Agentes fiscales continúan inclinando la cabeza ante los poderosos

Pese a la gran atención que merece, la crisis sanitaria no debe permitir que la ciudadanía baje la guardia y desvíe la atención de ciertas graves cuestiones que afectan a la salud moral de la nación. Esta amerita una suerte de estado de emergencia permanente y muchos de sus casos tienen que ver con las actuaciones del Ministerio Público ante los órganos jurisdiccionales. Es sabido que el poder político o económico influye sobremanera en la investigación de los delitos y en las resoluciones judiciales, las que también dependen, en gran medida, de cuanto los agentes fiscales hagan o dejen de hacer para evitar que el encausado se fugue u obstruya las pesquisas, así como para asegurar que la responsabilidad civil acompañe a la penal. Un buen ejemplo de lo antedicho es que, debido a la torpeza, por así decirlo, de la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, hoy están en libertad ambulatoria el “empresario” Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, por haber compurgado en prisión preventiva la pena mínima aplicable a los hechos punibles que se les atribuyen.

Pese a la gran atención que merece, la crisis sanitaria no debe permitir que la ciudadanía baje la guardia y desvíe la atención de ciertas graves cuestiones que afectan a la salud moral de la nación. Esta amerita una suerte de estado de emergencia permanente y muchos de sus casos tienen que ver con las actuaciones del Ministerio Público ante los órganos jurisdiccionales. Es sabido que el poder político o económico influye sobremanera en la investigación de los delitos y en las resoluciones judiciales, las que también dependen, en gran medida, de cuanto los agentes fiscales hagan o dejen de hacer para evitar que el encausado se fugue u obstruya las pesquisas, así como para asegurar que la responsabilidad civil acompañe a la penal. Un buen ejemplo de lo antedicho es que, debido a la torpeza, por así decirlo, de la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, hoy estén en libertad ambulatoria el “empresario” Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, por haber compurgado en prisión preventiva la pena mínima aplicable a los hechos punibles que se les atribuyen.

Para peor, el padre –imputado por lavado de dinero y usura– y el hijo –imputado por lavado– podrán disponer libremente de al menos una parte su cuantioso patrimonio, porque un Tribunal de Apelación en lo Penal resolvió levantar el bloqueo de las cuentas y el embargo de los bienes de ambos procesados: la primera medida no está prevista en el Código Procesal Civil y solo es aplicable en los casos de terrorismo, en tanto que la segunda requiere una determinación precisa del monto, omitida por el Ministerio Público. Los culpables de la indignante situación actual, que podría conducir a que los sospechosos borren huellas, escapen de la Justicia o se declaren insolventes para no reparar eventualmente el enorme daño causado a las numerosas víctimas, son los agentes fiscales Liliana Alcaraz y Osmar Legal.

Teniendo en carpeta varias fundadas denuncias sobre la despiadada voracidad de esos miembros del célebre clan luqueño, liderado por el exsenador Óscar González Daher, hoy en reclusión domiciliaria, al igual que su hijo concejal Óscar González Chaves, esos fiscales decidieron promover una sola causa. Por tanto, el juez penal de Garantías Humberto Otazú y los camaristas Gustavo Santander, Arnulfo Arias y Emiliano Rolón tuvieron que aplicar, necesariamente, la norma de que la prisión preventiva “no podrá superar en ningún caso la pena mínima prevista para cada hecho punible”, que en los casos de usura y lavado de dinero es de seis meses. Se plantea la pregunta de si la estrategia procesal del Ministerio Público consistiría en impulsar sucesivas causas para lograr una prisión preventiva de medio año, a ser renovada en cada ocasión. Para evitar el escándalo referido, habría sido preferible que, antes del último 15 de mayo, presentara una nueva imputación, pidiendo el embargo por una suma cierta, tal como lo hizo en el caso de evasión impositiva por unos catorce millones de dólares, a pedido de la Subsecretaría de Estado de Tributación, que también enfrenta Ramón González Daher, como derivación de la causa que involucra a su hermano por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración jurada falsa. Por lo demás, debe atenderse que se podría operar la prescripción de alguna de las causas por usura y lavado de dinero, ya planteada en la actual y felizmente denegada, de modo que es preciso que los citados agentes fiscales borren la pésima impresión que están dando.

Durante largos años, los codiciosos hermanos han tenido como víctimas al Estado y a personas de carne y hueso, debido a que el dinero les permitió instalarse en la política y en el deporte para hacer aún más dinero. No le hacían ascos a nada, para hacerse con inmuebles que no tributaban y que acrecían su patrimonio gracias al préstamo con interés, por así decirlo. Se habrían valido de organismos estatales y de cierto club de fútbol para incrementar sus respectivas fortunas, exhibiéndose como grandes señores. El primer legislador expulsado por sus pares en nuestra historia parlamentaria también está procesado porque habría influido groseramente en jueces y en agentes fiscales, presidiendo un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, como si hubiera estado calificado precisamente para tal función. Desde allí habría actuado incluso para que los “intereses” de Ramón González Daher sean bien atendidos, cuando sus deudores eran demandados, mediante la presentación de cheques con fecha diferida, para el cobro judicial de sus nada generosos préstamos. Como se sabe, la riqueza material es compatible con la miseria moral. Pero a los agentes del Ministerio Público, al parecer, estos graves asuntos les tienen sin cuidado.

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En consecuencia, resulta deplorable que los hermanos sean de una catadura nada envidiable, pero lo es más que quienes deben perseguir inconductas como las suyas estén de hecho a su servicio por negligentes, necios o corruptos. Los González Daher son de lo peor que tiene el Paraguay. Duele constatar, una y otra vez, que gente de su misma calaña siga teniendo tanto predicamento en los centros de poder, convirtiendo en letra muerta, entre otras cosas, el principio de igualdad ante la ley. Es que el Ministerio Público y el Poder Judicial siguen sometidos a los victimarios de las personas honestas, que se ganan el pan con el sudor de su frente y pagan sus impuestos.

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