Para mitigar el avance de la pandemia del coronavirus, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social dictó el pasado martes 10 de marzo una atinada resolución. Al día siguiente, la Corte Suprema de Justicia suspendió las actividades judiciales desde el 12 hasta el 26 de marzo. Ni corto ni perezoso, de inmediato el exsenador Víctor Bogado invocó la resolución ministerial para pedir la postergación del inicio del juicio oral y público, previsto para el 11 de marzo, en el que debe enfrentar una querella promovida por haber denigrado la memoria del ingeniero Flanklin Boccia, exconvencional constituyente, exsenador y exdirector de Itaipú Binacional. Lo había hecho durante el caso en que fue condenado a un año de prisión por tráfico de influencias en favor de su “niñera” Gabriela Quintana. El argumento del contumaz chicanero, que había logrado dilatar la imposición de dicha exigua pena durante casi cuatro años, fue rechazado por la jueza penal María Luz Martínez.
La cuestión debe ser resuelta ahora por el Tribunal de Apelación, la que debería atender que la Acordada CSJ N° 1366 dispone que “los juicios orales ya calendarizados con fecha de extinción hasta el mes de abril se llevarán a cabo, con la recomendación de que estén presentes la cantidad mínima de personas en la sala o a puertas cerradas por decisión del Tribunal de Sentencias, conforme con disposiciones del Código Procesal Penal”. Por lo demás, la Corte ha habilitado, durante la suspensión de las actividades, varios “órganos jurisdiccionales de emergencia en la Capital”, entre los que figura un Tribunal de Apelación en lo Penal. O sea que hay motivos para impedir que el segundo senador expulsado por sus pares se aproveche de una calamidad mundial para intentar eludir a la Justicia.
Recurrió a la misma artimaña el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional Camilo Soares, hoy enjuiciado tras diez años de chicanas impunes para determinar su responsabilidad penal en un caso de sobrefacturación de alimentos perpetrado en 2009. Olvidó que la acordada antes referida también dice que “los juicios orales ya iniciados continuarán con el proceso hasta la finalización, con la recomendación de que esté presente la cantidad mínima de personas en la sala o a puertas cerradas...”.
Atendiendo los antecedentes, son inagotables los recursos a los que suelen echar mano quienes se saben culpables para evitar la pertinente sanción legal. El exsenador y el exministro están habituados a abusar del derecho a la defensa debido a la notoria pasividad de la judicatura, de modo que no debe excluirse que en las próximos días el primero vuelva a sacarse de la manga algún ardid vinculado al coronavirus ni que el segundo recurra a una insólita variante. Quienes trafican influencias y pagan de más con dinero público no tendrán muchos escrúpulos para burlarse de la Justicia aprovechándose de un infortunio colectivo. Por eso, conviene que la ciudadanía no los pierda de vista, mientras toma los recaudos necesarios para contribuir a aminorar la difusión del virus.
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También los diputados colorados Ulises Quintana y Miguel Cuevas –tan chicaneros como los encausados de marras– podrían sostener que en sus respectivos lugares de reclusión –el penal militar de Viñas Cue y la Agrupación Especializada de la Policía Nacional– hay aglomeración de personas y que, por tanto, estarían comprendidos en la resolución ministerial. Mucho es lo que se puede esperar de quienes aún se sienten parte del influyente poder político, de modo que tampoco sería raro que el senador Javier Zacarías Irún (ANR) descubra en beneficio propio la verdad de aquello de que “no hay mal que por bien no venga”. La judicatura debe ajustarse a la Acordada CSJ N° 1366, que es lo bastante clara para frustrar argucias como la ya empleada por el caradura de Víctor Bogado.
Como es probable que los camaristas confirmen lo resuelto por la jueza penal, solo resta insistir en que los litigantes de mala fe deben ser sancionados conforme al Código Procesal Penal y al Reglamento Disciplinario del Poder Judicial, y en que los jueces que así no lo hacen incurren en falta. En verdad, resulta indignante la impudicia con que los peces gordos de la política echan mano a cualquier pretexto para entorpecer las actuaciones judiciales. Ahora resulta que el exsenador, como todo buen ciudadano, solo habría querido contribuir a mitigar la propagación de una dolencia al solicitar que no empiece el juicio que debe soportar con motivo de una querella. ¿Habrá quien crea que solo le preocupó la salud pública, pero no así la posibilidad de que en breve sea de nuevo condenado?
Al tomar por idiotas a sus compatriotas, lo que hizo es revelar la paupérrima opinión que tiene de ellos. Se hizo de mucho dinero en la función pública para abonar los cuantiosos honorarios que seguramente le cobra su defensor Óscar Germán Latorre. Aunque su presunto testaferro Miguel Carballo, el mecánico-funcionario acreedor de 300.000 dólares y dueño tanto de un centro de compras como de un lujoso departamento, debería contar con la fortuna suficiente para chicanear a mansalva, aunque no haya impedido que un Tribunal de Apelación confirme la resolución que dispuso la apertura del juicio oral y público por enriquecimiento ilícito. Nuestra legislación penal no contempla, en este caso, la figura de la delación premiada, así que Carballo seguramente cargará con la culpa entera, mientras Bogado se apresta a entrar en la historia como un gran defensor de la salud pública. Con toda certeza, no tendrá problemas de conciencia.
No se debe descartar, por tanto, que no solo los legisladores procesados tratarán de aprovechar este difícil momento que acapara la atención de la ciudadanía, sino también otros políticos y autoridades impresentables que siempre están a la pesca de cualquier ocasión propicia para llevar agua a su molino, o a sus bolsillos.