La sociedad no termina de asombrarse con la aparición de más y nuevos hechos escandalosos de manejo discrecional y abusivo de fondos públicos para beneficio particular de los que, supuestamente, tendrían que estar a cargo de velar por ellos, ya sea como directivos o funcionarios del Estado.
En los últimos días salió a luz, por ejemplo, ¡que en Yacyretá hay personas que se acogen a reposos remunerados de 220 y 316 días al año, con altos salarios y hasta gratificaciones! Entretanto, el Gobierno da a entender que se cederá ante la presión y se restituirán subvenciones a empleados de la ANDE y otros entes, mientras el propio Directorio del Banco Central del Paraguay asume el papel de sindicato y presenta por su cuenta y cargo una acción de inconstitucionalidad contra el decreto del Poder Ejecutivo que pone límites a indefendibles privilegios en la institución.
Se llega a niveles tan insólitos que la ciudadanía, curada de espanto, termina expresando su indignación con sorna y humor, a través de innumerables “memes” y comentarios en redes sociales y medios de comunicación, una forma de reír para no llorar.
¿Y qué otra cosa queda? Todos salen a defender a capa y espada “derechos adquiridos” con el dinero ajeno, pero son pocos los que defienden a los ciudadanos comunes y corrientes, víctimas directas de estos abusos, solventados a su costilla. Son ellos los que tienen que trabajar todos los días para obtener sus ingresos sin que nadie les regale nada, los que deben pagar sus impuestos, los que se ven obligados a abonar las tarifas de servicios públicos monopólicos de pésima calidad. El Estado no genera recursos por sí mismo, todo proviene de los bolsillos de la gente.
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Nadie quiere ni pretende que los funcionarios y empleados públicos estén mal remunerados y que no tengan beneficios laborales, pero estos deben circunscribirse a criterios de razonabilidad, lo que supone que no pueden estar divorciados de la realidad y completamente alejados de lo que perciben por regla general los trabajadores del sector privado.
En la ANDE, por tomar el caso que se está discutiendo en el Consejo Nacional de Empresas Públicas, existen tres tipos simultáneos de “ayuda alimentaria”. Cobran, al mismo tiempo, un bono de G. 3 millones mensuales “de compensación para asegurar la alimentación básica del trabajador y su familia”; una “compensación por gastos de alimentación en cumplimiento del horario de trabajo”; y una “ayuda alimentaria anual”.
Aparte de cualquier incremento salarial, tienen un ajuste automático y acumulativo anual del sueldo del 1% por año de antigüedad denominado “anuenio”, y eso sin contar una bonificación por “mayor costo de vida”.
También tienen “ayuda vacacional”, que es un monto que se abona aparte de las vacaciones ya de por sí pagadas, y otros múltiples beneficios, como “presentismo”, ayuda escolar y descuento del 50% en la factura de electricidad. De más está decir que el 50% que no pagan unos 5.000 funcionarios de la ANDE se prorratea en las facturas de los 1.400.000 clientes de la estatal.
La misma situación se replica en Essap, Petropar, INC, Copaco y demás empresas públicas, así como en entidades descentralizadas como Banco Central, universidades, IPS, BNF, y ni hablar en las binacionales, como si ellas no fueran parte del patrimonio público de todos los paraguayos. Las compensaciones se otorgan a discreción y sin control, casi todos cobran, cumplan o no los “requisitos”, como ha quedado plenamente demostrado una vez más con los casos de Yacyretá.
Estos mal llamados “derechos adquiridos” se sustentan en contratos colectivos que no solamente son fruto de la colusión entre dirigentes sindicales y “administradores” que incumplen su deber de cuidar la cosa pública, y que por añadidura se autobenefician, sino que son en su mayor parte nulos.
La Ley 508/94, sobre la negociación colectiva en el sector público, establece específicamente en su artículo 12 que tal negociación se regula por el Derecho Administrativo y no por el Derecho Laboral.
Mientras el Derecho Laboral es parte del derecho privado, el Derecho Administrativo es una rama del derecho público, y como tal se rige por el “principio de legalidad”, según el cual, todo lo que no está expresamente permitido está prohibido, a diferencia del derecho privado o común, donde todo lo que no está expresamente prohibido está permitido.
Asimismo, en el Derecho Administrativo prevalece el interés del Estado sobre el de los individuos alcanzados por él, es decir, por sobre el interés de los funcionarios y empleados públicos y de sus asociaciones sindicales.
Por lo tanto, en el sector público no existen tales “derechos adquiridos” sobre los intereses del Estado, y todo lo acordado en una negociación colectiva debe ajustarse a la ley y cumplir los requisitos legales correspondientes.
Específicamente, las cláusulas de contratos colectivos estatales que impliquen una erogación de recursos públicos deben contar con la aprobación del órgano administrativo competente (Ministerio de Hacienda) y, fundamentalmente, deben ser incluidas en la Ley de Presupuesto General de la Nación cada año.
Siendo el Presupuesto una ley de vigencia anual, para ser efectivas y exigibles, estas cláusulas deben ser presupuestadas anualmente para regir solamente durante el ejercicio respectivo, so pena de nulidad.
El Gobierno de Mario Abdo Benítez debe mantenerse firme en defensa del Estado y de la gran mayoría de los ciudadanos y poner freno a los abusos, proteste quien proteste. De lo contrario, él personalmente incurrirá en el hecho punible de lesión de confianza, que consiste en “causar o no evitar” un perjuicio patrimonial contra intereses que están bajo su responsabilidad y que se comprometió legal y constitucionalmente a proteger.