Hoy los paraguayos conmemoramos el 85° aniversario de la firma del Protocolo de Paz que puso fin a la Guerra del Chaco. Irónicamente, lo hacemos en plena guerra por otros medios y contra dos enemigos invisibles coaligados. Ambos, igualmente peligrosos para la vida de los paraguayos y la economía del país, como lo fue la guerra con Bolivia. Uno, externo: el covid-19. Otro, interno: la corrupción que permea la administración pública nacional y perjudica la lucha contra la pandemia.
El prólogo de la conocida obra del historiador norteamericano David Zook, “La conducción de la Guerra del Chaco”, consigna que “el conflicto armado más grande de la América Meridional” se dio “entre las naciones más pobres de la América española”. A casi un siglo de “el más enigmático de todos los conflictos americanos” –al decir del autor del libro de referencia– Paraguay y Bolivia continúan apareciendo entre los países más corruptos del continente. Lamentable realidad tolerada cada vez menos por la ciudadanía e insistentemente denunciada a través de la prensa libre y las redes sociales de Internet. Este virus de inmoralidad pública, cuyo caldo de cultivo es la impunidad, ha recrudecido escandalosamente con el advenimiento de la pandemia, que está obligando al Estado a gastar más dinero del que dispone y a endeudarse peligrosamente con el propósito de atender la urgente necesidad de insumos médicos y gastos sociales de ayuda monetaria directa a los sectores más vulnerables de la población que han perdido sus medios de subsistencia.
La crisis socioeconómica generada por la cuarentena decretada por el Gobierno para contener el contagio masivo del virus ha obligado al cierre de los comercios e industrias en todo el país y dejado sin trabajo a centenares de miles de ciudadanos, los que sumados a los pobres extremos que reciben subsidio estatal están ocasionando al fisco una sangría que le obliga a buscar recursos hasta en donde no debe, como fue la idea de hurgar en las arcas del Instituto de Previsión Social (IPS) para apropiarse de los fondos jubilatorios de los asegurados.
Pero, en contraste con lo que sucedió en ocasión de la Guerra del Chaco, que catalizó la solidaridad del pueblo paraguayo en apoyo a la lucha contra el enemigo de entonces, con aporte económico y servicio personal, al amparo de un Gobierno patriota, con funcionarios honestos a carta cabal, en esta hora, también crucial para la nación, el Gobierno, como señalamos, se ve obligado a luchar en dos frentes: contra el covid-19, por un lado, y contra el cáncer de la corrupción por el otro. Pero, a diferencia de lo ocurrido durante la guerra, hoy el Gobierno, aunque empeñado en luchar contra la pandemia mediante medidas socioeconómicas restrictivas como la cuarentena, no demuestra ni mucho menos igual firmeza para impulsar castigos contra los concusionarios que aprovechan la emergencia sanitaria para estafar al Estado mediante compras fraudulentas de insumos sanitarios y otras necesidades conexas.
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Esa ambivalencia de actitud de las autoridades gubernamentales de una y otra época causa inquietud y desagrado en el ánimo de la población que está sufriendo penurias por el confinamiento a que se ve sometida, con la pérdida de sus medios de subsistencia, de la escolaridad de sus hijos y de esparcimiento social, entre otros rigores impuestos como costo de la guerra contra el flagelo del coronavirus.
De persistir la desembozada corrupción y la flagrante impunidad que la aúpa, el Gobierno de la República –conformado por los tres Poderes del Estado– está conduciendo a la población hacia un estado de indignación e impaciencia cada vez mayor, lo que puede manifestarse de manera insospechada.
Para evitar males mayores, se impone que el Gobierno encabezado por el presidente Mario Abdo Benítez demuestre firmeza en la lucha contra la corrupción, desmarcándose con toda claridad de los funcionarios y políticos de dudoso pelaje, y ponga sin dudar a disposición de la Justicia a sus colaboradores involucrados en sucios negocios a costa del Estado.
Esa es la batalla que deben inspirar hoy los gloriosos defensores del Chaco paraguayo, pocos de los cuales aún están con vida en la actualidad. Debemos hacer propicia esta ocasión no para sellar la paz con la corrupción pública y seguir conviviendo con ella como si nada, sino para combatirla con mayor determinación política y social hasta acabar con la infame lacra de que “en el Paraguay hay delitos, pero no hay delincuentes”. Sería lamentable que el Gobierno tome partido por los sinvergüenzas y se enfrasque en una “guerra” con la población que comienza a manifestarse en busca de castigo para los corruptos. Solo aliándose con los honestos habrá verdadera paz en el Paraguay, aquella que buscaron nuestros héroes del Chaco a quienes hoy recordamos.