El gobierno de Mario Abdo Benítez presentó el lunes al Congreso Nacional su proyecto de ley de declaración de emergencia por el covid-19, y para el miércoles la norma ya estuvo sancionada, promulgada y en vigencia. Las fuerzas políticas dejaron de lado sus diferencias ante la crisis y prácticamente le otorgaron al Poder Ejecutivo un cheque en blanco de 1.600 millones de dólares, equivalentes al 3,5% del PIB, que podrá administrar con amplia discrecionalidad.
Ante esto, lo primero que corresponde es exigir que se honre el voto de confianza de la ciudadanía con un uso rigurosamente honesto y transparente de los fondos disponibles. En esa dirección, la ley crea una Comisión Bicameral encargada de controlar su aplicación, en paralelo a las funciones específicas de la Contraloría General de la República, la Secretaría Nacional Anticorrupción y otros entes públicos de monitoreo y control.
Adicionalmente, se establece que el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación ponga a disposición de la ciudadanía un portal de internet de acceso libre con la ejecución presupuestaria actualizada, y se ordena a los Organismos y Entidades del Estado que ejecuten fondos previstos en la ley presentar una rendición de cuentas a la Contraloría cada 60 días, y una rendición general final dentro de los 60 días de concluido el período de emergencia.
La ley confiere facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para hacer frente al duro impacto socioeconómico de las medidas de aislamiento social dispuestas para contener la propagación del virus. Por primera vez en la historia se activa la excepción constitucional que le permite al Banco Central, en casos de emergencia nacional, adelantar fondos provenientes de las reservas internacionales, a ser restituidos con préstamos y bonos hasta el monto mencionado más arriba, sin necesidad de aprobación específica del Poder Legislativo.
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Una parte se utilizará para el Ministerio de Salud Pública, una parte para un subsidio monetario a trabajadores informales, otra para fondear a organismos financieros del Estado, otra para apoyar al Instituto de Previsión Social (IPS) con el fin de que aumente los pagos por reposos y las compensaciones económicas por cesantías a trabajadores formales, otra para posibilitar condonaciones y prórrogas de pagos de servicios.
Asimismo, una gran parte es para asegurar el “sostenimiento del Estado”, léase, para pagar los sueldos a los funcionarios públicos, que son alrededor de 350.000, incluyendo a contratados. Al postergarse la liquidación de impuestos, las recaudaciones cayeron un 50%, por lo cual se echará mano a las reservas y a préstamos para cubrir gastos corrientes rígidos (con la promesa de recortar todos los “extras”), algo que habría sido inadmisible en condiciones normales.
Por supuesto, estas no son condiciones normales y estas medidas son excepcionales en un momento excepcional. Las autoridades sanitarias insisten en que el aislamiento es necesario para mantener el covid-19 en límites manejables, por ello el Presidente de la República decidió ayer extender la cuarentena estricta hasta el próximo 12 de abril. No caben dudas, la vida siempre está en primer lugar. Nadie está ajeno a que el aislamiento tiene graves secuelas económicas al limitar el trabajo y el consumo. Y como la gente no puede trabajar, de alguna forma hay que ayudarla a acceder a lo más básico, como salud, alimentación y servicios elementales. El Ejecutivo debe acelerar el proceso para alivianar las necesidades de la población más vulnerable. Hasta ahora el procedimiento ha sido lento y desordenado.
La gran pregunta es hasta cuándo irá esta situación. Esta incertidumbre es el peor enemigo para el futuro del país. Las medidas de restricción que se han tomado son considerables, no tienen precedentes recientes en tiempos de paz, suponen un esfuerzo muy importante por parte de todos, tendrán consecuencias que habrá que pagar por varios años, pero no hay que engañarse, son apenas paliativas y difícilmente se podrán extender por un período muy prolongado.
Ningún país del mundo puede vivir sin trabajar y sin consumir, y en uno como el nuestro, donde dos tercios de la mano de obra ocupada obtiene sus ingresos del sector informal y vive al día, y donde la gran mayoría de las empresas son pequeñas y medianas y no pueden sobrevivir y seguir pagando salarios por mucho tiempo sin ventas, eso se torna casi una cuestión de supervivencia.
Por suerte, el Paraguay ha mantenido históricamente cierta disciplina macroeconómica, lo que le da ahora un margen de maniobra para aumentar el endeudamiento, el déficit fiscal y la inflación para enfrentar esta emergencia. Al mismo tiempo, siendo un país productor de alimentos, si se ayuda a mantener viva la cadena de suministros en el sector alimenticio, no debería haber demasiados problemas para abastecer a la población con lo más primordial. Estas son ventajas que deben ser aprovechadas por autoridades y actores económicos, dejando atrás inquinas y egoísmos y ponerse a trabajar hombro a hombro en un plan que permita al país volver a poner en funcionamiento la maquinaria económica dentro de los márgenes de seguridad y prudencia recomendada por nuestras autoridades sanitarias.
El Gobierno no solamente ha recibido un cheque en blanco con la ley de emergencia, sino que ha obtenido un amplio respaldo de la ciudadanía en todos los niveles, que cree en sus buenas intenciones, entiende la situación y tiene la voluntad de colaborar. Pero a medida que el escenario económico se vuelva más apremiante, ese consenso se irá socavando rápidamente. Por lo tanto, a la par de ejecutar la ley de emergencia con las máximas responsabilidad y honestidad y no defraudar al pueblo, el Ejecutivo, junto al sector privado, no puede esperar para diseñar estrategias alternativas para después del 12 de abril y comunicarlas cuanto antes a la población. No es hora de anteponer los intereses mezquinos. ¡Es hora de poner la patria al hombro y sacar adelante a nuestro país!