El senador Blas Llano (PLRA) recortó los actuales Presupuestos del Congreso y de la Cámara Alta, por él presididos, para contribuir a la reasignación de fondos públicos en pro de la lucha contra la pandemia del coronavirus. Hasta ahora, nada se sabe al respecto de la Cámara Baja, pero ya se ha anunciado el estudio de un proyecto de ley para reorientar las erogaciones de los tres Poderes del Estado hacia ese objetivo de importancia vital. El monto del ahorro parcial dispuesto en el Legislativo para ayudar a defender la salud pública asciende a 10.545 millones de guaraníes y afecta a una serie de gastos claramente superfluos, como remuneraciones extraordinarias, viáticos, servicios gastronómicos y vestimentas. La medida también alcanzó a erogaciones en combustibles y equipos de oficina, que tampoco serían imprescindibles, por lo visto, para las actividades parlamentarias y administrativas. Como en el aparato estatal siempre conviene subrayar lo obvio, el senador Llano creyó oportuno apuntar que si los otros Poderes se sumaran a la iniciativa, la transferencia de fondos al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) sería significativa.
Aparte de la plaga del latrocinio, el país sufre la del derroche puro y duro, tanto en la Administración Central como en las entidades autárquicas y descentralizadas. No pocas veces se conjugan el delito y el malgasto, como cuando se nombra o contrata a personal innecesario para que firme las planillas de entrada y de salida, se amañan licitaciones de compras inútiles para el servicio público, se solventan excursiones oficiales innecesarias al exterior o se abonan horas extraordinarias por trabajos no realizados.
Tan sabido es lo antedicho que en la última “Cumbre de Poderes”, realizada en septiembre de 2019, los respectivos presidentes se comprometieron, de cara a las graderías, a eliminar los gastos superfluos. Como era previsible, nada ocurrió, como se desprende también de que el senador Stephan Rasmussen (PPQ) haya propuesto, hace unos días, que se repita un encuentro en las altas esferas para que los participantes hablen de lo mismo, o sea, para que probablemente vuelvan a mentir. Es que para combatir el despilfarro hace falta no solo tener consciencia de que el dinero de los contribuyentes no está a libre disposición de los gobernantes para que lo distribuyan como se les ocurra a través del Presupuesto, sino para que se atienda el interés general, con economía y eficiencia. También es preciso que los que mandan tengan el coraje de negarse a satisfacer las demandas de la clientela política, tanto de la ya instalada en la administración pública como de la que aspira a ingresar en ella para cobrar un salario, con las remuneraciones adicionales. De hecho, una de ellas es el tan apetecido viático, que este año insumirá nada menos que 345.000 millones de guaraníes. Como la caridad empieza por casa, numerosos legisladores cuentan, entre otros privilegios, con protección policial personalizada, con “asesores” inútiles bien rentados y con un seguro privado, todo a costa del erario. El malgasto supone, entre otras cosas, que el MSPBS carezca hoy de los recursos humanos y materiales suficientes para enfrentar el grave desafío que plantea el coronavirus. De ahí la cierta reacción que se está observando entre los gobernantes, como si la pandemia hubiera sido necesaria para que adviertan la precariedad de la salud pública.
La gestión gubernativa debe estar siempre inspirada en la austeridad, de modo que las necesidades reales de la población puedan ser atendidas con prontitud y eficiencia. Claro que no bastaría con aumentar simplemente el Presupuesto del MSPBS, suprimiendo el despilfarro en los otros organismos del Estado. También se impone que este vicio sea erradicado en dicha cartera, ya que es presumible que ella no escapa a esa nefasta práctica, oficializada en el Presupuesto nacional. Es decir, el esfuerzo tiene que provenir de todos los sectores de la Administración Pública. En materia de salud, el dinero que se ahorre suprimiendo erogaciones insensatas debe ser invertido en el personal de blanco, así como en la infraestructura sanitaria y en la compra de medicamentos e insumos, y no tanto en burócratas que abundan en las oficinas. Se trata de una perogrullada, pero también en este caso hace falta subrayar lo evidente, de acuerdo a la triste experiencia.
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En fin, es bueno que la actual crisis sanitaria haya sacado a la luz la enormidad de los fondos públicos que cada año se destinan a rubros totalmente superfluos, impidiendo, entre otras cosas, que los hospitales estatales ofrezcan a la población una atención preventiva y restablecedora adecuada. Es de desear que nuestros legisladores y autoridades se convenzan de que el derroche también puede matar.