El martes 25 de febrero último, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) intimó a la empresa constructora portuguesa Mota Engil a pagar al Estado la suma de G. 40.390.079.106 en un plazo de 24 horas, en concepto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato para la construcción de los tramos 2 y 3 del fallido proyecto metrobús, de 11 kilómetros de extensión, de los que la contratista apenas completó 800 metros en el plazo previsto.
Por donde se lo mire, el contexto del costoso y fraudulento proyecto metrobús, elaborado en el año 2009 bajo la presidencia de Fernando Lugo, siendo titular del MOPC Efraín Alegre, con base en uno concebido por la Municipalidad de Asunción en 1998, ha estado repleto de irregularidades técnicas, incluida la falta de un estudio previo de factibilidad, racionalmente procesado. Como no podía ser de otro modo, desde el comienzo de su ejecución, el mismo estuvo también plagado de negligencia y presunta corrupción, tanto por parte de la empresa constructora como de la firma consultora contratada para fiscalizar los trabajos, y de los propios funcionarios del MOPC responsables del gerenciamiento de la obra.
Como era previsible, el catastrófico contrato con Mota Engil resultó un fiasco, con el resultado de un adefesio vial implantado en el tramo intervenido, que hoy afecta la seguridad del tránsito, a más de un enorme perjuicio para el Estado y para los más de 300 comerciantes que se vieron obligados a cerrar sus negocios, con la consecuente pérdida de unos 2.000 puestos de trabajo. Y lo peor de todo: la infame estafa intelectual a la ciudadanía esperanzada en un mejor sistema de transporte urbano de pasajeros.
En cuanto a los perjuicios al fisco, cabe señalar que hasta la fecha el MOPC ha desembolsado más de US$ 50 millones, en concepto de pago a Mota Engil, fiscalización, estudios y consultorías de dudosa necesidad y escasa eficiencia, así como de remuneración a los funcionarios del MOPC que gerenciaron el mal parido proyecto.
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Pero la gran ironía es que tanto la rescisión del contrato como la ejecución de la póliza de garantía de fiel cumplimiento y otras acciones institucionales del MOPC para finiquitar su contrato con Mota Engil, constituyen apenas la punta del iceberg que se esconde bajo el mar de corrupción que desde un comienzo contaminó el fatídico proyecto financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo cuyas laxas normativas es administrado.
Ya durante el gobierno de Horacio Cartes, y tras dilatada aprobación del préstamo para el financiamiento del proyecto metrobús y la Reconversión Urbana del área circundante del antiguo puerto de Asunción, el entonces flamante titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, dio la orden de iniciar los trabajos, sin atender a las advertencias de técnicos entendidos en la materia y centradas en la falta de un proyecto ejecutivo rigurosamente elaborado, revisado y aprobado por las dependencias técnicas institucionales. Ya después de abandonar el cargo, el citado exministro reconoció públicamente haber cometido un error al autorizar el inicio de la compleja obra sin antes haber concluido los trámites, concretamente el relacionado a la liberación del tramo que iba a ocupar el emprendimiento.
De cara al fallido proyecto, tanto para la ciudadanía intelectualmente estafada como para centenares de personas económicamente perjudicadas, y más que todos ellos, para el Estado, que en última instancia debe pagar el préstamo contratado, el litigio de finiquito de contrato que mantiene el MOPC con Mota Engil deviene accesorio. Lo realmente importante y necesario es que las instancias jurisdiccionales pertinentes se aboquen a identificar y castigar penal y civilmente a los funcionarios que resulten culpables de los ilícitos constatados, sea por acción o por omisión, en el gerenciamiento del proyecto, condenándolos a resarcir al fisco, con su propio peculio, por el perjuicio ocasionado.
No deja de llamar la atención de la ciudadanía la presteza con que tanto el MOPC como la Procuraduría General de la República informan acerca de los pormenores de la pulseada con Mota Engil, mientras se muestran remisos a proporcionar información de interés público sobre la identificación de los funcionarios responsables de la debacle del proyecto.
Eso es lo que más importa a la ciudadanía, más allá de la “guerrilla” burocrática en la que el MOPC está actualmente enfrascado con su ex contratista, pues la misma se inserta dentro de una cuestión de oficio, en tanto que el encubrimiento de los eventuales delincuentes del mencionado chanchullo es un asunto de moralidad pública, asunto muy sensible para los ciudadanos y para las ciudadanas, cansados de la corrupción estatal de larga data imperante en el país.
La gente no desea que con la estafa del metrobús suceda lo mismo que con el truculento atraco a las arcas públicas cometido mediante los “empedrados chinos”, bajo la corrupta administración del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de la época, José Alberto “Icho” Planás, financiados con un préstamo de bancos de Taiwán que hasta ahora está pagando el Estado paraguayo. El malhadado emprendimiento afectó la credibilidad ciudadana en las obras públicas, pero benefició a sus gerentes, quienes, mediante la complicidad de las instituciones responsables de precautelar los intereses del Estado, no fueron imputados y gozan hoy de su riqueza mal habida, sin rubor alguno.
Lo que cuesta entender es que, habiendo tardado más de un año en finiquitar una auditoría de gestión del proyecto metrobús, el ministro Arnoldo Wiens hasta ahora no haya identificado a los funcionarios y/o exfuncionarios responsables de la desastrosa administración del mismo ni requerido la pertinente intervención de la Procuraduría y de la Fiscalía, a fin de investigar las estafas que están a la vista. Al parecer, como en el caso de los “empedrados chinos”, una vez más, el fardo se cargará sobre los hombros de Juan Pueblo.