El último 31 de marzo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y los ministros Antonio Fretes y María Carolina Llanes llamaron “ad referendum” a una licitación pública con el fin de que se contrate un “servicio médico sanatorial integral para los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia”. En realidad, los beneficiarios de la contratación plurianual, cuyo costo estimativo es de 318.240 millones de guaraníes, serían los casi doce mil funcionarios del Poder Judicial y sus familiares. Como lo dispuesto en plena crisis sanitaria, estando en vigor la ley que declara el estado de emergencia, aún tiene que ser aprobado por el pleno de la Corte, es preciso que la ciudadanía le exija no consentir una resolución tan infame. Si ya resulta inicuo que en tiempos normales los “servidores públicos” gocen de envidiables seguros médicos, sin necesidad de aportar un centavo, a diferencia de los asegurados en el Instituto de Previsión Social, la cuestión sube de punto cuando se pretende mantener ese privilegio en unas circunstancias dramáticas. La población se está sacrificando para mitigar los efectos de la pandemia y hasta los Poderes Ejecutivo y Legislativo descubren la necesidad de racionalizar el gasto público, pero hete aquí que el Dr. Martínez Simón y al menos dos de sus colegas creen que aquí no ha pasado nada y que, por tanto, el Poder Judicial puede seguir derrochando el dinero de todos.
El presidente de la Corte alegó que la multimillonaria cifra en cuestión “ya fue presupuestada” porque fue estudiada el año pasado. En otros términos, hay que gastarla como si no hubieran surgido hechos nuevos de suma gravedad, que afectan a todos los habitantes del país y requieren el mayor esfuerzo presupuestario en pro de la salud pública. Esos hechos nuevos, además, corroboraron lo que todo el mundo sabía, pero que nunca antes había salido a la luz con tanta claridad y crudeza: que existen ciudadanos de primera y de segunda en nuestro país. Que los primeros llevan una vida sin sobresaltos, algunos a cuerpo de rey, financiada con el sacrificio de quienes sostienen al fisco: los contribuyentes. Viene al caso recordar que la Ley Nº 6524/20 establece ciertas medidas excepcionales en cuanto a la ejecución del Presupuesto nacional vigente, como la de “reasignar las partidas” para redireccionar gastos al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Esas medidas rigen “para todos los organismos y entidades del Estado”, con independencia de las fuentes de financiamiento, y son de carácter “meramente enunciativo”, de modo que el Poder Ejecutivo puede determinar otras que estime necesarias.
El contrato a ser adjudicado por el Poder Judicial, si se consumara la operación en marcha, tendría una validez de tres años, pero el ministro de Hacienda, Benigno López cree que la recuperación económica se daría recién dentro de cuatro. Es decir, se puede contar con que hasta entonces la recaudación habrá de disminuir, pero los funcionarios de la Casa de Astrea seguirán aprovechándose no solo de la generosidad de la Corte y del sacrificio del común de la gente, sino también de la de los Poderes políticos que en 2019 aprobaron las cuantiosas erogaciones. Por cierto, no solo los funcionarios y las máximas autoridades del Poder Judicial están exonerados de recurrir a sus bolsillos para tener un seguro médico. Lo mismo ocurre con los legisladores, que al decir del diputado Carlos Portillo (PLRA), no son como los “ciudadanos comunes”, así como con los 2.700 funcionarios del Poder Legislativo. Es verdad, algunos parlamentarios tuvieron la delicadeza de renunciar al indignante privilegio.
El presidente de la Corte dijo que no tiene “ningún problema en renunciar” al suyo, pero agregó que no puede hablar por los funcionarios. Dejando de lado la interrogante de si se habría manifestado tan predispuesto en el caso de que el escándalo se hubiese mantenido oculto, parece muy poco elegante eso de escudarse en terceros para no admitir que lo resuelto fue simplemente aberrante. Ya es hora de modificar el régimen del seguro médico de los funcionarios, para que lo cubran con sus ingresos mensuales, tal como lo hacen los obreros y empleados del sector privado. De hecho, esos afortunados compatriotas están cobrando un sobresueldo, bajo un disfraz muy transparente.
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La Ley de Contrataciones Públicas prescribe que “las convocantes podrán cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor”. Con toda evidencia, la pandemia es uno de “fuerza mayor” que autorizaría a la Corte a cancelar el llamado. Hay razones de orden moral y legal que sustentan la necesidad de abortar esta operación insensata, que implica una bofetada a la ciudadanía. Decenas de miles de trabajadores quedarán en la calle, pero no así los funcionarios en general ni los del Poder Judicial en particular. Estos últimos permanecerán en sus poltronas y se acogerán a los privilegios derivados de una eventual contratación impúdica por donde se la mire.
La ley que declara el estado de emergencia suspendió, “para todos los organismos y entidades del Estado”, las subvenciones por casamiento, ayuda vacacional y ayuda alimenticia, entre otras cosas, contempladas en el Presupuesto. Como el Poder Ejecutivo puede tomar otras medidas de racionalización no especificadas en ella, sería bueno que también incluya los seguros médicos hasta tanto se regule la cuestión, para lo cual se puede aprovechar el anunciado estudio inminente de una nueva ley de la función pública. Entretanto, que la Corte tenga el coraje y la decencia de no avalar la deplorable resolución comentada. Es hora de poner fin a los irritantes privilegios de una casta que se ha adueñado del Estado.