Por la Ley 6489/20, fue creada recientemente la “Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Ypacaraí y su Cuenca”, cuyo presidente es el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens. Este realizó una convocatoria de la que participaron el titular de la Comisión Permanente del Congreso, Arnaldo Franco (ANR); el gobernador del departamento Central, Hugo Javier González (ANR), y los senadores Fernando Silva Facetti y Blas Lanzoni, ambos del PLRA. La citada ley dice pretender que se promueva, coordine, articule y ejecuten las acciones que fueran necesarias para lograr las finalidades propuestas en la normativa y que tenga que ver con la recuperación del lago. Asimismo, que se buscarán mecanismos que impulsen la coparticipación entre los principales actores involucrados, esto es, gobernaciones, municipalidades y la sociedad civil.
Como es sabido, la deplorable realidad del lago Ypacaraí continúa en la misma situación calamitosa de siempre, cuya visión se acentúa ahora con la bajante de sus aguas, produciendo una penosa sensación. Si pese a todo, principalmente San Bernardino continúa teniendo su gran atractivo veraniego gracias a las numerosas actividades sociales y artísticas que allí se organizan, ¿no se preguntaron sus autoridades lo que hubiera sido ese lugar si a ello se agregara el lago habilitado para uso recreativo? La bajante era una ocasión propicia para encarar alguna solución acorde con esa coyuntura, pero, como siempre, la mejor que se ha encontrado ha sido la de crear otro grupo de trabajo, esta vez denominado “Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Ypacaraí”.
¿A ningún gestor ambiental, a ninguna comisión, a ninguna autoridad de la cuenca se le ha ocurrido hurgar entre la montaña de estudios, proyectos, recomendaciones que se habrán emitido en al menos los últimos 40 años sobre el lago, que sin duda alguna habrán insumido un montón de plata? Ha de haber al menos uno o dos de ellos que, en vez de crear nuevas comisiones, puedan impulsarse para buscar la tan mentada recuperación del otrora hermoso lago, ubicado en un punto estratégico de la geografía nacional para recibir a los veraneantes.
Se conoce el “quid” de la cuestión. De acuerdo a datos oficiales, el 80% de la contaminación que padece el lago Ypacaraí procede de desechos cloacales domiciliarios, y el 20% de industrias y otros emprendimientos empresariales. ¿Qué hará al respecto la Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Ypacaraí? ¿Acaso la solución de los problemas detectados no está en manos de las autoridades sanitarias y del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades)? ¿No deberían los municipios aledaños al lago –y otros, en general– tener plantas para tratamiento de los desechos, y las industrias para tratar sus peligrosos residuos? Si se conoce el problema, ¿por qué se les sigue permitiendo operar con toda impunidad contaminando los cursos de agua?
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Pero, bueno, suponiendo que el espíritu de la nueva Comisión Nacional recientemente conformada sea el de aunar esfuerzos e involucrar a todos los actores vinculados con la problemática del lago, uno de los escollos a superar será siempre la vieja artimaña política de desentenderse del problema, o intentar tirar el fardo a otros actores. En este sentido, vale la pena comentar las posturas de los intendentes de Ypacaraí e Itauguá, Fernando Negrete y Miguel Ángel Meza, ambos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). El primero insiste en que es el Gobierno central el encargado de realizar las obras concernientes a la recuperación del lago, mientras su colega de Itauguá, además de mencionar que “el lago Ypacaraí se ha convertido en una gigantesca cloaca”, atribuye la triste realidad a la “desidia y falta de interés del Gobierno nacional”. ¿Y ellos para qué están? ¿Para qué sirven?
Tiene razón el titular del Mades, Ariel Oviedo, en proponer la construcción de alcantarillados sanitarios y plantas de tratamiento de efluentes cloacales en los 21 distritos que conforman la cuenca del Lago, pero aclarando que acciones de esta naturaleza exceden a las funciones de la institución a su cargo, que debe ceñirse, según dijo, a labores como “controlar, verificar y hacer cumplir las leyes ambientales”. Cabe preguntar, entonces, ¿cómo es que siguen existiendo aún empresas que operan sin plantas de tratamiento y continúan contaminando los cursos de agua? La Ley 6123/18, por la cual la antigua Secretaría del Ambiente (Seam) fue elevada al rango de Ministerio (Mades), atribuye al mismo la función de “diseñar, establecer, supervisar, fiscalizar y evaluar la Política Ambiental Nacional, a fin de cumplir con los preceptos constitucionales que garantizan el desarrollo nacional en base al derecho a un ambiente saludable y la protección ambiental”. Se constituye, además, conforme al artículo 3º, en “autoridad de aplicación” de la Ley Nº 3239/07 “De los recursos hídricos del Paraguay”. Pero es muy poco lo que se sabe de actuaciones concretas y firmes de esa entidad para garantizar tan importantes atribuciones. En consecuencia, si en vez de adoptar acciones concretas para hacer cumplir las leyes existentes, se sigue por las ramas, la situación del lago Ypacaraí irá de mal en peor. Y, seguramente, se seguirán creando otras comisiones para seguir estudiando qué hacer con esa valiosa riqueza natural, con el mismo resultado que hasta ahora.