La gavilla instalada en la Cámara de Diputados, que en las últimas semanas ha cometido varias tropelías, prepara para el día de hoy otro golpe a los intereses ciudadanos mediante la introducción de cambios sustanciales al proyecto conocido como “Ley Godoy”. El texto salido del Senado dispone recortes sustanciales a numerosos privilegios salariales y otros beneficios de funcionarios públicos. La “Cámara de la Vergüenza”, que se ha ganado ese nombre con justicia, ahora pretende retornar a los estatales casi todas sus prerrogativas, manteniendo incluso sus exorbitantes salarios a los empleados de las entidades binacionales. Este proyecto de ley está a punto de recibir el disparo letal, aprovechándose el momento en que la ciudadanía no puede salir a protestar debido a que se encuentra maniatada por las medidas sanitarias contra el covid-19.
Los diputados tienen previsto analizar hoy en sesión plenaria los detalles del proyecto “Que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita el nombramiento y la contratación de parientes y de asesores, fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público”. El documento presentado por el senador Sergio Godoy (ANR, cartista) busca establecer como tope de las remuneraciones de todos los funcionarios públicos, incluidos los de Itaipú y Yacyretá, el monto que percibe el Presidente de la República conforme al presupuesto público (poco más de G. 37 millones mensuales en la actualidad). Este es el punto más polémico del mentado plan, que además recorta beneficios como combustibles, viáticos, viajes, servicio de telefonía celular, gastos en alimentos; elimina pagos por un concepto ridículo conocido como “presentismo”; limita las contrataciones de parientes, así como de asesores para legisladores y funcionarios de alto rango; prohíbe la publicidad estatal de ciertos rubros innecesarios en medios masivos, solo por citar algunos.
Varias comisiones asesoras de la Cámara Baja han dado a conocer sus dictámenes, aunque la predominante que aparentemente será utilizada como base de las discusiones, es la expedida por Asuntos Constitucionales, a cargo del diputado Derlis Maidana (ANR, cartista). Sin muchas vueltas, el dictamen plantea eximir de los topes de remuneraciones a los funcionarios de las entidades binacionales, eliminar recortes a varios conceptos como viajes al exterior, pagos de multas y contrataciones de parientes y asesores. Como puede apreciarse, en términos prácticos los diputados pretenden matar la esencia misma del proyecto que tímidamente buscaba cierta justicia, y tal cual queda, apenas admite algunos pocos recortes para tratar de calmar los históricos reclamos de la mayoría de los paraguayos que ven estos privilegios como una ofensa.
Como ya fue ampliamente desarrollado en un editorial anterior, la excusa de los tratados binacionales para no tocar las remuneraciones de los funcionarios de estos entes carece de todo argumento jurídico. No se debe admitir bajo ningún sentido la creación de un Estado dentro de otro Estado. Se trata de dos instituciones en las que se abonan salarios del primer mundo, donde una gran mayoría ingresó por la ventana gracias a recomendaciones partidarias y donde se tiene poco apego a la meritocracia. En un país pobre como el nuestro, no se puede permitir que funcionarios ganen el triple que el titular del Ejecutivo, el cargo más elevado y de mayor responsabilidad de la República, conforme a la Constitución Nacional.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Para dimensionar el desmadre del presupuesto público en materia remunerativa, ayer nuestro diario publicaba las escandalosas remuneraciones cobradas por numerosos funcionarios aduaneros, bajo la figura de participación en multas. Algunos llegaron a percibir más de G. 200 millones en el mes más crítico cuando la pandemia arrasaba con amplios sectores de la economía y dejaba en la calle a miles de trabajadores. Bien se sabe que muchos de los funcionarios de esta institución fueron metidos por sus padrinos políticos de turno a quienes con toda seguridad deben “rendir cuentas”, literalmente, muchas veces con abultados “maletines”. Los beneficios pagados en las estatales en general, que pretenden ser derogados por el proyecto, son una bofetada a la ciudadanía honesta que debe sudar y trabajar denodadamente para ganarse el pan de cada día y que hoy más que nunca se encuentra casi aniquilada económicamente a consecuencia de la pandemia.
Quienes tendrán a su cargo votar hoy este proyecto son los mismos que recientemente se ratificaron en una ley que despenaliza la presentación de declaraciones juradas falsas por parte de aquellos que ejercen la función pública, que apunta claramente a la impunidad de varios de sus colegas y exautoridades que están en la mira de la Justicia. Una cuasiconfesión de que estuvieron mintiendo a la Contraloría y al pueblo. Se trata de los mismos legisladores que hace solo algunos días instalaron en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a un novato abogado –el diputado Hernán David Rivas (ANR, cartista)–, quienes según su propio colega y antecesor destituido, Ramón Romero Roa (ANR, abdista), “querían a un secretario en el Jurado para que intermedie”, haciendo clara alusión a que irá a “cocinar” los casos de jueces y fiscales serviles a intereses políticos partidarios de algunos sectores.
Los diputados deben entender que la paciencia de los paraguayos se ha acabado. Deben dejar de pensar que este tipo de actitudes no tendrá consecuencias. El país atraviesa por una de las mayores crisis de su historia y requiere de una racionalización incluso más profunda del Estado a fin de terminar con la casta de privilegiados que cobija. Es más, se teme que la “Ley Godoy” sirva incluso de excusa para no avanzar en los cambios sustanciales que deben ser introducidos para crear una carrera civil, crear una escala salarial justa y generar un sistema de compras y contrataciones públicas que elimine la corrupción rampante que hoy existe y que ha quedado evidenciada con las licitaciones del Ministerio de Salud.
La “Cámara de la Vergüenza” debe escuchar los reclamos de los paraguayos y aplicar la podadora a los desvergonzados privilegios salariales del Estado, incluidas las binacionales.