Funcionarios de empresas públicas y entes descentralizados, incitados por muy bien remunerados dirigentes sindicales, protestan airadamente contra la posible limitación de sus beneficios desmedidos, cierran el paso a proveedores y clientes, suspenden la atención al público, amenazan con dejar a la población sin servicios básicos, atacan un ministerio con bombas de estruendo, hieren a una agente policial, actúan como turbas de patoteros, mientras la gran mayoría de los ciudadanos, que no goza de ninguno de esos irritantes privilegios, pero paga por ellos, se pregunta ¿con qué derecho?
Cínicamente se hacen las víctimas y piden la comprensión y el respaldo del resto de la sociedad para sus reivindicaciones, cuando aquí la única víctima es la ciudadanía común, corriente e indefensa.
Todos esos sobresueldos, negociados entre cuatro paredes a espaldas de la gente, en connivencia con administradores que traicionan su deber de defender la cosa pública, son solventados directamente con el dinero de los contribuyentes y de los usuarios de esos (malos) servicios, quienes tienen que destinar una parte importante de sus ingresos para pagar sus impuestos y sus facturas de luz, agua, teléfono, cargar combustible o comprar una bolsa de cemento, y a quienes nadie les da un “extra” por presentarse a trabajar en horario laboral o para irse de vacaciones.
El origen del conflicto es un decreto del Poder Ejecutivo que reglamenta el Presupuesto General de la Nación 2020, en el cual, acertadamente, se establecen algunos criterios de racionalización y estandarización (no la eliminación) de beneficios extraordinarios acordados en contratos colectivos en entidades públicas, algunos de los cuales riñen no solo con cualquier principio de justicia y equidad, sino hasta con el más básico sentido común.
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Esos contratos colectivos se negocian en sigilo, sus textos no están disponibles al libre acceso del público, son jurídicamente cuestionables y probablemente nulos, ya que no se pueden comprometer de manera permanente fondos estatales que no estén presupuestados.
Cada ente negocia por separado con sus sindicatos, lo cual genera subvenciones indebidas, colusión, prebendarismo, caos administrativo, gran disparidad e inequidad en las condiciones de trabajo en las distintas entidades, y la imposibilidad de desarrollar una política sensata, efectiva y justa de servicios personales.
Esta práctica perversa da lugar a toda una serie de incentivos incorrectos y choques de intereses. El administrador de turno no solamente tiende a ser laxo y dadivoso con el dinero ajeno, lo cual le permite ahorrarse problemas con los sindicatos y ganarse adeptos políticos, sino que se beneficia personalmente, porque él o ella por lo general también perciben las bonificaciones, a menudo en mayor tajada, ya que suelen ser proporcionales a los salarios.
De esta manera nos enteramos, por ejemplo, de que en la ANDE existen tres tipos simultáneos de “ayuda alimentaria”. Al mismo tiempo se cobran un “bono de compensación para asegurar la alimentación básica del trabajador y su familia”, de G. 3 millones por mes por encima del salario; una “compensación por gastos de alimentación en cumplimiento del horario continuo de trabajo”; y una “ayuda alimentaria anual” dividida en cuatro pagos bimestrales.
O una curiosa categoría denominada “anuenio”, consistente en un ajuste automático y acumulativo del sueldo del 1% por año de antigüedad, al margen de cualquier otro incremento salarial, y además de recibir también una bonificación por “mayor costo de vida”.
También está la “ayuda vacacional”, que es un monto que se abona aparte de las vacaciones ya de por sí pagadas, y otros múltiples beneficios, como “presentismo”, ayuda escolar y el descuento de 50% en la factura de electricidad para unos 5.000 funcionarios, cuya diferencia se prorratea en las facturas de los demás 1.400.000 clientes de la ANDE.
Las compensaciones se otorgan a discreción y sin ningún control, casi todos cobran, cumplan o no los supuestos “requisitos”. La misma situación se replica en Essap, Petropar, INC, Copaco y demás empresas públicas, así como en entes descentralizados como Banco Central, universidades, IPS, BNF y otros.
Por supuesto, a sabiendas de la indefendible repartija, se adelantan a abrir el paraguas apenas el Poder Ejecutivo anuncia que ejercerá un mayor control y buscará una unificación de criterios, como debería ser lógico.
Como factor de presión, hablan de “voto castigo” y de que sacarán a 10.000 funcionarios a la calle (cosa que estuvieron muy lejos de conseguir en su primera manifestación), pero el Gobierno no debe dejarse doblegar por algunos miles de privilegiados, por ruidosos y agresivos que sean, sino gobernar para los siete millones de silenciosos paraguayos, que son los que pagan la cuenta.