. Tuvo la suerte de encontrar un lugar, pues la Unidad para niños de hasta 14 años solo puede albergar a quince pacientes, aunque hasta diciembre último no podría atender a más de diez, ¡debido a la falta de alimentos! Como se ve, la maraña de instituciones es tan grande como la inutilidad de las mismas, que se movilizan y se culpan unas a otras por algún tiempo cuando explota algún caso como el comentado, para volver después a la modorra habitual, mientras sus funcionarios continúan cobrando sus salarios.
Según la agente fiscal María Alejandra Savorgnan, encargada de investigar el caso, “es una chica que se escapa; ya tuvo varios episodios; le tratan de contener y ella se niega”. Se trata de una menor en “situación de calle” que tendría que haber sido recogida –como centenares de otros niños y adolescentes que ocupan las esquinas más concurridas de Asunción– por el Centro de Convivencia Pedagógica Ñemitÿ (San Lorenzo), dependiente del MINNA, si no fuera porque solo tiene 32 camas.
El gravísimo caso referido desnuda la desidia o las carencias de varios órganos, así como la falta de coordinación entre ellos. Nada raro en nuestro mastodóntico aparato estatal. Es hora de que se conciban y ejecuten políticas públicas coherentes relativas a los indígenas “urbanos”, a los derechos de los menores en general y a la prevención y al tratamiento de la drogadicción. Este drama debe servir para algo más que la limpieza de la excervecería, requerida después de largos años por la indolente Municipalidad capitalina.