El Ejecutivo agotó su crédito

Las autoridades del Poder Ejecutivo dieron a conocer finalmente su proyecto denominado “Ñapu’ã Paraguay” (levantémonos Paraguay), un plan de reactivación que pretende idealmente recuperar la economía de la hecatombe provocada por la pandemia del covid-19 con base en tres pilares principales: planes de protección social e incentivos en las fronteras, inversiones en obras públicas y créditos de largo plazo para el desarrollo. Se contempla un nuevo endeudamiento de 350 millones de dólares que deben adicionarse a otros ya aprobados por casi 2.000 millones de dólares, un inédito cheque al portador otorgado por el Congreso. Pese al entusiasmo de su anuncio, se percibe un escaso optimismo en la ciudadanía, cansada de la corrupción e impunidad de sus gobernantes, de un estado fofo e ineficiente y de promesas incumplidas con anuncios similares. Más que palabras harán falta acciones concretas y rápidas si desean satisfacer las expectativas de los paraguayos, cuya paciencia se ha agotado. El pueblo ya no soporta la profunda crisis económica y espera respuestas rápidas y concretas a sus necesidades.

Las autoridades del Poder Ejecutivo dieron a conocer finalmente su proyecto denominado “Ñapu'ã Paraguay” (levantémonos Paraguay), un plan de reactivación que pretende idealmente recuperar la economía de la hecatombe provocada por la pandemia del covid-19 con base en tres pilares principales: planes de protección social e incentivos en las fronteras, inversiones en obras públicas y créditos de largo plazo para el desarrollo. Se contempla un nuevo endeudamiento de 350 millones de dólares que deben adicionarse a otros ya aprobados por casi 2.000 millones de dólares, un inédito cheque al portador otorgado por el Congreso. Pese al entusiasmo de su anuncio, se percibe un escaso optimismo en una ciudadanía cansada de la corrupción e impunidad de sus gobernantes, de un estado fofo e ineficiente y de promesas incumplidas con anuncios similares. Más que palabras harán falta acciones concretas y rápidas si desean satisfacer las expectativas de los paraguayos, cuya paciencia se ha agotado.

El Estado está siendo sometido este año a un endeudamiento jamás conocido en su historia moderna, por un valor que hipoteca el futuro de la ciudadanía toda, incluidos sus hijos y nietos. Si se suman los 1.600 millones de dólares de la primera Ley de Emergencia con otros créditos posteriores, la deuda global asumida desde que se desató la crisis en marzo pasado supera ampliamente los 2.000 millones de dólares. La excusa inicial fue que los paraguayos debían ser confinados en sus casas, con lo cual se paralizaba la economía con sus consecuencias nefastas sobre empresas, empleos, emprendedores y recaudaciones impositivas. Nos endeudaron para supuestamente financiar preparativos del sector sanitario con el objeto de afrontar la avalancha de atenciones de enfermos de covid y al mismo tiempo brindar un soporte económico a parte de los trabajadores formales e informales.

Pasaron las semanas y los meses y esta misma ciudadanía comenzó a despertar de una terrible pesadilla. Aunque en parte se mejoró la infraestructura del sistema de salud, estallaron las denuncias de corrupción en las compras públicas para el sector y, para colmo, ahora referentes del mismo Gobierno nos hablan orondamente de que el país nunca tendrá lo necesario para atender a todos los que puedan contagiarse, porque eso mismo ha ocurrido en naciones del primer mundo. De la primera ley, casi 600 millones de dólares fueron a parar a remuneraciones, jubilaciones, pensiones y ayudas sociales, incluso a honrar deudas, mientras fue escaso el direccionamiento de rubros para Salud, a tal punto que en un reciente informe se mencionó una ejecución de apenas 4% del total previsto. No importan las excusas brindadas, queda claro que la burocracia de nuevo ganó a las necesidades verdaderas.

El nuevo plan, con el grandilocuente título de “Transformación del Estado”, supuestamente canalizará 465,3 millones de dólares para protección social, incluidas las fronteras y procesos de integración; otros 1.372,3 millones de dólares a inversiones públicas en diferentes puntos del territorio nacional (se espera la generación de 124.240 empleos directos e indirectos); y otros 676 millones de dólares para créditos de desarrollo, que incluyen planes de financiación a través de la banca estatal para fondeos al sector agropecuario, empresas, mipymes, construcción de viviendas, entre otros. Aunque la cifra parezca importante, parte de estos recursos ya estaban contemplados en el Presupuesto General de la Nación y algunos de estos proyectos estaban programados en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

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No es la primera vez que el Ejecutivo anuncia con “bombos y platillos” un plan de reactivación similar. Ya lo hizo en el pasado reciente, bajo cifras rimbombantes, pero con resultados efectivos poco conocidos. El nuevo proyecto aparece ahora edulcorado con una promesa del propio presidente Mario Abdo Benítez de no destinar un solo guaraní a los gastos corrientes del presupuesto público, es decir a gastos de personal, un eufemismo teniendo en cuenta que casi nada se sabe del achicamiento del aparato gubernamental que hasta ahora se lleva parte importante de nuestros impuestos. De esto no se han rendido cuentas. Además, hasta ahora los tan anunciados procesos de reforma del Estado avanzan a pasos de tortuga y la urgencia de la que se habló al inicio de la pandemia se diluye con el paso del tiempo. La transformación de las contrataciones públicas, también prometida, aparece tan solo como una quimera. Sigue campante ese mecanismo perfecto y bien aceitado instalado desde años en el Estado para facilitar la corrupción y las prebendas.

Aunque prima facie las intenciones sean presentadas como buenas, la realidad que conocemos nos insufla pocas esperanzas de una verdadera reactivación. El propio ministro de Hacienda, Benigno López, y el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, admitieron recientemente que el Banco Nacional de Fomento (BNF) no cuenta con personal capacitado ni eficiencia institucional para atender a determinados sectores de la economía que hoy demandan créditos de manera desesperada. Fiel imagen de la pobre gestión de casi todas las instituciones del Estado, entre las que se incluye el MOPC, que tendrá a su cargo la ejecución de muchos de los planes anunciados.

El clamor de referentes de la economía y de diferentes sectores es que las ayudas de protección social, créditos a largo plazo y a bajas tasas, implementación de procesos transparentes de contratación, reformas en la gestión del Estado, son apremiantes. Los comerciantes y trabajadores de frontera, además de la ayuda monetaria directa, esperan no solo soluciones paliativas sino verdaderos planes que les ayuden a afrontar los problemas de fondo, más aún cuando se aventura un largo cierre de fronteras. El plan no solo es poco creíble, sino además insuficiente. Hace rato el Presidente de la República y su gabinete agotaron el crédito que les otorgó el pueblo, que ya no soporta la profunda crisis económica y espera respuestas rápidas y concretas a sus necesidades.

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