La dimisión anunciada por el hasta ayer presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Ramón Retamozo, es lo mínimo que se podía esperar de este personaje teniendo en cuenta el rosario de graves denuncias que pesaban sobre su administración.
Como ya ocurriera con anteriores titulares de importantes instituciones públicas, como Patricia Samudio en Petropar y Édgar Melgarejo en la Dinac, quienes tuvieron que alejarse de sus cargos por iniciativa propia ante la ola de denuncias sobre sus actuaciones, de nuevo se tuvo que esperar la iniciativa de esta autoridad del anillo cercano al Presidente de la República, con lo cual queda en evidencia que el “caiga quien caiga” de Mario Abdo Benítez fue solo una fanfarronería. Cabe esperar que la Fiscalía haga ahora su trabajo teniendo en cuenta que tiene en sus manos insumos suficientes para evitar que este nuevo caso se sume a la larga lista de impunidades que soporta el país.
El último 6 de marzo, el senador Pedro Santa Cruz (PDP) denunció ante el Ministerio Público a Ramón Retamozo por los delitos de lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos, hecho punible contra la prueba documental y enriquecimiento ilícito.
Esta serie de fechorías se habrían perpetrado en la ejecución de un contrato de tercerización de recaudaciones entre la ANNP y la firma SIF América, en virtud del cual la empresa cobró 6.000 millones de guaraníes, a lo que debe sumarse que una adenda previó que se quede con el 10% de lo recaudado si se registraba un aumento. La extensa denuncia también incluyó la práctica del nepotismo, la incorporación irregular de numerosos funcionarios y contratados y el gasto de 1.200 millones de guaraníes en concepto de viáticos, hecho en los tres primeros meses de la gestión iniciada el 30 de agosto de 2018.
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El senador Santa Cruz había solicitado al Ministerio Público el allanamiento de las oficinas de la ANNP, actuación que tuvo lugar recién el último 2 de julio, luego de que Retamozo haya recusado a cuatro agentes fiscales y de que el quinto, Juan Manuel Ledesma, se haya tomado algún tiempo para ir a incautar once cajas de documentos. Entretanto y en plena pandemia, el exconcejal departamental de Paraguarí, que el año pasado reemplazó durante dos meses al suspendido senador Enrique Riera (ANR), inició la construcción de un cómodo refugio en Cerro León e incluyó, con el acuerdo del Directorio, un generoso aumento salarial en el anteproyecto del presupuesto de la ANNP, quizá para acallar las críticas de los subordinados.
En estos días, el senador denunciante volvió a la carga y reveló que esa entidad entregó el amplio depósito franco que tenía en Buenos Aires a cambio de uno mucho más pequeño y que lo mismo había hecho en Rosario, sin que los legisladores hayan aprobado esas decisiones. También se supo que la remodelación del nuevo depósito franco de la capital argentina, a un costo presumiblemente sobrefacturado de 303 millones de guaraníes, estuvo a cargo de la firma Ortiz Construcciones, sin que ni siquiera se hubiera contado con una planilla de precios unitarios. Andrés Arrúa, delegado del depósito franco bonaerense, no cree que en verdad se haya gastado esa plata. La empresa citada pertenece a Andrés Ortiz, un viejo amigo de Renato, el hijo y “asesor” de Retamozo, comisionado por la Gobernación de Paraguarí, donde figuraba como “asesor de la Niñez y Adolescencia”. En tal carácter, viajó a Buenos Aires para “verificar” las obras de pintura del nuevo depósito franco, no sin antes haber festejado con su dilecto amigo la adjudicación del contrato.
Hace un par de semanas, el ahora expresidente de la ANNP dijo que buscaría cómo “desprenderse” de SIF América, porque ya se le habría “hacheado” mucho con el tema. En realidad, los “hachazos” fueron bien merecidos y es preciso que el Ministerio Público tome pronto las medidas que el caso requiere. Es de suponer que hay indicios suficientes para una imputación fiscal, que también debería alcanzar a los miembros del Directorio –Carlos González Báez, Roland Stuzzenergger, Antonio Quiñónez y Rogelio Negri– que han consentido las ilicitudes del presidente.
Como ya ocurriera con anteriores casos, nunca apareció la decisión político-administrativa del Presidente de la República de destituirlo del cargo, como lo exigen las circunstancias cuando el desempeño de una autoridad es reprochable. Édgar Melgarejo (Dinac) y Patricia Samudio (Petropar) también tuvieron que renunciar antes de que fueran imputados por motivos tan valederos como los que tenía Mario Abdo Benítez con relación al jefe de la ANNP. Aparte de la necesidad de que las entidades públicas estén dirigidas por personas honradas, idóneas y laboriosas, que estén libres de toda sospecha, el Presidente de la República también debería atender la imagen de su Gobierno, muy deteriorada al cabo de dos años.
Retamozo integra el “equipo político” del diputado Miguel Cuevas (ANR), que habría contribuido decisivamente al triunfo de Abdo Benítez en las elecciones internas de 2017, al volcar a su favor el departamento de Paraguarí. El exadministrador del puerto franco de Paranaguá (“ahí gané mucha plata”) fue recompensado con la presidencia de la Cámara Baja, en tanto que su “compañero de ideales” logró la ANNP, un premio nada desdeñable. El error de que el hoy recluido haya estado al frente de dicho órgano colegiado corresponde a sus colegas, pero el de haber nombrado a Retamozo es de responsabilidad exclusiva del jefe del Poder Ejecutivo. Él será juzgado en gran medida por lo que hagan o dejen de hacer las autoridades que haya designado.
La renuncia de Retamozo no debe detener la investigación fiscal hasta el castigo ejemplar de ser encontrado culpable. Las pruebas son abrumadoras. El caso no debe terminar en el oparei como muchos otros y Mario Abdo Benítez debe dejar de avergonzar al país con su actitud timorata y cumplir con su promesa del “caiga quien caiga”.