Inutilidad y corruptelas municipales cuestan vidas de los asuncenos

El pasado viernes, un hombre que viajaba en una camioneta falleció en un choque ocurrido por falla de los semáforos. Este no es el único percance ocurrido por el mismo motivo, pues el año pasado, en un par de accidentes similares, falleció un motociclista y otros dos resultaron con lesiones. Un funcionario municipal reconoció que hace años no se invierte en el sistema semafórico. Si se castiga con multas o cárcel a quienes exhiben una conducta culposa en el tránsito, lo lógico sería que también sea sancionada la negligencia de los encargados de mantener los semáforos en buenas condiciones. La Constitución establece que toda persona tiene derecho a ser indemnizada por daños o perjuicios de que fuere objeto por parte del Estado. También dispone que los funcionarios serán personalmente responsables por los delitos, faltas o transgresiones que cometieren en el ejercicio del cargo. Mientras a las autoridades no les duela en el bolsillo el resarcimiento por los daños que ocasionan, continuará muriendo gente por culpa de semáforos o de baches.

El pasado viernes, un hombre que viajaba en la carrocería de una camioneta falleció a raíz de los golpes que sufrió al caer en el pavimento luego de un choque con otro vehículo en Montevideo y Humaitá de nuestra capital. El conductor del vehículo explicó que el fallecido era un vecino a quien llevaba para el test de covid-19 en la Costanera, y que no lo transportaba en la cabina precisamente porque era un sospechoso de ser portador de la enfermedad. Pero estos detalles iban a pasar desapercibidos si no fuera porque el accidente fue ocasionado por falla de los semáforos instalados en ese cruce.

Este no es el único percance registrado por el mismo motivo, ya que como antecedentes se pueden recordar al menos dos choques más, el ocurrido el 16 de abril de 2019 en Tte. Fariña y Estados Unidos, que costó la vida a un motociclista, y el que se produjo el 9 de setiembre, también del año pasado, en Estados Unidos y Cerro Corá, en que resultaron heridos dos motociclistas.

El art. 39 de la Constitución dice que “Toda persona tiene derecho a ser indemnizada justa y adecuadamente por los daños o perjuicios de que fuere objeto por parte del Estado”. Por su parte, el art. 106 dispone que los funcionarios serán personalmente responsables por los delitos, las faltas o las transgresiones que cometieran en el ejercicio del cargo.

Entre las funciones que otorga la Ley Orgánica Municipal (LOM) al intendente y a los concejales figura la de construir, equipar, mantener y adornar la infraestructura pública, incluyendo las calles y las avenidas, mediante los tributos abonados por los contribuyentes. Por su parte, estos deben respetar las ordenanzas, como la que establece el Reglamento General de Tránsito, so pena de ser sancionados administrativa o penalmente. Que esta normativa califique de falta grave o gravísima la inobservancia de las señales luminosas de tránsito implica que estas deben funcionar normalmente.

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Por lo demás, si el Código Penal castiga con hasta dos años de cárcel o con multa a quien mediante una conducta culposa ponga fuera de funcionamiento instalaciones que sirvan al tránsito, es lógico pensar que también sea sancionada la negligencia de los encargados de mantener los semáforos en buenas condiciones. Uno de ellos, el director general de la Policía Municipal, Enrique Chávez, atribuyó el accidente también a “la imprudencia de los conductores, por andar a velocidad excesiva en el microcentro”. O sea que habría existido culpa concurrente entre la Municipalidad y los conductores, algo que la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial sanciona por separado cuando solo intervienen los automovilistas. Por cierto, ella dispone que en las vías reguladas por semáforos, “la velocidad máxima permitida es la señalizada por la sucesión coordinada de luces verdes sobre la misma vía”, lo que implica que todos los semáforos deben estar funcionando correctamente, y hace suponer que los conductores circulaban según las “ondas verdes” de las respectivas calles.

Pero más allá de si la culpa debe o no ser compartida entre la Municipalidad y los protagonistas del accidente, importa subrayar que la de la Municipalidad fue confesada por el funcionario antes citado, al señalar que el problema de fondo son los “años de falta de inversión en el sistema semafórico”. A confesión de parte... Suponiendo, pues, que él y sus subordinados hayan actuado correctamente, porque solo la falta de fondos les habría impedido cumplir con su deber, la responsabilidad debe trasladarse a los intendentes y a los ediles, que no incluyeron en los Presupuestos las partidas necesarias para los trabajos de mantenimiento, ya que, probablemente, a la hora de ejecutarlos priorizaron a sus clientelas u otras cuestiones, sin olvidar las frecuentes corruptelas que saltan en las administraciones municipales capitalinas. En todo caso, la Municipalidad apela al endeudamiento anual para alimentar a más de ocho mil funcionarios, en su mayoría superfluos, y no para preservar los bienes, la integridad física y la vida de los conductores y peatones.

Porfirio Bogarín (59) no habría muerto si la Municipalidad hubiera hecho lo que debe hacer. Sería lamentable que sus herederos tengan que ser indemnizados con el dinero de los contribuyentes y no con el de quienes han venido olvidándose de que es preciso que los semáforos funcionen bien durante todo el día, por la simple razón de que un desperfecto puede causar una desgracia, lo mismo que un bache o la falta de señalización. Este hecho y otros similares que puedan acaecer deben servir de lección para que los ciudadanos y las ciudadanas sean mucho más cuidadosos al votar en los comicios municipales.

La LOM obliga al intendente disponer “la buena conservación de los bienes mobiliarios (...) del patrimonio municipal”, y los semáforos lo son. Por su parte, el art. 276 adjudica al “intendente y los demás funcionarios (...) la responsabilidad penal y civil por incumplimiento de las disposiciones de esta ley en el desempeño de sus funciones”. Mientras a las autoridades no les duela en el bolsillo el resarcimiento por los delitos, las faltas o las transgresiones que cometen a menudo, los asuncenos continuarán muriendo por descordinación de los semáforos o por culpa de los baches de nunca acabar.

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