A lo largo de su épica historia, la nación paraguaya jamás claudicó ante los embates de la adversidad. Invariablemente, los infortunios confrontados le han servido como espejo para evaluar su reacción ante desastres de connotación existencial, como las guerras sostenidas en defensa de su integridad territorial y las adversidades provenientes de causas fortuitas como las recurrentes crisis humanitarias de salud desatadas por pandemias. Al respecto cabe recordar la tercera del cólera, que azotó al mundo entre 1842 y 1862, y que en sus postrimerías tuvo algunos brotes importados en el Paraguay durante los últimos años del Gobierno de Don Carlos Antonio López, quien supo prevenir el problema con medidas de prudente caución, al tiempo de empeñarse en mejorar el cuidado de la salud pública; un servicio casi inexistente hasta entonces en el país.
Así, tras su muerte, en Asunción ya funcionaba una casa de curación, o de atención a la salud, sostenida por el Gobierno y bajo la supervisión de médicos contratados por él en Europa, al igual que cierta suerte de farmacias dedicadas a la venta de medicamentos para enfermedades crónicas y epidemias estacionales benignas. Gracias a esta previsora iniciativa de Don Carlos en materia de salud pública, al inicio de la guerra de exterminio contra la Triple Alianza había centros públicos de atención a la salud en Paraguarí, Pilar, Encarnación y zona de la Cordillera, que mucho sirvieron para contrarrestar la recurrencia de una epidemia de cólera desatada durante la infame guerra y que mató a más gentes que las armas, tanto en filas paraguayas como en las de la Triple Alianza.
El caso de la pandemia del coronavirus, que en pocos meses ha azotado al mundo entero y a nuestro país con una virulencia sin precedentes –de final aún incierto y de consecuencias económicas incalculables–, está poniendo a prueba el acierto que pudieran tener las medidas implementadas por el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez para contenerla y mitigar sus secuelas, tanto sociales como económicas.
Desde los tiempos de la Guerra del Chaco, esta es la peor crisis sanitaria y, comprensiblemente, centra la atención en el accionar de las autoridades de turno para enfrentarla. En tal sentido, la fuerte crispación social que está viviendo la ciudadanía ante esta crisis de salud pública obliga al Gobierno a tratar de enmendar, a como dé lugar, las imprevisiones de los que le precedieron en cuanto al cuidado de la salud de la gente y arbitrar las medidas al alcance del Estado para atender a los infectados y reducir los riesgos de futuros contagios mediante drásticas medidas sanitarias y de comportamiento social. De hecho, las pandemias que han azotado al mundo en el pasado, como la peste negra y el cólera, han dejado como secuelas no solo desolación y miseria, sino también lecciones políticas que han servido para crear conciencia a nivel internacional en cuanto a la necesidad de la cooperación entre los Estados para hacerlas frente con éxito. Por otra parte, las élites de las sociedades se han visto obligadas a asumir un mayor sentido de responsabilidad por la vida y bienestar de los sectores sociales menos favorecidos, a fin de protegerse a sí mismas y proteger de paso a la mano de obra que les sirve.
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Las epidemias como la del covid-19 demuestran el riesgo colectivo que surge por fallar los gobiernos en proporcionar medidas de salud y bienestar a la población vulnerable. Cuando hace algún tiempo el HIV/AIDS –vulgarmente conocido como sida– se expandió por el mundo, los habitantes de los países pobres morían miserablemente a causa de no poder tener acceso a los tratamientos de amplio uso en los países desarrollados, hasta que estos decidieron socorrer a los más desfavorecidos y así evitar más muertes.
Bien está, entonces, que el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez se empeñe en tomar las medidas legales para allegar fondos a fin de hacer frente al problema del coronavirus que está afectando la salud de los paraguayos. Y que los legisladores le acompañen en la emergencia que vive la sociedad, sin distinción de ideologías partidarias ni de intereses políticos. Diputados y senadores deben “ver la luz” –como bien lo dijo uno de ellos– de la necesidad pública instalada por la pandemia y apoyar urgentemente las medidas legales destinadas a recortar las altas remuneraciones de los empleados públicos de las entidades binacionales y de otras reparticiones públicas que gozan de beneficios salariales extras establecidos a contramano de la Constitución y de las leyes. Y es de desear aún que las medidas adoptadas a la luz de esta coyuntura se prolonguen en el tiempo, para corregir unas aberrantes distorsiones apañadas por los políticos empotrados en cargos electivos y sus clientelas.
La gran lección política que el Gobierno y la sociedad civil paraguaya deben extraer de la pandemia del covid-19 que nos azota con rigor en estos momentos es la necesidad de que el Estado mejore substancialmente el cuidado de la salud pública, en particular de los estamentos más vulnerables de la población, y de que en casos de una crisis humanitaria como la presente, la solidaridad también se manifieste desde todos los sectores de la sociedad.
Esta ocasión, si bien dolorosa, presenta así la oportunidad para corregir las graves distorsiones que han venido secuestrando recursos que deberían destinarse a sectores prioritarios como salud, educación y obras públicas. Para eso, la sorda ira que envuelve a la ciudadanía ante la evidencia de tantas injusticias que se venían cometiendo para favorecer a un sector privilegiado de nuestra sociedad debe transformarse en movilizaciones firmes y sostenidas para obligar a nuestras autoridades a adoptar medidas administrativas, dictar leyes e impartir justicia con miras a hacer realidad lo que establece el Art. 46 de la Constitución: “Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. (…)”.