“Abrazo republicano”, para la repartija de la torta estatal

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José Alberto Alderete está dirigiendo desde el 10 de febrero una operación “Cicatriz”, que busca cerrar las últimas heridas causadas al viejo cuerpo colorado por el internismo consuetudinario. Y bien, el pasado jueves se reunieron más de 150 intendentes municipales, con toda seguridad un alto porcentaje de ellos interesado en ser reelecto el próximo 8 de noviembre, lo que explicaría que anhelen la unidad partidaria a toda costa, al menos hasta ese día: lo que venga después, será harina de otro costal. Más que búsqueda de la paz republicana o del bien común, en estos casos suele ser más relevante la sempiterna cuestión de la repartija de cargos públicos, ya mentada abiertamente por los diputados del movimiento Honor Colorado cuando visitaron en agosto de 2019 Mburuvicha Róga, en el marco del acuerdo para impedir el juicio político al presidente Mario Abdo Benítez. El senador Enrique Riera (ANR) cree –y razones no le faltan– que se busca un “acuerdo de cúpula” en procura de la impunidad. El excartista puso el dedo en la llaga: en estas conversaciones se hablará de cualquier cosa menos de asuntos de interés general.

José Alberto Alderete –exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, exjefe de la campaña electoral del presidente Mario Abdo Benítez y exdirector de Itaipú Binacional–, está dirigiendo desde el 10 de febrero una operación “Cicatriz”, que busca cerrar las últimas heridas causadas al viejo cuerpo colorado por el internismo consuetudinario. El último acto del emprendimiento reconciliador se realizó en la sede de la ANR, un lugar mucho más apropiado para el efecto que el Palacio de López adonde habían acudido antes, entre otros, los expresidentes de la República Juan Carlos Wasmosy y Luis Ángel González Macchi, así como miembros del Consejo de Presidentes de Seccionales Coloradas.

Y bien, el pasado jueves se reunieron más de 150 intendentes municipales, con toda seguridad un alto porcentaje de ellos interesado en ser reelecto el próximo 8 de noviembre, lo que explicaría que anhelen la unidad partidaria a toda costa, al menos hasta ese día: lo que venga después será harina de otro costal. “Después de mí, el diluvio”. El encuentro fue presidido de hecho por Horacio Cartes, en su carácter de líder de uno de los dos movimientos internos más importantes. Quien dirige el otro hizo bien en no asistir a la reunión, pues habría sido inapropiado que el Jefe de Estado asistiera como cabeza de un sector partidario para compartir el escenario en pie de igualdad con el otro. Es de suponer que tal fue la razón de su ausencia y no tanto el temor de ser fotografiado en una “mala compañía”, al decir del senador Enrique Riera (ANR).

Más que la búsqueda de la paz republicana o del bien común, en estos casos suele ser más relevante la sempiterna cuestión de la repartija de cargos públicos, ya mentada abiertamente por los diputados del movimiento Honor Colorado cuando visitaron en agosto de 2019 Mburuvicha Róga, en el marco del acuerdo promovido por el vicepresidente de la República Hugo Velázquez, para impedir el juicio político al presidente Mario Abdo Benítez debido al Acta Bilateral entreguista. Curiosamente, el “precio de la paz” provisoria implicó en esa ocasión el nombramiento del senador Rodolfo Friedmann como ministro de Agricultura y Ganadería, aunque sus aptitudes en materia agropecuaria eran desconocidas. Es que presidía la Comisión Bicameral de Investigación que se ocupaba de las andanzas del “hermano del alma” Darío Messer, por lo que apartarlo supuso un amable gesto, mal que le pese al país.

El senador Riera cree –y razones no le faltan– que se busca un “acuerdo de cúpula” en favor de la impunidad, sin que temas tales como la lucha contra la pobreza o la defensa de los intereses paraguayos en Itaipú Binacional jueguen papel alguno. El excartista puso el dedo en la llaga. En las actuales conversaciones se hablará de cualquier cosa menos de asuntos de interés general, por la simple razón de que el conflicto interno nada tiene que ver con marcadas diferencias de opinión al respecto, sino con meros apetitos de poder. La cuestión es asegurar el “zoquete”, solventado por los contribuyentes. Solo eso, porque no existen discrepancias doctrinarias, desde el momento en que en estos entuertos no hay ideas, sino ambiciones personales.

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El viejo problema de la unidad colorada atañe a los afiliados de la ANR, pero afecta a toda la sociedad cuando se intenta lograrla mediante la distribución de prebendas. Otra de las condiciones a ser pactadas podría ser también el “blindaje” que se otorgue a legisladores imputados o acusados, de uno u otro sector. Ahora mismo, los altos dirigentes están defendiendo a algunos impresentables que luchan como gato panza arriba para eludir la cárcel, con cualquier pretexto.

Una de las nefastas consecuencias del internismo es que las disputas se transmiten al Congreso, hasta el punto de que los miembros de los dos partidos mayoritarios están distribuidos en varias bancadas, que solo se distinguen por su adhesión a cierto líder y no por levantar alguna bandera altruista. No hay derecho a reproducir en el Poder Legislativo cuanto ocurra en las carpas partidarias. Pero tampoco se justifica que para “cicatrizar” las heridas mediante un “abrazo republicano”, las prendas de la reconciliación sean los cargos o bienes públicos puestos en repartija. En efecto, nada sugiere que la eventual reconciliación se fundará en el interés nacional ni que tendrá larga vida, como indica la experiencia.

La cuestión no es prohibir el debate entre afiliados de un mismo partido, sino más bien orientarlo hacia asuntos que interesen a la población en general. El personalismo feroz le hace mucho daño al país y no solo a la ANR, sino también a las otras agrupaciones políticas, en especial al PLRA, el principal partido opositor. En vez de enfrascarse en estas luchas intestinas, las entidades políticas deberían dedicarse a “la formación de las autoridades electivas, a la orientación de la política nacional, departamental o municipal y a la formación cívica de los ciudadanos”, según manda el art. 124 de la Constitución. Para eso reciben aportes anuales del Estado, que deben ser destinados a difundir sus programas, propuestas, principios y valores, así como a investigar la realidad nacional, de acuerdo al art. 70 del Código Electoral. Si la ANR realizara estas actividades, la unidad surgiría de las “bases” y el partido se ocuparía de asuntos mucho más relevantes que el poder por el poder mismo o para el enriquecimiento ilícito.

El mejor remedio para la sociedad de cara a los comicios no será el nefasto “abrazo republicano”, sino la búsqueda de candidatos intachables que atraigan por su fama de honestidad y por su servicio al bien común. Lamentablemente, estos no forman parte de la agenda de quienes están queriendo “cicatrizar” las heridas coloradas e imponer a los impresentables de siempre.