La irregular conformación de la terna de candidatos a ministro de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los camaristas Delio Vera Navarro y Gustavo Santander, así como por el asesor jurídico de la Justicia Electoral, César Diésel, debe ser rechazada por el Senado, si antes no es anulada por una resolución judicial. El art. 257 de la Constitución dice que “los órganos del Estado se subordinan a los dictados de la ley”, pero el Consejo de la Magistratura violó la Ley N° 6299/19, que ordena la publicidad de sus sesiones, aparte de ignorar el reglamento que rige el proceso de selección de los postulantes. Es intolerable que precisamente el órgano encargado de proponer la designación de quienes van a administrar justicia menosprecie el Derecho de una manera tan flagrante y que, a la vez, se burle de la ciudadanía al impedirle conocer por boca de sus miembros las razones por las que emitieron sus respectivos votos: se limitaron a proferir, por ejemplo, “Hoja 1, propone a los candidatos...”, pese a que la ley dispone que deben “fundamentar oralmente sus decisiones con relación a la conformación de las ternas correspondientes”.
Aunque los así nominados, tras haber concluido el procedimiento reglamentario con la conformación de una terna distinta, fueran personas intachables de diversos partidos, que cumplieran con los requisitos constitucionales para integrar la Corte, el vicio de origen les privaría de toda autoridad moral.
Aunque los miembros de la terna sean idóneos y muy honorables, cabe insistir, el proceso de selección vulneró claramente cierta ley y cierto reglamento. Por tanto, su resultado mal puede tener validez jurídica alguna, aunque sí la tendría desde el punto de vista político-partidario, según se desprende de los dichos del senador Antonio Barrios. Vale la pena traerlos de nuevo a colación porque reflejan en gran medida la concepción que la “clase política” tiene de la magistratura y que es compartida en buena medida en el Consejo, presidido por el diputado Roberto González (ANR), de largo trajinar político. Contento de que los escogidos sean “toditos colorados”, sostuvo el senador Barrios que lo mejor es ser “realistas” y que a su partido le convenía que el próximo ministro de la Corte sea un correligionario. La ingenua pregunta que se impone es por qué le beneficiaría, si la máxima instancia judicial debe hacer valer el principio de igualdad ante la ley, sin discriminar entre organizaciones políticas ni entre afiliados a uno u otro partido. La respuesta “realista” sería que en nuestro país, hasta hoy, rige aquello de que “todo es según el color del cristal con que se mira”, de modo que sería comprensible y hasta de rigor que los jueces colorados y liberales prevariquen en favor de sus respectivos correligionarios.
Sin duda, la opinión del senador Barrios es compartida por el presidente del Consejo y por el senador Bartolomé Ramírez (PLRA), en el sentido de que el carnet partidario es de suma importancia al escoger a un juez y –ni qué decir– a un ministro de la Corte, desde donde, entre otras pillerías, se pueden cohonestar candidaturas ilícitas o instalar a la clientela política en el Poder Judicial, como bien lo saben los consejeros Raúl Torres Kirmser y Luis María Benítez Riera, por propia experiencia. Aunque parezca hilar demasiado fino, dado el arraigado internismo, convendría averiguar ahora si los tres agraciados son “abdistas” o “cartistas”, siguiendo siempre el consejo del “realismo”. Así funciona la administración de Justicia, prostituida por la continua y desembozada injerencia de la “clase política”.
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De nada sirve que la Constitución haya creado un órgano heterogéneo como el Consejo, que le otorgue al Poder Judicial al menos el 3% del Presupuesto de la administración central o que disponga la inamovilidad de los magistrados, solo destituibles por un Jurado de Enjuiciamiento, también de composición diversa. En la práctica, la independencia de la judicatura, que ella declara, es quebrantada una y otra vez por los poderes políticos que empiezan influyendo en el Consejo, para que un correligionario sea propuesto al Senado como ministro de la Corte. Como es obvio, a ese cuerpo colegiado le interesará mucho más la filiación partidaria del candidato que sus opiniones jurídicas, y lo mismo cabe decir del jefe del Poder Ejecutivo, que debe prestar su acuerdo. Si el proceso de sometimiento se inicia en el Consejo, se entiende que su presidente –el diputado González– se haya permitido quebrantar la independencia del Poder Judicial en una audiencia pública, criticando las órdenes de prisión preventiva dictadas contra los diputados Ulises Quintana y Miguel Cuevas, ambos colorados, para luego tratar de conocer la opinión al respecto de uno de los postulantes.
Si hubiera jueces con suficiente coraje para aplicar la ley, la terna tendría que ser anulada o, en todo caso, repudiada por el Senado, si sus miembros se liberaran por una vez de su nefasta costumbre de manejar el Poder Judicial. Como no hay motivo para el optimismo, la ciudadanía debería tomar nota de la afrenta cometida al negársele el derecho legal a saber por qué ciertos señores fueron elegidos para que uno de ellos imparta justicia desde lo más alto de un Poder que no pocas veces comete la bajeza de someterse a los mandones de turno. Esa ciudadanía estafada debe también repudiar públicamente esta ignominia.