El engorroso tratamiento que se le está dando al tema de las declaraciones juradas de bienes y rentas, con las reiteradas idas y venidas entre ambas Cámaras del Congreso, revela que el tema les resulta de lo más urticante a numerosos legisladores. Sus muy personales motivos tendrán, sobre todo la mayoría de los diputados, para oponerse a que sean publicadas por la Contraloría General de la República, salvo que exista una intervención judicial, trámite que puede demorar o, inclusive, impedir una publicación, según sea el enganche que tenga un legislador en el engranaje de la judicatura. Es de suponer que si se empeñan en ocultar a la ciudadanía sus respectivos patrimonios, así como el de sus allegados presupuestívoros, es porque podrían haber incurrido en ciertas omisiones intencionales al cumplir con el deber constitucional de exponerlos al citado organismo.
El último episodio de la grotesca maniobra obstruccionista, protagonizado por los cartistas y abdistas de la Cámara Baja, fue más allá de impedir la transparencia. Consistió nada menos en despenalizar de hecho las declaraciones juradas, de modo que para que quien ejerza una función pública ya no regiría el art. 243 del Código Penal que castiga con hasta cinco años de prisión a quien “presentara una declaración jurada falsa ante un ente facultado para recibirla”, sanción que se reduce a un año o a una multa cuando se actúa culposamente respecto a la falsedad. Como esta norma seguiría en vigor para quienes no están a sueldo del Estado o de los Gobiernos departamentales y municipales, el despropósito referido violaría el art. 47 de la Constitución, que garantiza la igualdad ante las leyes. A diferencia de los contribuyentes, que presentan su declaración jurada para abonar el impuesto a la renta personal, quienes están en la función pública podrían mentir impunemente. Se plantea así la cuestión de por qué, entonces, el art. 104 de la Carta Magna habla de “declaración jurada”, ya que bien podría haber omitido lo del juramento. Se tiene así que el perjurio ya no va a ser un delito para los privilegiados “servidores del Estado”, de modo que podrán exponer y dejar de exponer lo que se les antoje, sin temor a ser sancionados.
La absurda moción del diputado cartista Hernán Rivas, apoyada por sus correligionarios, sin previo estudio de comisiones asesoras de la Cámara, reza así: “Toda declaración jurada presentada en tiempo y forma es válida, independientemente de si existen omisiones o errores”. O sea que podrá estar llena de mentiras, pero, por de pronto, tendrá validez jurídica porque se cumplió con una formalidad. Si la Contraloría advierte errores u omisiones, debe correr traslado al declarante para que lo subsane dentro del plazo de treinta días. Según lo aprobado, la cuestión pertenece exclusivamente al ámbito administrativo y el referido órgano solo podrá formular una denuncia si sospecha que hubo un enriquecimiento ilícito.
Por cierto, el art. 9º de la Ley Nº 5033/13 dice que si el declarante no brinda informaciones adicionales y elementos probatorios, la institución en la que presta servicios el funcionario debe dejar de abonar sus remuneraciones hasta que lo haga. Pero importa más apuntar que la “declaración falsa”, que se consuma con una sola presentación fraudulenta, es un hecho punible en sí mismo, independientemente del enriquecimiento ilícito, que resultaría de comparar la correspondencia entre las declaraciones juradas de bienes y rentas entregadas al asumir y al cesar en el cargo.
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También es destacable que el art. 9º de su ley orgánica obliga a la Contraloría a denunciar “a la Justicia ordinaria y al Poder Ejecutivo de todo delito del cual tenga conocimiento en razón de sus funciones específicas”. Esta norma concuerda con el art. 286 del Código Procesal Penal, según el cual los funcionarios deben denunciar los hechos punibles de acción pública que conozcan en el ejercicio del cargo. Resulta así que lo resuelto por la Cámara Baja altera estas dos disposiciones en beneficio de los perjuros, volviendo a ignorar el principio constitucional de igualdad ante las leyes: los funcionarios, incluidos los de la Contraloría, no tendrían el deber de denunciarlos si tienen la suerte de ocupar un cargo público. Una barbaridad.
Dado lo antedicho, no sorprende que los diputados Miguel Cuevas (ANR, abdista) y Justo Zacarías Irún (ANR, cartista) hayan votado a favor de la indecente propuesta: el primero está procesado por el delito de declaración falsa, al igual que el senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista), hermano del segundo. En ambos casos, las pesquisas del Ministerio Público se fundaron, en gran medida, en publicaciones de prensa sobre sus respectivas fortunas, de modo que hasta sería de temer que a alguien se le ocurra en adelante prohibir revelaciones similares, invocando el “derecho a la intimidad”. Más allá de asuntos de índole jurídica, resulta evidente que el espíritu reinante entre los diputados abdistas y cartistas es impedir la transparencia y, a la vez, restar importancia a las declaraciones juradas de bienes y rentas, degradándolas a un mero trámite burocrático. Aquí también se nota la urgente necesidad de que ellas sean publicadas para que cualquier ciudadano pueda denunciar las falsedades que contengan según sus conocimientos, las que implicarían, desde ya, la comisión de un delito.
En suma, al sacar de la galera una indignante ocurrencia como la comentada, se busca la impunidad desde que se asuma un cargo y no solo cuando se lo abandone y se revele que hubo enriquecimiento ilícito. Cabe repetir que la declaración falsa es un delito que la Contraloría y cualquier funcionario deben denunciar, lo mismo que toda persona interesada en el bien público.
Es importante notar que, mientras el Paraguay entero sufre los efectos de la pandemia, los poderosos de la política y de la función pública quieren esconder sus patrimonios del escrutinio de la gente, lo que a este paso haría sospechar que son mal habidos.