Mientras centenares de miles de usuarios se ven privados del consumo regular de agua potable, el Sinatrae, o Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), transmitió a sus “afiliados, simpatizantes y amigos” la “muy agradable” noticia de que el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Empresas Públicas (DGEP) admitieron que desde el próximo 31 de marzo rija un “ajuste salarial” bajo la forma de “ayuda alimentaria”, gracias al “respaldo fundamental” de Natalicio Chase, titular del ente. El insolente comunicado de los dirigentes coincidió con la exhortación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de que la gente se lave las manos con frecuencia para mitigar el avance del coronavirus. Dado que muchas potenciales víctimas de la pandemia no podrán tomar dicho recaudo por faltarles el líquido vital, la información brindada implica una buena nueva para los funcionarios de la Essap, pero una burla sangrienta para la población.
Por si aún hiciera falta, ella muestra que a los “trabajadores” de las empresas públicas les resulta muy fácil arrancar privilegios a sus patrones a sueldo del Estado. Nada cuesta ser generoso con el dinero ajeno ni mantenerse en el cargo aunque se preste un pésimo servicio bajo la forma de un “monopolio natural”: como los usuarios no tienen la opción de recurrir a otros proveedores de agua, la empresa estatal podrá seguir sumida en la corrupción y en la ineficiencia, sin que ella vaya a la quiebra ni quienes la dirigen conozcan la cárcel. Es llamativo que el Ministerio de Hacienda y la DGEP dieran su visto bueno a un aumento salarial disfrazado de “ayuda alimentaria”, sin tener en cuenta el pésimo servicio prestado a los beneficiarios ni la deficiente administración de la Essap. En efecto, en su evaluación del cuarto trimestre de 2014, la DGEP había recomendado agilizar la ejecución física de las obras, instalar en tiempo y forma los medidores adquiridos, “racionalizar los gastos en servicios personales” y gestionar el cobro a los morosos por servicios de agua y saneamiento.
Es notorio que las cosas no han mejorado, según surge de la auditoría externa del ejercicio 2018. Allí se refiere que no se había realizado una “auditoría suficiente y adecuada” sobre la culminación de obras realizadas cuatro años antes por un valor total de casi 48.000 millones de guaraníes, las que tampoco estaban registradas como activos de la entidad. O sea que el robo pudo haber sido cuantioso, como también el facilitado por un lenguaje de programación desarrollado hacia 1985, que “hace que no se disponga de seguridad ante la inconsistencia y manipulaciones probables de datos, debido a la fragilidad de dicha herramienta y la alta obsolescencia del lenguaje (Cobol)”.
El “párrafo de énfasis” de la auditoría externa termina con estas líneas: “Los Estados Financieros de los ejercicios anteriores del 2013 al 2017 no han sido aprobados, por lo tanto esta situación podría afectar al Activo, Pasivo, Patrimonio Neto, Ingresos y Egresos”. Aún no ha sido publicada la auditoría externa del ejercicio 2019, de modo que no sería rara la persistencia de tamaña irregularidad, propicia para todo tipo de fraudes contables. Sus máximas autoridades han venido haciendo lo que se les antoja, incluso en materia político-partidaria. En efecto, se recordará que en 2017, en vísperas de los comicios internos de la ANR, el entonces presidente de la Essap, Carlos Arce, había anunciado a los funcionarios convocados que recibirían una gratificación especial bajo el nombre de “subsidio familiar”, a cambio de su apoyo a los candidatos cartistas. Es probable que los dirigentes del Sinatrae hayan integrado el feliz auditorio dispuesto a vender su voto. Ahora recibirán una supuesta “ayuda alimentaria”, aunque las elecciones internas venideras vayan a realizarse recién en agosto, lo que no significa necesariamente que el regalo sea desinteresado.
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La DGEP había sugerido reducir los gastos en materia de personal, pero es evidente que sigue siendo ignorada. La Essap tiene demasiados “trabajadores”, muy bien retribuidos con el dinero de los usuarios expuestos a quedarse en cualquier momento sin agua potable, porque en las últimas décadas no se ha invertido en el mantenimiento de la red de distribución, ya que no se cobra a los morosos, debido a la ineptitud y porque se practica el latrocinio. Esta última práctica tiene un carácter institucional, en la medida en que la Essap hace llegar abultadas facturas por la inexistente provisión de agua potable, según denunciaron hace unos días vecinos de Luque y Mariano Roque Alonso. Técnicos de la empresa admiten que las “bombas” utilizadas para una distribución de emergencia no pueden operar simultáneamente por falta de mantenimiento, pero los funcionarios sí son mantenidos de la mejor manera.
El Sinatrae afirma en su indignante comunicado que “en materia de dinero nunca es suficiente”, lo que hace suponer que seguirá bregando en favor de los bolsillos de sus afiliados, aunque la falta de agua ponga en riesgo la salud de quienes se ven forzados a llenarlos. Que semejante desfachatez sea satisfecha por el Estado supone una afrenta a la población desabastecida y muestra, una vez más, que las empresas estatales están al servicio de sus jefes y funcionarios antes que al de los usuarios, desprovistos de agua, de luz, de teléfono o de cemento. Y encima nos dicen que la Essap, la ANDE, la Copaco y la INC son “de todos”. Los ciudadanos y las ciudadanas deben manifestarse públicamente, con firmeza y perseverancia, contra sus autoridades y sindicatos que se burlan cínicamente de todos.