Por un lado, tenemos que decir que las medidas de aislamiento social impuestas desde el 10 de marzo han sido apropiadas y oportunas, y han tenido incuestionable éxito en sus principales objetivos originales, que fueron, primero, contener en niveles manejables la propagación del covid-19 en el país, y segundo, ganar tiempo para preparar mejor el sistema de salud y a la población en general para enfrentar la pandemia. El Gobierno y las autoridades sanitarias merecen el crédito por ello, y la mayoría de la sociedad así se lo reconoce. Si por desgracia la enfermedad se expande por encima de lo esperado y aumentan exponencialmente los casos graves, nadie con sentido de justicia podrá reclamarles que no hicieron todo lo que estuvo a su alcance.
Sin embargo, por otro lado, no podemos decir lo mismo de la gestión y el liderazgo del Gobierno en un sentido más amplio. La obligación de quienes tienen la responsabilidad de administrar la república es proteger a sus habitantes, pero, a la par, asegurarse de que la sociedad funcione, que el país se desarrolle, que los ciudadanos puedan convivir en libertad, puedan trabajar y estudiar, ganarse el sustento, mantener a sus familias, educar a sus hijos, prosperar lícitamente. Si como toda solución nos ofrecen meternos por tiempo indefinido cada cual en su búnker, teóricamente tendremos más seguridad, nos enfermaremos menos, habrá menos accidentes, los hospitales estarán más tranquilos, pero es obvio que en la práctica ningún país, menos aún el nuestro por sus características, puede seguir adelante de esa manera.
Por lo tanto, un gobierno responsable no puede ocuparse de una cosa y desentenderse de la otra, tiene el deber de buscar y presentar soluciones integrales. “La salud es lo primero, la economía se recupera”, nos repiten. Esa consigna facilista y timorata ya no es aceptable a estas alturas, ambas patas del problema son prioridad y deben ser tratadas como tales.
Después de casi dos meses de cuarentena, cuando más de 2 millones de personas se quedaron sin ingresos de la noche a la mañana y ya no los recuperaron, cuando hay sectores enteros que están con facturación cero, sin poder pagar salarios, no digamos ya deudas y cuentas básicas, cuando las propias estimaciones oficiales vaticinan la peor crisis económica de las últimas cuatro décadas, con todo lo que ello implica en términos de aumento de la pobreza y deterioro general de la calidad de vida, no nos pueden venir alegremente con un plan de gabinete autoproclamado “inteligente” de fases de ¡21 días!, elaborado entre cuatro paredes, completamente al margen de la realidad y de las posibilidades.
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¿Acaso el presidente Mario Abdo Benítez y quienes lo asesoran no reciben información, no ven la televisión, no escuchan la radio, no leen los diarios y portales, no se enteran de que la gente en zonas pobres está subsistiendo con ollas populares y que en muchos lugares ya no hay ni para eso, por lo cual envían a los niños a mendigar comida por los vecindarios, donde a menudo tampoco hay mucho para dar?
Literalmente miles de empresas, especialmente pequeñas y medianas, están en virtual quiebra, decenas de miles de trabajadores formales ya fueron cesados o despedidos, centenas de miles de informales están hace semanas con ingresos mínimos o nulos.
Las medidas de ayuda que se pusieron en vigor son paliativas, insuficientes e insostenibles en el tiempo. En Paraguay, si dos tercios de los trabajadores vive al día en el sector informal, son cuentapropistas, prestadores de servicios personales o empleados de micro o pequeñas empresas, que en su mayoría están paralizadas, ¿cómo pedirles que sigan aguantando, en el mejor de los casos, con hasta dos subsidios de 548.000 guaraníes (80 dólares), que encima solo les llega a algunos?
Párrafo aparte para el sector comercial, que ocupa el 50% de la mano de obra nacional, y en algunos sitios, como las zonas fronterizas, a más del 80%. A excepción de supermercados, despensas, farmacias y estaciones de servicio, todos los comercios están cerrados, sumados a bares, restaurantes, hoteles y shoppings, y muchos lamentablemente continuarán así, porque han tenido que despedir a sus empleados y no van a poder pagar a sus proveedores. ¿Cómo pedirles que esperen, con suerte, hasta el 25 de mayo, o hasta junio y julio “dependiendo de las evaluaciones”? Si ya ahora les sería difícil recuperarse en un ambiente de dura retracción, en veinte días o un mes o más les será imposible.
La tan mentada “ley de emergencia nacional” para lo único que en verdad sirve es para “asegurar el funcionamiento del Estado”, léase, poco más que para pagar los sueldos a los funcionarios públicos. Y ni siquiera eso está garantizado, porque las recaudaciones caerán por debajo de sus pisos históricos, habrá más presión fiscal por el mayor endeudamiento, las inversiones públicas se postergarán y no podrán ser un motor de reactivación, y muy pronto decenas de municipalidades y entes descentralizados entrarán en cesación de pagos.
No hay que ser muy “inteligente” para imaginarse las gravísimas consecuencias que conlleva este explosivo escenario en el ya corto plazo, las cuales amenazan con arrastrarnos al precipicio a todos, Gobierno y salud pública incluidos.
No es necesario llegar a eso y tampoco es necesario descuidar la salud. Hoy el sistema está mejor preparado que hace dos meses, también es mayor el conocimiento de la enfermedad y la manera de lidiar con ella, la población está más consciente, informada y dispuesta a colaborar, todos esos son activos que hemos ganado en buena ley y que podemos capitalizar. Pero es urgente que el Gobierno pise tierra y se siente de inmediato a dialogar con distintos actores de las fuerzas vivas para hallar una fórmula razonable y viable que permita volver rápidamente al trabajo, con todas las medidas sanitarias y de higiene que se requieran para minimizar los riesgos. No solo es posible hacerlo, es imperioso.