La deplorable Administración Nacional de Electricidad (ANDE) estima que deberá “corregir aproximadamente 40.000 facturas”, pues sus respectivos montos fueron calculados según el promedio del consumo anual. En otros términos, como en abril no realizó la lectura de los medidores, tuvo la ocurrencia de apelar a una estimación arbitraria, sin atender que el estado de emergencia obligó al abandono de viviendas así como al cierre de fábricas, locales comerciales y restaurantes, entre otros establecimientos. Una práctica inaceptable en una empresa pública que se las da de seria. Las facturas erróneas equivaldrían al 11% del total emitido a clientes no exonerados y fueron detectadas solo debido a las protestas de los usuarios, forzados a abandonar sus quehaceres para formar largas filas ante la sede asuncena de la empresa pública o ante sus dependencias del interior del país.
Por supuesto, no es nada nuevo que la ANDE castigue a sus clientes con groseras sobrefacturaciones ni que ella misma las reconozca. Para no ir más lejos, en marzo de 2019, su entonces presidente, el Ing. Pedro Ferreira, se quedó muy corto al referir que solo en el 5% de los casos reclamados se cobraba en exceso, al tiempo de confesar que algunos meses solo se hacían lecturas “estimativas” de los medidores. Esta vez, la ANDE tuvo a bien informar que las víctimas del abuso no estarán obligadas a abonar el exceso antes de protestar y que quienes ya lo hicieron, tendrán un crédito para el pago del próximo mes, si su queja fuera aceptada tras la lectura de rigor.
La primera concesión, aunque muy justa, va en contra de lo que dispone su arbitraria Carta Orgánica, que se limita a ordenar el pago del servicio dentro de los quince días siguientes a la emisión de la factura, so pena de que el suministro eléctrico sea suspendido, “sin perjuicio de ejercer las acciones legales procedentes y de hacer efectivo el depósito de garantía en su caso”. O sea que el usuario de la ANDE se halla más indefenso que el contribuyente, pues la Ley Nº 125/91 dice que la interposición del recurso de reconsideración suspende el cumplimiento del acto administrativo, como lo es una liquidación impositiva. No es cuestión de depender de la buena o mala voluntad de la empresa estatal, sino de que su Carta Orgánica sea modificada en el sentido de la citada Ley de Reforma Tributaria.
Por otra parte, eso de que las víctimas del despojo reciban un crédito para el pago de la cuenta posterior puede resultar inútil, pues el usuario pudo haber previsto la suma que pagó en exceso para afrontar otras obligaciones actuales. La empresa pública no tiene por qué quedarse con dinero del usuario, aunque sea por corto tiempo. A propósito, no estaría mal que los afectados ejerzan alguna vez “las acciones legales procedentes” para lograr un resarcimiento del daño causado por los responsables del robo, ni que la Defensoría del Pueblo cumpla al respecto su obligación constitucional. Desde luego, son numerosos los que no impugnan una sobrefacturación, sea por ignorancia, por creer que sería inútil y oneroso hacer un reclamo administrativo o judicial, o por no poder acudir a las oficinas de la ANDE. Se entiende así que el senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) haya presentado un proyecto de ley “que cancela y anula las facturas emitidas por la ANDE y la Essap durante la cuarentena sanitaria”.
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También es presumible que ninguno de sus casi 6.000 funcionarios, que solo pagan la mitad de la tarifa eléctrica, de acuerdo a un escandaloso contrato colectivo, ha sufrido jamás la experiencia del despojo. Quienes la sufren en forma redoblada son los usuarios, que deben financiar los cuantiosos beneficios adicionales de tales funcionarios, que a más del ilegal pago reducido de la tarifa, incluye otros rebusques como “servicios personales, subsidio familiar y bonificaciones y gratificaciones”. Comparar los privilegios de esos funcionarios organizados con las peripecias de sus víctimas no agremiadas, a la hora de consumir la energía eléctrica y de abonar por ella, evidencia el cinismo de afirmar que las empresas públicas pertenecen a todos los paraguayos. ¿Será que las periódicas “equivocaciones” de la ANDE son para cubrir este banquete de su personal?
Hace unos días, la ANDE fue la institución más opuesta, ante comisiones asesoras de la Cámara Baja, al proyecto de ley que recorta gastos superfluos y privilegios de funcionarios de rango superior: su presidente, el Ing. Luis Villordo, objetó recortes en cuanto a salarios, viajes, combustibles, publicidad, pagos adicionales a funcionarios y servicios gastronómico y de telefonía, entre otras cosas. No es casual que dirija una empresa estatal que practica la filantropía con sus miembros y el robo con su clientela. El problema se agrava en la medida en que ejerce un monopolio inconstitucional, impidiendo que la población recurra a otras firmas proveedoras de energía eléctrica. Hasta la fecha, no hay noticias de que la Compañía de Luz y Fuerza SA (Clyfsa), que excepcionalmente brinda dicho servicio en Villarrica, haya cometido la infamia de emitir facturas que no se corresponden con el consumo.
Valga esta lamentable ocasión para reiterar la necesidad de abrir el mercado eléctrico a la libre competencia, previa creación de una entidad reguladora, para terminar con la dictadura de la entidad que actualmente dirige el sector. La ANDE es una vergüenza, habituada a privar del servicio a los usuarios y de cobrarlos en demasía. Quienes la integran no están dispuestos a renunciar a sus dispendios ni a dejar de meter la mano en los bolsillos de los consumidores. El país necesita poder optar.